Biden reanuda la asistencia a Israel con un paquete armamentístico de 1250 millones de dólares
Menos de una semana después de que la Casa Blanca pausara el envío de 3.500 bombas para Tel Aviv, la administración de Joe Biden ha notificado al Congreso de que enviará un paquete valorado en 1250 millones de dólares en armas para Israel, según una entrevista exclusiva de The Wall Street Journal. La asistencia incluye 700 millones de dólares en munición para tanques, 500 millones en vehículos tácticos y 60 millones en cartuchos de mortero, según los funcionarios citados por el medio estadounidense.
El ejecutivo quiere rebajar la tensión generada con el gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu desde que Biden conoció el plan de atacar la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, con una campaña de bombardeos a gran escala. La línea roja sigue puesta en la anunciada invasión, que considera que no se está produciendo, a pesar de que valora que hay suficientes Fuerzas de Defensa de Israel instaladas en la frontera como para llevarla a cabo.
El Departamento de Estado reconoció el viernes en un informe encargado por Biden que es “razonable valorar” que Israel ha violado el derecho internacional humanitario en siete meses de ofensiva militar en Gaza. Sin embargo, consideró que no tienen pruebas suficientes de que hayan usado armas estadounidenses para ello, así que decidió no bloquear el envío armamentístico al Estado hebreo. A pesar de que el informe fue crítico con Israel, que “no ha compartido información completa para verificar” violaciones de derechos humanos con sus armas, la decisión de no restringir futuros envíos supuso el comienzo de la distensión con Netanyahu.
Israel, el país que más ayuda exterior estadounidense ha recibido desde la Segunda Guerra Mundial, recibe cada año 3800 millones de dólares, a los que se sumará la asistencia adicional de 26.000 millones aprobada el mes pasado en el Congreso. El sector progresista del Partido Demócrata, que pidió a Biden la realización del informe, pide que se condicione la asistencia militar al respeto del derecho internacional, tal como manda la ley estadounidense desde la Guerra Fría. Concretamente, prohíbe el envío de armas a terceros países que “incurran en un patrón consistente de graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.
“Seguiremos enviando ayuda militar”, dijo el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, en una rueda de prensa el lunes. “Hemos puesto en pausa un envío de bombas de 2000 libras (907 kilos) porque no creemos que deban lanzarse en ciudades densamente pobladas”. Israel comenzó bombardeando el norte de Gaza, previo aviso a sus habitantes para que evacuaran la zona hacia el sur, y la semana pasada envió otro aviso de evacuación de Rafah, donde se encuentran aproximadamente un millón de personas, 600.000 de ellos niños, según Unicef.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, condenó el domingo la nueva operación en Rafah y el desplazamiento forzoso ordenado “para una población de por sí traumatizada”. La nueva operación habría dejado ya 278.000 desplazados, entre ellos “heridos, discapacitados y enfermos crónicos”. Turk considera que estas acciones son “irreconciliables” con el derecho internacional.
La Vanguardia, 14-5-24.
EE. UU. lanza una gran ofensiva arancelaria contra China: coche eléctrico, baterías, chips, minerales…
EE. UU. inicia una potente ofensiva comercial contra China. Biden ha anunciado este martes una ronda de aranceles contra el gigante asiático para proteger a diferentes sectores de su país de las “prácticas desleales” de la competencia china. Así lo ha anunciado la propia Casa Blanca en un comunicado. Estas nuevas tarifas se aplicarán a diversas importaciones, desde semiconductores, baterías, células solares y minerales críticos, pero los nuevos cargos golpearán especialmente al coche eléctrico.
Las nuevas tasas de aranceles a los automóviles eléctricos de fabricación china pasarán de tener una tarifa del 25% al 100%. En su conjunto, todo el paquete de aranceles tendrá un valor total de unos 18.000 millones de dólares (16.667 millones de euros). Respecto a la industria automotriz, la administración Biden asegura que quiere proteger su industria ante la llegada masiva de modelos baratos por parte de su rival y, de la mano de unos fuertes subsidios federales, garantizar que sus empresas puedan emprender de forma ordenada una correcta transición hacia el vehículo eléctrico.
Estos nuevos gravámenes no se darán todos al mismo tiempo y, de hecho, serán escalonados, entrando en vigor entre 2024 y 2026. Los más agresivos serán los coches eléctricos con aranceles cuadruplicados. Sin embargo, la tasa sobre los semiconductores se duplicará en 2025, pasando del 25% al 50%. El motivo que argumenta la administración Biden es que se trata de una pieza central el futuro de la industria global, por lo que hay que impulsar la producción estadounidense.
