La forestación es una de las principales actividades económicas del país. Pese a ello, el “advenimiento” del Uruguay forestal, de acuerdo con el economista y académico de número de la Academia Nacional de Economía, Fernando González Guyer, esconde detrás una lógica rentista que trae consigo un menor crecimiento en el largo plazo, donde “el capital natural tiende a desplazar al capital humano como factor esencial del desarrollo”.
La primera presidencia de Julio María Sanguinetti impulsó el desarrollo del rubro forestal. Con “el cambio en paz” como prioridad fundamental tras la apertura democrática, en el mismo período, el entonces presidente logró sentar las bases de lo que sería la reforma en la matriz productiva del país hacia el futuro.
Así nació la Ley Forestal, aprobada en 1987, que tuvo fuertes detractores a nivel político, pero también de sectores ecologistas. Ese marco legal hizo que Uruguay comenzara a producir mucha más cantidad de madera y que inversores extranjeros llegaran al territorio uruguayo.
De esa manera, en tres décadas, el país pasó de exportar 15 millones de dólares a 1.660 millones de dólares en 2018, año en el que la celulosa fue el principal producto de exportación.
La “sobrevida rentista” que el país “sacó de la galera” a través de la forestación
En 2017, al conmemorarse los 50 años del libro El Uruguay como problema, de Alberto Methol Ferré, en el Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir), el economista Fernando González Guyer se refirió al “advenimiento” del Uruguay forestal.
Aseguró que en pocos años los productos de la madera superarían ampliamente el resto de las producciones agropecuarias, convirtiéndose, de ese modo, en el principal rubro exportable y el primer sector de la economía del país, y reemplazando a la economía ganadera, “que fue desde nuestros orígenes el centro absoluto del funcionamiento histórico del país”. Así sucedió.
Ese mismo año se habilitó la instalación de la segunda planta de UPM. Con los contratos firmados por el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez y ratificados por el actual mandatario Luis Lacalle Pou, se espera que la misma esté operativa en el segundo semestre de 2022.
En la presentación en Cefir, tres años atrás, González Guyer habló acerca de los más de 1.000 millones de dólares que debía poner Uruguay en la infraestructura necesaria para abaratarles el costo del transporte de sus productos –a los finlandeses- desde esa nueva planta de UPM, hasta el puerto de Montevideo.
“Digamos, de paso, que el acelerado deterioro de nuestra infraestructura vial es el talón de Aquiles que afecta la competitividad de todos nuestros productores agropecuarios, cuyas mercancías se encarecen enormemente debido a los altísimos costos de transporte”, se lamentó.
Dijo también que en comparación con “el viejo Uruguay, el de la renta diferencial agraria, el Uruguay fisiocrático que daba inequívocos signos de agotamiento hacia fines de los años 60”, el desarrollo forestal, que será aún más profundizado por la tercera planta de celulosa en el país, “se trata de una auténtica bendición del cielo”.
Sin embargo, criticó que la “sobrevida rentista” que el país logró “sacar de la galera” a través de la forestación, le permitirá “por un tiempo eludir aquella necesidad imperiosa de trascenderse y de transmutarse en un país genuinamente productivo, basado en su trabajo social auténtico, capaz de generar empleos de calidad y productos con valor agregado, integrado a un vasto mercado regional de más de 200 millones de habitantes”.
En la misma línea, sostuvo que no existe sustituto para el desarrollo, más que “producir de manera más eficaz”, es decir, “emplear el trabajo, el capital y la tierra con mayor eficiencia”.
En su libro publicado en 2009, Uruguay. El país de los fisiócratas. Auge y decadencia del “Uruguay feliz”, el especialista ya había explicado la degradación y la desigualdad social que trae consigo la lógica rentista.
“El término ‘maldición de los recursos naturales’ (derivado de los estudios de Jeffrey Sachs y Andrew Warner) se utilizó para describir cómo, en contra de toda intuición, los países que poseían recursos naturales abundantísimos tuvieron un crecimiento económico bastante más mediocre que los países con recursos naturales escasos, volviéndose asimismo proclives a toda una serie de vicios y deformaciones estructurales que terminan a la larga pagándose muy caras”, detalló en la publicación.
