México se enfrenta al dilema de rescatar a su industria petrolera de un deterioro constante sufrido en los últimos 30 años o reorientar esos recursos para paliar los efectos de la desaceleración económica que se observaba previa a la crisis sanitaria desatada por el Covid-19 y el derrumbe de los precios internacionales del petróleo.
Después de 82 años de la decisión histórica del presidente Lázaro Cárdenas del Río de nacionalizar la industria petrolera (1938), el actual gobierno mexicano pretende revivir a Petróleos Mexicanos (Pemex) con inyecciones de capital, construcción de nueva infraestructura, desendeudamiento y una reducción paulatina de su confiscatoria carga fiscal.
Golpeada por la depreciación de las monedas de las economías emergentes y la caída del precio del petróleo, Pemex perdió en el primer trimestre de este año, un monto sin precedente de 23.913 millones de dólares.
De este total, 19.949 millones de dólares se atribuyen a la depreciación del peso mexicano frente al dólar.
La petrolera más endeudada del mundo
Lo anterior también impactó al monto de la deuda de la compañía estatal, que registró un aumento de 24.2% para arrojar un total de 104.800 millones de dólares, convirtiéndose en la petrolera más endeudada del mundo. Aproximadamente el 89% de la deuda esta contratada en monedas distintas al peso mexicano, principalmente en dólares. En el primer trimestre de este año el peso mexicano se devaluó 25% frente al dólar.
A la par que la evaluación crediticia de México se degrado en este año, la firma calificadora internacional de valores Standard & Poor’s colocó el 26 de marzo en categoría de “perspectiva negativa” la deuda de Pemex.
Posteriormente, la compañía Fitch Ratings disminuyó la solvencia de la deuda de Pemex a la posición de “estable”. Por su parte, la firma evaluadora de valores Moody’s redujo el 17 de abril a perspectiva negativa la deuda de la petrolera.
Una reducción en la calificación de la deuda de cualquier país o empresa significa pasar a un grado de riesgo mayor, lo que se traduce en la necesidad de otorgar mayor “premio” a los inversores que compren deuda de la entidad. Es decir, deberá pagar más por el financiamiento externo y así la deuda se vuelve más cara.
La importancia de Pemex en la economía mexicana radica en que es el principal contribuyente fiscal del país. Tan sólo en los últimos 30 años (de 1990 al primer trimestre de 2020), la petrolera ha aportado al país el equivalente a 1 billón 267.545 millones de dólares.
Otro problema estructural es el robo de combustibles que sufre la petrolera estatal a través de la perforación de ductos, que en 2018 representó una pérdida de 1.538 millones de dólares.
En el primer año de gestión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se emprendió un combate al “huachicol” o robo de combustibles, con lo que en 2019 se logró reducir el hurto de hidrocarburos al equivalente de unos 150,8 millones de dólares.
En las últimas tres décadas, al igual que otras compañías petroleras latinoamericanas como Petrobras de Brasil, PDVSA de Venezuela e YPF de Argentina, Pemex fue presionada para abrir su industria a la participación de particulares, en especial a inversores extranjeros.
En México, en diciembre de 2013, durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012- 2018), se aprobó una polémica reforma en materia energética que cambiaba la política del país hasta ese momento, permitiendo la participación privada.
El anhelo de por lo menos cuatro expresidentes mexicanos (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón) se materializó con la apertura del sector petrolero, electricidad y otras fuentes de energía, al capital privado.
En el caso del petróleo se abrió a privados toda la cadena: exploración, explotación, refinación, almacenaje y comercialización, actividades hasta ese entonces reservadas al monopolio del Estado.
Como resultado de la “Reforma Energética” aprobada en 2013, actualmente hay 112 contratos que fueron adjudicados en las diversas rondas de subastas de grandes áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como asociaciones estratégicas. Los productores privados aportan alrededor de 20.000 barriles diarios de petróleo.
El mayor contribuyente del fisco
Como principal contribuyente, Pemex ha estado sujeto a un pesado régimen fiscal que la obliga a pagar tasas de impuestos del 105% de sus flujos de ingresos totales, en contraste con la proporción promedio de impuestos y derechos que pagan las empresas petroleras internacionales de alrededor de 36.2%.
Este desproporcionado modelo ocasionó constantes “pérdidas contables” a la petrolera mientras el Estado mexicano ha capturado vía impuestos, la renta petrolera.
Esta estrategia obligó a Pemex a endeudarse para soportar la pesada carga fiscal, decisión a todas luces irracional e ineficiente, porque la deuda de la compañía es más cara que la deuda que contrata el gobierno federal.
Si en la última década Pemex no hubiera tenido un régimen fiscal confiscatorio, sus estados financieros reflejarían resultados positivos.
Viraje contra la política privatizadora
Desde su inicio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) fijó como uno de sus objetivos el rescate de Pemex y por consiguiente de la soberanía.
Suspendió las rondas de subastas para explotar crudo y gas y detuvo las asociaciones de Pemex con empresas privadas.
Inició, después de más de 30 años que no se edificaba, la construcción de una nueva planta de refinación de petróleo en Dos Bocas, en el sureño estado de Tabasco, frente a las aguas territoriales del Golfo de México.
El costo estimado es de unos 10.000 millones de dólares, cantidad que los críticos del gobierno dicen que debería de ser canalizada a la atención de la emergencia sanitaria del Covid-19.
La actual administración ha puesto énfasis en aumentar la capacidad de procesamiento de petróleo crudo, debido a que siete de cada diez barriles de gasolinas que se consumen en México se importan de las refinerías del sur de Texas, Estados Unidos.
Actualmente, el Sistema Nacional de Refinación la integran seis refinerías, que por la falta de mantenimiento llegaron a trabajar al 30% de su capacidad total.
Para fortalecer a Pemex, el gobierno mexicano tomó la decisión histórica de reducir la excesiva carga tributaria de la empresa estatal.
A finales de 2019, a solicitud del ejecutivo federal, el Congreso aprobó la iniciativa de ley para modificar la tasa impositiva. Con esta iniciativa, la tasa de impuestos y derechos que pagará la petrolera bajó del 65 al 54% para 2020.
Pemex, la decimosegunda empresa productora de crudo a nivel mundial, posee una gran capacidad de generación de flujo de efectivo.
En los últimos cinco años (2015-2019), ha obtenido tan sólo por las ventas de crudo en el exterior poco más de 103.000 millones de dólares.
En el primer trimestre de 2020, Pemex continúa generando valor, aportando al gobierno federal unos 7.559 millones de dólares a través de contribuciones fiscales para el soporte del gasto público de México.
Además, tiene uno de los costos de producción más competitivos en la industria con 14,5 dólares por barril en promedio, aunque llega a tener campos con costos de 5 dólares por barril de 159 litros.
En la actual administración, Pemex logró detener la caída en la extracción de crudo. En 2004 Pemex producía un volumen de 3,4 millones de barriles de crudo y al cierre de 2019 fue de 1,7 millones de barriles diarios.
Los detractores del nuevo gobierno consideran que la única forma de aliviar y salvar a Pemex es permitir una mayor participación del capital privado, e incluso proponen su inscripción en Bolsa de Valores para pulverizar y dispersar entre inversores nacionales y extranjeros el capital de la petrolera, que durante muchos años fue la palanca del desarrollo de México. El desafío es mayúsculo. El tiempo dirá qué estrategia fue exitosa.
