Mayor inversión, reactivación de plantas de energía y renegociación de acuerdos con empresas privadas son parte de la política del presidente mexicano para reducir la dependencia privada y extranjera que quedó expuesta con la crisis en Texas. Además, la ley de energía aprobada en el Congreso de México genera críticas en Estados Unidos.
“La crisis trae oportunidades” es una frase bastante controvertida que, a veces, es cierta. Este un caso. Ante la reducción de los envíos de gas por parte de Texas, México aprovechó para apostar al desarrollo nacional del sector energético.
El mes pasado, el estado sureño de Texas sufrió tres tormentas de nieve que duraron aproximadamente 10 días e hicieron caer la temperatura hasta 19 grados bajo cero. Esto generó varios cortes en la cadena de suministro de energía para evitar su caída, con lo que más de 5 millones de texanos sufrieron cortes durante la crisis. Debido a los cortes y el sistema eléctrico desregulado que aplica conceptos de oferta y demanda, algunas personas llegaron a pagar US$ 5000 por menos de una semana de suministro eléctrico, acorde al diario The Dallas Morning News.
Según la cadena estadounidense de radio y televisión CBS, los daños causados por los apagones se estiman en al menos US$ 195 mil millones, convirtiéndose en el mayor desastre natural en la historia de Texas. La tormenta también azotó al norte de México, tensando las redes eléctricas y provocando apagones que afectaron a más de 4.5 millones de hogares en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, todos estados fronterizos al “Estado de la Estrella Solitaria”.
Además del efecto causado por la tormenta y las bajas temperaturas, el mayor problema fue la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de ordenar a los productores locales de gas natural que primero vendan su producción a la red estatal. Según el diario texano El Paso Times, Abbott emitió una declaración afirmando que: “por la presente ordeno que todo el gas natural de origen esté disponible para la venta a las oportunidades locales de generación de energía antes de salir del estado de Texas, a partir del 21 de febrero de 2021”.
Esta situación acentuó la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de aumentar el uso de carbón y petróleo local para producir energía. Además, ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que abra centrales termoeléctricas que estaban listas para ser destruidas.
AMLO afirmó el mes pasado en conferencia de prensa que era necesario aumentar la producción nacional. “Hay que buscar siempre la autosuficiencia, producir en México lo que consumimos, los alimentos, los energéticos; en efecto, lo de ayer, lo del apagón, ¿por qué se produce? Porque estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas, y con el mal tiempo, con las nevadas, se afectaron los gasoductos, y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes, de US$ 3 por unidad a US$ 200, 5000% el incremento en el gas”, sentenció. A lo que le agregó: “¿y que nosotros no tenemos gas en México?
La importancia de la Ley de Energía Eléctrica
Desde su asunción como mandatario en el año 2018, AMLO ha comenzado una reforma para que la producción de energía, como así su traslado, tenga mayor incidencia nacional y, además, reducir los costos y la dependencia de los sectores privados locales y extranjeros. Ejemplo de eso fue la renegociación con el magnate mexicano Carlos Slim de un acuerdo sobre gasoductos, en el año 2019, cuando se logró que el gobierno pagara una tarifa más cara, pero fija a largo plazo, en vez del acuerdo anterior que estipulaba tarifas más bajas al inicio, y que aumentarían anualmente. De esta forma, el gobierno mexicano anunció que pudo ahorrarse más de US$ 4500 millones.
A su vez, este pago era parte de contratos firmados durante el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, donde se estipulaba que el Estado debía comprometerse a pagar si las empresas tenían problemas a la hora de construir los gasoductos.
Entre las empresas que se pudo renegociar están la canadiense Transcanada o TC Energía, la filial estadounidense en México IEnova y Carso Energy, que posee Slim.
Pero la resolución más importante, hasta ahora, ha sido la aprobación en ambas cámaras del Congreso de México de la ley de Energía Eléctrica, la cual vuelve a impulsar el rol del Estado nacional como generador de energía y deja de lado los subsidios para el sector privado. De esta manera, se antepone la producción estatal a las llamadas “subastas” de energía que varias empresas presentaban sus precios. Esta ley también obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a poder revisar y terminar los permisos otorgados a empresas si no respetan la legalidad y rentabilidad para el gobierno de México. Luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados, el pasado 23 de febrero, AMLO afirmó: “México no es tierra a ser conquistada. Vayan a robar a otro lado”.
El avance de esta ley está parcialmente detenido debido a que un juez en México ordenó la suspensión de esta reforma. El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro argumentó en defensa de su decisión que “esta legislación puede violar disposiciones constitucionales que garantizan el derecho a la libre competencia”. Por su parte, AMLO pidió una investigación sobre esta decisión y el juez jefe de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que esa acción será considerada por un consejo judicial especializado. El presidente mexicano ha dicho que hay intereses detrás de la detención de esta ley. “Hay personas, organizaciones y empresas relacionadas con el antiguo régimen que actúan en base a sus conocidos intereses económicos y políticos, que utilizan la corrupción y el tráfico de influencias como modus operandi”.
Mientras tanto, a nivel regional también existen voces que se oponen a la ley, por ejemplo, la Cámara de Comercio estadounidense emitió un comunicado de prensa en el que alerta que esta ley “puede crear un monopolio y violar los compromisos, los T-MEC”. En el comunicado hecho por el vicepresidente senior de la Cámara de Comercio, Neil Harrington, califica a esta ley como “profundamente preocupante”. “Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México en virtud del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (USMCA)”, agregó. Esta declaración prosigue con la siguiente afirmación: “esta medida es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el gobierno de México, que han socavado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país, en el preciso momento en que se necesita más que nunca una mayor inversión extranjera directa en México”. Para finalizar, Harrington llama a retirar el proyecto y “comprometerse con el sector privado en soluciones tangibles para fortalecer la industria energética”.
Otros que se sumaron a la crítica de esta iniciativa nacional fueron el Consejo Mundial de Energía Eólica (CMEE) y el Consejo Global Solar (CGS), quienes también, mediante una declaración conjunta, evocan “la amenaza inequívoca” que es este proyecto para “la inversión del sector privado local y extranjero en el antes sólido mercado de energía renovable de México y socavan el principio de equidad en el mercado”. “Luego agregan que de esta manera se relega a un segundo plano el suministro de energía renovable y se revierte la histórica liberalización del mercado energético en 2015”.
El CMEE es una organización que representa a más de 1500 empresas, organizaciones e instituciones de todo el sector eólico. Mientras que el Consejo Global Solar es una organización sin fines de lucro que representa a corporaciones del sector solar.
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