El economista del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) fue entrevistado por La Mañana y analizó la coyuntura económica actual, marcada por el alza sostenida de los precios y la inflación. Según su visión, la continuación de la política monetaria llevada adelante por el Banco Central del Uruguay (BCU) generará efectos muy negativos en este contexto. Por otra parte, el experto se refirió a la posibilidad de establecer un sistema de control de precios.
En Uruguay se está dando una suba sostenida de precios, en parte, debido a los shocks de precios internacionales. A esto se le suma que la inflación sigue por fuera del rango meta. ¿Qué evaluación hace al respecto?
Luego de la sorpresa del repunte de la inflación a mediados del año pasado, hoy existe consenso de que estamos enfrentando una tendencia ascendente, causada principalmente por precios internacionales. Nuestro supuesto es que tendremos un empuje adicional en precios internacionales en los próximos meses –incluyendo los efectos de la guerra de Ucrania, que recién comienzan a observarse– para luego estabilizarse y, eventualmente, retroceder, al menos en algunos productos como el petróleo.
No existe consenso a nivel de analistas sobre otras causas de la inflación. Colegas y el BCU en particular argumentan sobre presiones de demanda en la economía uruguaya. En nuestra opinión no estamos en esa situación. El indicador por excelencia es la brecha de producto. En las estimaciones del gobierno el PIB (Producto Interno Bruto) se ubicaba en 2021 casi 5% por debajo de su capacidad de producción máxima. Además, si consideramos que existen varios factores transitorios –UPM, otros en el mercado de trabajo– se impone cautela al diagnosticar presiones sostenidas de demanda.
¿Cuáles son las perspectivas que maneja?
Consideramos que la inflación continuará al alza por varios meses, acercándose al 10% anual, para luego descender sobre finales de año. La inflación seguirá fuera del rango meta durante 2022, lo que también es probable para 2023.
En diciembre del año pasado, usted dijo a La Mañana que discrepaba con el BCU sobre el instrumento utilizado para controlar la inflación. La semana pasada, una vez más, la entidad de contralor subió la tasa de interés. ¿Qué opinión le merece? ¿Tiene sentido continuar con esta política?
Creo que se cometió un error en el aumento reforzado de la semana pasada, y al anunciar otros incrementos para los meses siguientes. Los efectos no son neutros: además del impulso contractivo sobre el PIB y el empleo, esta política tendrá como consecuencia presiones a la baja en el dólar, a una nueva apreciación del peso uruguayo, lo que ya se está observando, con consecuencias muy negativas sobre amplios sectores de la economía.
¿Por ejemplo?
Probablemente no afecte tanto a los “malla oro”, los sectores exportadores de commodities que están observando muy buenos precios internacionales. El problema lo tienen los “malla plata”, o los “malla bronce” –aunque no vale como símil ciclístico–. Esto es, empresarios que exportan con mayor valor agregado de salarios y otros factores internos, o que enfrentan la competencia, legal o no tanto, de productos de Argentina y Brasil.
Se ha mencionado como un ejemplo exitoso la experiencia de Estados Unidos con Paul Volcker a fines de los 80. El problema que enfrenta la economía uruguaya, y que no estaba presente en Estados Unidos en esa época, es su elevada indexación. Choques externos, incluso transitorios, impulsan al alza el IPC (Índice de Precios del Consumo) y luego ello es internalizado en los precios de los bienes no transables. La indexación no solamente opera en salarios, lo hace también en alquileres y otros servicios. Múltiples tasas y servicios del Estado se cobran en Unidades Indexadas o Unidades Reajustables, lo que constituye una indexación perfecta.
¿Qué opina del argumento de quienes son partidarios de esta política monetaria?
El argumento de los defensores de esta política monetaria contractiva es que, incluso con indexación, contribuye a disciplinar a los agentes. La pregunta que debemos hacernos es qué espacio existe para aplicar una política de este tipo hoy en Uruguay, en especial considerando que una parte de la inflación (transables) continuará evolucionando independientemente. ¿Existe la voluntad política, no solo a nivel de las autoridades del BCU, sino también en el Poder Ejecutivo, para una política contractiva de la envergadura necesaria para lograr el objetivo de disciplinar a los agentes? Hoy en día podemos concordar en que la política fiscal no está jugando a favor de la inflación. Pero no podemos descontar en los dos años próximos presiones de demanda por un mayor gasto público, dada la fortaleza que ha mostrado el ciclo de gasto electoral en el pasado. Pero es más importante, todavía, la coordinación con las políticas de ingresos.
¿Cómo evalúa el rol del BCU en este contexto?
El BCU está enfrentando una difícil situación. Tomando en cuenta que su principal objetivo es la estabilidad de precios, si no aplica medidas ante niveles tan altos de inflación, será considerado “prescindente” y no cumplirá con su misión. Si continúa aplicando la principal –por no decir la única– medida que tiene en su arsenal, es decir, los aumentos de la tasa de interés, corre también un riesgo alto de fracasar: recortar o retrasar la recuperación de la actividad económica sin conseguir una reducción significativa de la inflación. Todavía es incipiente, pero crece la probabilidad de enfrentar un escenario extremo de estanflación, o sea, estancamiento o recesión con inflación por fuera del rango meta.
Este dilema que enfrenta el BCU no es de fácil solución. Y más allá de su indiscutible autonomía, la lucha contra la inflación en esta coyuntura no es una tarea para encarar en solitario. ¿Por qué no hay expresiones de apoyo a las medidas del BCU desde el resto del equipo económico, desde el arco político del gobierno?
El gobierno ha tomado diversas medidas con la intención de contener el actual repunte de los precios. Entre ellas, mantuvo los combustibles por debajo del Precio de Paridad de Importación y estableció una quita de IVA en algunos productos específicos. ¿Cree que van en el camino correcto?
Sí, la rebaja del IVA va en el camino correcto, aunque resulta en efectos pequeños y tardíos. El repunte en la inflación se observa desde mediados del año pasado, con la carne y otros productos en la primera línea. Incidir sobre los precios de ciertos cortes vacunos se podría haber intentado varios meses atrás.
Son efectos pequeños porque en este tema de la reducción del IVA estamos hablando de 5% de la canasta, así que el impacto sobre la inflación sería, como máximo, de medio punto porcentual. Y digo como máximo porque estoy suponiendo que los agentes de los distintos puntos de la cadena –productores, mayoristas, minoristas– trasladarán enteramente la reducción del impuesto al precio final, cosa que no está asegurada. En lo personal, soy escéptico sobre la eficacia de acuerdos empresariales más o menos laxos, aun considerando un horizonte corto.
¿Es viable llevar adelante una política de control de precios en este escenario?
Una política de control de precios podría considerarse si la inflación fuera mucho más alta, como una pieza más de un plan general antiinflacionario, y de duración corta. Cuando Pacheco Areco realizó la congelación de precios y salarios en 1968, la inflación anual se situaba en 180%. Tuvo éxito transitoriamente, pero se prolongó en el tiempo y comenzaron las contradicciones con otras políticas, especialmente de gasto público.
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