La Asociación Mundial de Cumplimiento (WCA, por su sigla en inglés) llegó a Uruguay de la mano del exdirector de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Daniel Espinosa. El experto dialogó con La Mañana acerca de los problemas que tiene el país para detectar casos de lavado de activos y advirtió que el sistema político no ve la conexión entre el crimen organizado y el lavado, por lo que no asigna recursos suficientes para su combate. “No tenemos la percepción del riesgo que deberíamos”, alertó.
¿Qué es la WCA y cómo surgió la iniciativa de traerla a Uruguay?
Es una organización internacional sin fines de lucro que tiene su sede en España y que trabaja en cumplimiento en general, lo que incluye prevención de lavado de activos, anticorrupción, soborno, y también abarca otros temas como sostenibilidad y delitos. La organización trata de crecer horizontalmente, de que en los distintos países en los que se va instalando se abra un capítulo con profesionales locales que aporten a la red, pero que le den vida al capítulo local.
Con un grupo con Ricardo Gil, Leonardo Costa y otros profesionales veníamos hablando de que era importante que en el sector privado hubiera algún tipo de iniciativa que permitiera empezar a hablar sobre esto, porque entendemos que hay temas que no están en el debate público o no se les da la importancia que consideramos que deberían tener, entonces, capaz que una asociación profesional podría impulsar determinados temas que a nuestro criterio no se están impulsando.
La WCA está en 19 países de habla hispana y portuguesa, nos da un respaldo, nos da acceso a información, posibilidades de participar en eventos, en intercambios, y sobre todo en temas en los que Uruguay no ha avanzado mucho como la responsabilidad corporativa, la parte de los sistemas de prevención de soborno en el sector privado. Nosotros tenemos la corrupción asociada al sector público, está el delito definido, pero la otra parte no la tenemos completa, y eso en los países centrales o los que están vinculados a la OCDE se ha trabajado muchísimo. Es muy importante tener el apoyo de una red internacional que ya trabaja con estos temas.
El pasado miércoles 21, en la sede central del Banco República, se hizo una presentación de la organización donde disertaron diversos especialistas de todos estos temas que menciona. ¿Cuáles fueron los objetivos del evento?
Quisimos hacer una muestra de los temas en los que puede trabajar la asociación y mostrar que el “Capítulo Uruguay” puede generar debates entre autoridades del sector público y profesionales del sector privado sobre asuntos de interés. Allí abordamos el tema del cumplimiento, qué es lo que Uruguay debería hacer en la materia, lo que se está haciendo en el exterior, sobre todo en el sector privado, que Uruguay no está acompañando. Queremos discutir si la amenaza que representa el lavado del crimen organizado la estamos teniendo en la real dimensión que tiene o no, yo creo que no, que no tenemos la percepción del riesgo que deberíamos tener.
¿A qué atribuye eso?
Hay dos posiciones: hay mucha gente que lo ve separado, es decir, una cosa es el crimen organizado y otra el lavado, y hay gente que incluso ve que con el lavado pueden venir inversiones, que resulta hasta positivo para el país, entonces, no hay un convencimiento de que sea tan grave. Falta entender que lo que le da fuerza al crimen organizado es el lavado de dinero; si nosotros no les sacamos el dinero, nunca vamos a lograr debilitar a esas grandes organizaciones. Otro tema es la dimensión de la corrupción del Uruguay y lo que puede pasar si la política es permeada por el crimen organizado, hay un convencimiento de que el país está lejos de esos peligros, contrariando lo que pasa en todo el mundo. Yo no sé si es mala voluntad o ignorancia del verdadero riesgo que tenemos.
¿Cómo se encuentra Uruguay en materia de lavado en relación con la región?
Tenemos una buena normativa. Uruguay en los últimos 20 años ha cambiado su perfil de plaza financiera y fue fortaleciendo determinadas medidas. Ha habido algún cambio por la LUC, que fue bastante discutido, pero el problema es que no estamos teniendo resultados, no estamos detectando casos de lavado y eso se debe a un problema de funcionamiento del sistema. Se acaba de crear la Fiscalía de Lavado para tratar de conseguir efectividad, es importante sentarnos a discutir con el fiscal a ver cómo ve el problema y qué habría que hacer para mejorar esa situación.
