El dinamismo del sector agroindustrial es básico para cualquier estrategia de crecimiento económico con posibilidad de éxito. Debemos diseñar procedimientos que contemplen caso por caso la situación de aquellas empresas que enfrenten dificultades en la actual coyuntura.
En el contexto de los esfuerzos por limitar el impacto negativo de la actual pandemia en la economía nacional, no debe perderse de vista el daño que causaría el cierre de grandes empresas agroindustriales. Además de las caídas en la producción, recaudación fiscal y comercio exterior, se debe tomar en consideración la conmoción del desempleo generalizado en sus áreas de influencia, así como la repercusión en el sistema bancario.
Las agroindustrias procesan la materia prima producida en el país y representan la mayor parte de la industria manufacturera nacional. Contribuyen directamente con cerca del 10% del PBI y movilizan una cifra similar en servicios asociados a sus cadenas de aprovisionamiento y distribución. Su participación en las exportaciones es alta y su impacto en el empleo es determinante para los ingresos de los hogares, especialmente en zonas del interior del país.
Los riesgos del sector han ido en aumento en años recientes debido a la pérdida de competitividad en mercados externos resultante de los altos costos internos y la apreciación de la moneda local. Si bien ha habido una perceptible depreciación en los últimos doce meses (23%, frente a una inflación del 11%), la disrupción económica ocasionada por la pandemia ha asestado un nuevo golpe a la rentabilidad de las empresas del sector, en muchos casos llevándolas a situaciones de extrema dificultad financiera.
El factor tiempo
En tales casos, la celeridad en encarar los problemas y resolver los pasos a seguir es de crucial importancia. La experiencia demuestra que el pasaje del tiempo juega en contra, provocando que problemas de iliquidez se conviertan en situaciones de insolvencia irremediable.
Obviamente existen procedimientos judiciales para resolver situaciones de esta naturaleza, pero el problema es que ni sus tiempos se acompasan a la urgencia de las decisiones, ni sus procedimientos se especializan en diagnosticar la viabilidad de una empresa en problemas. El pasado también enseña que el valor de una empresa en funcionamiento excede largamente su valor de desguace, con activos desvalorizados por la falta de uso y mantenimiento.
Enfoque caso por caso
Por ello es esencial que tanto gobierno como acreedores tengan un mecanismo apropiado para compartir información y tomar decisiones en cuanto a cómo proceder en estos casos, aun en etapa previa a las instancias judiciales. El tema es decidir si – con los apoyos adecuados durante un plazo razonable– la empresa es recuperable, y en tal caso ¿cómo se distribuirían tanto los costos de dicho apoyo como los posibles beneficios?
El pasaje del tiempo juega en contra, provocando que problemas de iliquidez se conviertan en situaciones de insolvencia irremediable
En el pasado se ha echado mano a las refinanciaciones generales (restructuración obligatoria de créditos) como forma de aliviar el endeudamiento. Pero ello solo logra pasar el problema a la banca, que a su vez ha debido ser rescatada por el estado en múltiples ocasiones. Ya que el estado no tiene otra fuente de recursos más que lo que aportan los contribuyentes, no parece justo pedirle a la ciudadanía bajo las circunstancias actuales que asuma el peso adicional de mantener empresas y bancos “zombies”.
Un procedimiento para decidir
Cuando los recursos son limitados se debe practicar una especie de “triage financiero” entre casos que son rápidamente solucionables, aquellos que merecen intervención urgente por considerarse que hay aceptable probabilidad de recuperación y otros donde la situación parece irremediable. ¿Quién decide?
Como acreedor principal y colateralizado en la mayoría de los casos, el BROU sería la institución indicada para llevar adelante una iniciativa, ofreciendo una plataforma para que acreedores, accionistas y demás partes interesadas intenten acordar una ingeniería financiera que permita a la empresa seguir operando bajo condiciones de viabilidad condicionada.
Esto sería una primera etapa. En caso de llegar a un acuerdo, éste se concretaría en un proyecto de recuperación comprometido por los participantes. La implementación de estos proyectos configuraría la segunda etapa, cuya ejecución y supervisión competería a una agencia con independencia del BROU para liberarlo de funciones ajenas a su mandato y evitar potenciales conflictos de intereses.
Un mecanismo para financiar
La pregunta obvia es ¿de dónde vendrá el dinero para mantener operativa a la empresa?. A los acreedores se les puede pedir restructuración de pasivos pero difícilmente aportarán fondos frescos. Los proveedores podrán acordar esperas, pero en adelante exigirán pago al contado. Los empleados deberán cobrar a fin de mes y el BPS también. Los proyectos requieren financiamiento.
Para ello sería necesaria la creación por parte del BROU de un fideicomiso que buscara nutrirse – además de un aporte inicial propio – de contribuciones de organismos internacionales, regionales, bilaterales o locales dispuestas a apoyar al país en esta compleja etapa.
Dicho fideicomiso sería el vehículo legal para llevar en cartera y gestionar las empresas intervenidas, diseñar y administrar los proyectos de recuperación, recibir y desembolsar los fondos comprometidos y – eventualmente – resolver el destino de la empresa. Los contribuyentes al fideicomiso tendrían representación en un comité de conducción presidido por el BROU.
Es esencial que tanto gobierno como acreedores tengan un mecanismo apropiado para compartir información y tomar decisiones en cuanto a cómo proceder
Gestión tercerizada
La administración del fideicomiso se tercerizaría a una persona jurídica de derecho público no estatal, para facilitar la toma de decisiones ejecutivas a la vez que librar al BROU de la contratación de personal especializado. Dicha unidad administradora actuará en estrecha consulta con el comité de conducción del fideicomiso, ante quien rendirá cuentas e informes para asegurar la transparencia de gestión.
Mediante esta iniciativa se pretende atender los casos de empresas agroindustriales que hayan entrado en situaciones financieras comprometidas, para determinar si existe ánimo entre la masa acreedora para buscar soluciones que hagan viable su recuperación. En todo momento se buscaría coordinar con las actuaciones judiciales que se hubieran iniciado, con especial atención al riesgo legal.
La propuesta tiene las ventajas de optar por un enfoque caso por caso, evitando las medidas de “talle único” que terminan por postergar su resolución a cambio de cargas crecientes para la sociedad. A su vez la propuesta busca acelerar la toma de decisiones para evitar la erosión del valor de los activos reales e intangibles de una empresa en plena producción.
(*) Doctorado en Economía por la Universidad de Stanford. Ex Director Ejecutivo del Banco Mundial.
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