En conversación con La Mañana, el contador Marcos Soto profundizó en el problema de la pobreza infantil que atraviesa Uruguay y destacó que su abordaje es urgente, además de que la política pública en la materia debería ser más integral y no estar solo enfocada en transferencias monetarias. En esa línea, planteó una reestructuración del sistema tributario y un uso más eficiente de los recursos para mitigar la reproducción de la pobreza.
¿Cómo describiría la situación actual de la pobreza infantil en Uruguay y cuáles son las mayores preocupaciones con respecto a ese tema?
Es el gran problema que tiene Uruguay hoy y hace falta un plan específico de abordaje, para lo cual habría que tener claros dos ejes de actuación: ejes directos y una dimensión más indirecta. Cuando hablamos de ejes directos, debería haber una política pública específica que atienda directamente la problemática. Puede ser a través de transferencias o incluso un abordaje más integral, pero de atención directa. Después tenemos la dimensión más indirecta, que sería entender cómo la política económica –y también asistida por otras políticas públicas– está al servicio de no reproducir la situación. Porque la asistencia o las transferencias directas pueden ayudar mucho a incrementar los ingresos de los hogares donde hay niños bajo la línea de pobreza y ahí estamos atendiendo una dimensión de la pobreza, que es el ingreso, pero la pobreza es multidimensional. Entonces, si buscamos que únicamente ese hogar supere la línea de pobreza y con eso mejorar la estadística, no estaríamos abordando la problemática de forma integral, que es entender a la pobreza como un fenómeno mucho más profundo que el ingreso del hogar. Si no, estaríamos pensando que las personas son pobres o no en función de si se pasan o no de determinado monto de ingreso del hogar, y habría como una puerta giratoria aceitada de gente que está entrando y saliendo de la pobreza. Y eso es irreal. Si bien desde el punto de vista estadístico puede ser una forma de medición y de ir gestionando la dimensión de la pobreza, hay que entender que eso no sucede. Es decir, quizás un hogar que ha superado el umbral de ingresos mantiene determinadas características por las que sigue siendo pobre y va a reproducir la problemática de la pobreza.
Si los programas como las transferencias directas no atacan el problema en sus múltiples dimensiones, ¿hacia dónde se debería apuntar en una política que sí lo haga?
Tenemos que ir pensando en cómo construir, más allá de las políticas focalizadas, un sistema donde tengamos mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Y ahí empiezan a aparecer un montón de vertientes de trabajo que habría que ir contemplando. Una de ellas es la política tributaria. La recaudación en Uruguay todavía está basada en el IVA, que es un impuesto regresivo, a diferencia del mundo desarrollado, de los países europeos, de los países nórdicos, incluso Estados Unidos, donde la imposición está basada en las rentas e impuestos directos que logran identificar la capacidad contributiva del contribuyente. En Uruguay el 60% de la recaudación, más o menos, la otorga el IVA. Entonces, cuando nos referimos a que tenemos que rediseñar la política económica y las políticas públicas de modo de no seguir regenerando pobreza, hablamos, en primer lugar, de la política tributaria, de lo que muy poco se habla, porque parece que decir “impuestos” en campaña es mala palabra. Después, por supuesto, está la dimensión de cómo se utilizan los recursos públicos atendiendo esta problemática y escapándole a las trampas del sistema democrático.
¿Cuáles son esas trampas específicamente?
Llamamos trampas del sistema democrático a las fallas que tiene el Estado a la hora de asignar recursos, que son básicamente dos. Una es el efecto lobby, es decir, los grupos de presión ejerciendo presión sobre los gobernantes, sobre los decisores. Por ejemplo, la reciente aprobación de la ley para modificar contratos de préstamo del Banco Hipotecario que pasan de UR a UI y con un costo mayor a US$ 400 millones. La segunda falla que tiene el Estado en regímenes democráticos es que los gobernantes, los decisores y quienes ostentan cargos públicos tienen una noble búsqueda de ser reelectos, y eso implica a veces tomar decisiones que van en contra del bien común y se focalizan en grupos específicos, o no se adoptan medidas que son impopulares para la inmensa mayoría porque nadie asume los costos políticos de hacerlo. La pobreza infantil entra en esa franja que sufre las dos fallas del Estado porque los niños no tienen lobby, no tienen capacidad de presionar a los decisores, y no votan, por lo tanto, no generan el inductor que mueve a quienes están buscando una reelección o ganar una elección. El problema estructural de la pobreza infantil, en parte, es consecuencia de las fallas naturales del Estado a la hora de asignar recursos en los regímenes de convivencia que tenemos.
¿Cómo se debería superar esto?
Salvo que existan consensos generales, salvo que exista una política de Estado que termine por aceptar que esto hay que solucionarlo, a la hora de asignar recursos, en la selectividad presupuestal y la problemática de la frazada corta, que es cada vez más corta por los niveles de déficit y deuda que estamos teniendo, siempre va a haber alguien que tironee de esa frazada para otro lado. Esas lógicas de selectividad presupuestal son difíciles de quebrar.
Parece haber cierto compromiso en la clase política de que, sea cual sea el próximo presidente, uno de los focos estará puesto en la pobreza infantil. ¿Es una señal positiva que se hable de este tema en campaña?
No es solo positivo, sino que es necesario. Lo que sucede es que las brechas de expectativas versus realidad, también hay que irlas calibrando. Uno tiende a ser moderado con el abordaje de estas problemáticas, pero por supuesto que es saludable que se hable y que se instalen estos temas en plena campaña, es necesario y es un gran primer paso. Es decir, que en Uruguay hoy haya consenso a nivel político de que la pobreza infantil es un problema que tiene que atender el Estado, es un gran paso hacia la búsqueda de soluciones consensuadas. Después, hay que hacerlo. Y ahí está la realidad: un proyecto de ley que buscaba atender y asegurar determinados fondos para la problemática, ¿cuánto tiempo tardó en el trámite parlamentario? Si hubiera habido un consenso real, si hubiera habido un consenso más allá de las cámaras y de la prensa, el trámite parlamentario habría sido mucho más rápido. Y son temas que no tienen por qué esperar a que haya una elección para ser abordados; si el consenso existe, perfectamente pueden abordarse antes. Ahí es cuando uno empieza a ver que quizás esto que hablábamos recién de la selectividad a la hora de asignar recursos públicos, no es tan sencillo.
¿Es factible pensar en erradicar la pobreza infantil en Uruguay en los próximos años?
Si alguien cree que no es posible, debería dedicarse a otra cosa. Es posible. Ahora, ¿cuán probable es que suceda? Hoy vemos una probabilidad baja porque las dimensiones de la pobreza exceden o trascienden lo que son los ingresos. Elevar el ingreso de los hogares más pobres o vulnerables puede ser sencillo, transferimos fondos y se acaba el problema. Ahora, ¿eso atiende la multidimensión de la pobreza? No. Entonces, si no logramos mejorar los niveles de educación y las tasas de ingreso de la educación media, si no logramos aportar a un desarrollo más integral, con un acompañamiento alimentario, es muy difícil que escapemos a esa trampa de la pobreza.
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