Respecto a los minerales críticos se impondrá un nuevo arancel del 25%. Habrá otro igual para el grafito y los imanes, pero no se aplicará hasta 2026. Por su parte los gravámenes sobre baterías de iones de litio, un componente clave para los coches eléctricos, aumentarán este mismo año del 7,5% al 25%. El resto de baterías que no se utilizan para esta industria tendrán el mismo movimiento en 2026. Por su parte, los aranceles a las células solares, claves para la industria fotovoltaica, pasarán este 2024 al 50% desde el 25% actual.
Estas medias representan la mayor ofensiva arancelaria de EE. UU. desde que el expresidente y actual candidato republicano, Donald Trump, emprendiese su “guerra comercial”, que arrancó en 2018 con los primeros aranceles al acero. Tras un acuerdo de “fase uno” que parecía el inicio de la distensión, los nuevos pasos nunca se han concretado y las medidas impuestas por Trump siguen vigentes. Sin contar con las nuevas medidas, estas suponían cerca de 300.000 millones de dólares. Por lo tanto, esta nueva ronda de tarifas supone redoblar ese conflicto soterrado entre las dos potencias mundiales.
De hecho, estas medidas se anuncian ahora, precisamente, por una revisión obligatoria que tocaba a su fin de los aranceles de anterior Ejecutivo. Durante el último año y medio Biden había prolongado esta revisión y muchos analistas creían que su idea era desplazarlas a 2025, una vez hubieran pasado las elecciones de EE. UU. Ambos candidatos coinciden en la necesidad de intensificar las restricciones al comercio con China, pero Trump propone un arancel fijo del 60%, frente a un Biden que prefiere elevar los gravámenes en sectores estratégicos.
Volviendo a las medidas actuales, Lael Brainard, asesora económica de la Casa Blanca, explicaba que esta medida “garantizará los puestos de trabajo impulsados por el gobierno, impidiendo que se vean socavados por una avalancha de exportaciones artificialmente baratas”. En el escrito Brainard sentencia que China está “inundando los mercados globales recurriendo a prácticas desleales”.
Ahora queda por ver la respuesta de China, una posibilidad que llevan tiempo calibrando desde la Casa Blanca, ante el temor de resucitar una guerra comercial al estilo de la vivida por Trump. “Esperamos que no haya una respuesta significativa”, explicaba la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. “Tanto el presidente Biden como yo hemos visto de primera mano el impacto de las importaciones china artificialmente baratas en el pasado y no lo toleraremos nuevamente”.
Desde China hablaron de la posibilidad horas antes del anuncio. La portavoz de gobierno, Wang Wenbin explicaba que su país responderá “tomando todas las medidas necesarias para proteger sus legítimos intereses”. En rueda de prensa ante la pregunta de qué implican estas medidas, la portavoz ha defendido que desde Washington están “pisoteando los principios de la economía de mercado y transgrediendo las normas del comercio internacional”. De este modo Wenbin concluye que EE. UU. estaría ejerciendo “un acto de matonismo intimidatorio descarado”.
El Economista, 14-5-24.
Banco Santander sufre un hackeo en España, Chile y Uruguay y acceden a información de clientes y empleados
Banco Santander ha sufrido un hackeo’en España, Chile y Uruguay este pasado fin de semana, aunque señala que no ha afectado a información de operaciones ni credenciales de acceso de sus clientes. Así lo ha hecho público en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que ha informado del incidente de ciberseguridad.
“Grupo Santander ha tenido recientemente conocimiento de un acceso no autorizado a una base de datos de la entidad alojada en un proveedor. El banco implementó de inmediato medidas para gestionar el incidente, como el bloqueo del acceso a la base de datos y un refuerzo de la prevención contra el fraude para proteger a los clientes”, ha señalado el grupo bancario.
ras esa investigación que la entidad ha llevado a cabo, el Santander confirma que la afectación es sobre la información de clientes de los tres citados países. También afecta a todos los empleados del grupo salvo la filial en Alemania –y abarca incluso a exempleados de la firma–, que serían alrededor de unos 200.000; pero fuentes del banco recalcan que no afecta a la operativa ni a las contraseñas de sus clientes. “En el resto de los mercados y negocios de la entidad no hay datos de clientes afectados”, añade.
El banco trata de tranquilizar a sus millones de clientes en estos mercados y asegura que en la base de datos que se ha sufrido el hackeo “no hay información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por internet que permitan operar con el banco. Las operaciones y los sistemas de Santander no están afectados y los clientes pueden seguir operando con seguridad”.
Así las cosas, el banco está obligado, por una parte, a notificar el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), como ha ocurrido en otros hackeos recientes como el que se produjo en Air Europa. Por otra parte, debe dar cuenta del asunto también al Banco Central Europeo (BCE); precisamente el supervisor de la zona euro tiene en marcha este año unos test de estrés de ciberseguridad, ya que este tema se ha convertido en una de sus prioridades de supervisión. Al BCE, como entidad supervisora, el banco debe dar cuenta en las dos horas siguientes a percatarse del ciberataque, algo que ya ha producido.
ABC, 14-5-24.
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