Es así que “una mayor especialización en el sector primario y de los recursos naturales -como es típicamente, entre nosotros, el caso de la forestación- trae aparejado un menor crecimiento y un menor desarrollo en el largo plazo”.
En ese sentido, González Guyer comentó en el mencionado evento que “en los países intensivos en recursos naturales, el capital natural tiende a desplazar al capital humano como factor esencial del desarrollo”.
De hecho, enfatizó que la forestación ocupa el último lugar en la tabla del empleo en todo el país, con cuatro trabajadores por cada 1.000 hectáreas. A su vez, expresó que el personal zafral contratado anualmente en el sector oscila entre 5.000 y 7.000 trabajadores, pero la cifra es variable y difícil de determinar debido al alto nivel de desregulación e informalidad que caracteriza al rubro, donde, al mismo tiempo, se trabaja en condiciones sumamente precarias.
En resumen, el economista afirmó que “apostar a un ‘Uruguay solo’ y al margen de sus vecinos, es la tentación que claramente le ha asaltado a todo el sistema político de un tiempo a esta parte.”
Añadió que “el Uruguay forestal es intrínsecamente solitario, preferentemente ligado a mercados ricos y lejanos, y es, además, expulsor de gente”. Esto es así, según explicó, porque “para que este Uruguay rentista funcione no precisamos gente”, pues “los árboles no nos necesitan; más bien que los uruguayos les resultamos molestos”.
Entonces, a diferencia del “gran mérito del viejo Batlle, que fue la democratización de la renta agraria, las exenciones impositivas, la propiedad extranjera de una significativa proporción de las tierras dedicadas a la silvicultura”, entre otros factores, “restringen drásticamente las posibilidades de retención de esta renta diferencial forestal por parte del Estado uruguayo”.
La forestación ocupa el último lugar en la tabla del empleo en todo el país, con cuatro trabajadores por cada 1.000 hectáreas.
Limitar la forestación en resguardo del ambiente y de los alimentos
La postura de Cabildo Abierto con respecto a la forestación, también va en esa línea. “Estamos totalmente en contra del modelo de país celulósico, del país transformado en un gigantesco bosque en manos de cuatro o cinco multinacionales, con un par de miles de empleados y la gente corrida de los campos”, dijo el senador Guido Manini Ríos entrevistado por En Perspectiva en mayo.
Fue por ello que, en ese mismo mes, el diputado cabildante Rafael Menéndez, presentó un proyecto de ley con el objetivo de limitar esta actividad y así evitar que se instalen nuevas plantas de celulosa en el futuro.
La iniciativa establece que las áreas forestadas deberán tener un índice Coneat menor a 76 y estar a 300 metros de los cursos de agua; obliga a los productores a rotar los cultivos y otorga a la Dirección General Forestal (DGF) y a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) la potestad de aprobar los proyectos forestales, que tendrán que tomar en cuenta “la voluntad de los habitantes de la zona afectada”.
Consultado por La Mañana acerca del alcance de esta propuesta, Menéndez destacó el propósito que persigue de “proteger al medio ambiente”, así como “asegurar la producción de alimentos” y la “permanencia” de las familias en la zona rural.
“Todos sabemos cuáles son los beneficios que se les han dado” a las empresas forestales, lo cual “va a provocar un aumento de la actividad forestal que obviamente puede pagar mejores precios, y por lo tanto va a desplazar a otros tipos de producciones como la agrícola, la ganadera y la lechería”, advirtió.
No obstante, el proyecto de ley fue cuestionado por las autoridades de la DGF el mes pasado, cuando asistieron a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados.
En esa instancia explicaron que la iniciativa “no reúne en su conjunto una norma que brinde una solución regulatoria” a la producción forestal y “se contrapone con la normativa” actual, “pionera en el ordenamiento territorial productivo y en la conservación de ecosistemas naturales de bosques”, que, por otra parte, ha obtenido “resultados altamente satisfactorios y positivos”.
El director de la División Gestión de Bosques, Juan Pablo Nebel, señaló que la legislación uruguaya en esta materia ha sido un ejemplo a nivel mundial y que los artículos planteados por Menéndez “rompen” ese esquema normativo.
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