Los cambios en la LUC que nombraba han sido criticados por algunos expertos en la materia.
En mi opinión, lo que se hizo con la LUC en cuanto a levantar el umbral del pago en efectivo y la modificación en la debida diligencia del sector no financiero, que permite a los escribanos o agentes inmobiliarios hacer menos controles cuando el dinero viene a través de un banco, fue negativo para la efectividad del sistema. Es bueno empezar a poner sobre la mesa problemas como ese.
Por otro lado, hay un plan multidisciplinario de 15 medidas para combatir el crimen organizado y no está el tema del lavado. Yo no creo que sea por mala intención que lo están dejando afuera, pero no están viendo la conexión entre el crimen organizado y la falta de medidas de lavado, es una pelea ardua. El otro tema grande es el financiamiento de los partidos políticos, nadie está demasiado convencido de que los partidos pueden ser permeados por la corrupción, por eso las leyes de financiamiento han avanzado a medias y no se cumplen y no hay autoridades que puedan controlarlas.
¿Qué indica la poca cantidad de procesamientos por lavado?
Que no se está atendiendo adecuadamente el tema, porque si vos tenés delitos de narcotráfico, de estafa, precedentes de lavado, juzgás gente por el delito base, pero toda esa gente seguramente lavó dinero, entonces, es como que te quedás con una parte del delito y no vas a la otra, no vas a sacarle los bienes. El decomiso de bienes como parte de la condena es quizás más fuerte que meter preso a un narco, pero no estamos tratando las dos partes del problema.
¿Cuáles son las debilidades de la Senaclaft a nivel estructural y de recursos?
Eso viene de cuando yo estuve en la Senaclaft, que lamentablemente nunca ha tenido un cuerpo estable de funcionarios, siempre se ha trabajado en comisión, y además en cantidades insuficientes, entonces, son 14.000 sujetos obligados que tiene que controlar y tiene 25 funcionarios, es poca la estructura. Ahí hay un campo para discutir y para ponerse de acuerdo, porque los organismos de control no están teniendo los recursos como para hacer un trabajo medianamente adecuado, te sumo a la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Pública) también.
¿Los debes a nivel del sistema político en esta materia pasan por un tema de recursos, de normativa? ¿Qué es lo primero que se debería hacer?
En lavado, básicamente, recursos, y en corrupción, temas normativos, porque todo lo que es el financiamiento de los partidos políticos, la corrupción privada, no está legislado adecuadamente. Tenemos una falta de normativa que nos actualice al estándar internacional, además de los recursos que le faltan a la Jutep como para hacer medianamente bien las tareas actuales.
Y con esto de la falta de recursos volvemos a lo anterior de la falta de percepción del riesgo.
Exactamente, es como un círculo vicioso, entonces, si uno no asigna recursos es porque no lo ve urgente o decisivo para el país.
A través de Twitter, Leonardo Costa advirtió que en los próximos cinco años habrá una nueva evaluación de Gafilat y dijo que, si no se hacen cambios institucionales, desde ya “vamos mal”. ¿Qué importancia cree que tienen esos cambios y por dónde tendrían que ir?
Eso es lo que todos estamos viendo. La última evaluación que nos hizo Gafilat fue en diciembre de 2019, cuando yo me fui de la Senaclaft, nos dijeron que estábamos bien normativamente, pero que faltaba efectividad. Estas normas tienen que originar resultados, porque si no, no sirven. Desde esa fecha hasta ahora no hemos mejorado, y si seguimos así, con estos números y con estos recursos, nos va a ir muy mal en la evaluación futura y eso puede derivar en una sanción internacional. Estamos a tiempo de tomar medidas, pero llevamos tres años desde la última evaluación y no hemos mejorado nada.
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