Más de cien trabajadores y las empresas Molino San José, Molino Santa Fe, Río Uruguay SA, Cooperativa de Trabajadores Molino Santa Rosa, Cooperativa de Trabajadores Molino Florida, Molino Carmelo, Molino Dolores, Molino Cañuelas y Cousa firmaron un recurso de amparo ante la justicia contra la decisión del gobierno de rebajar los aranceles a las importaciones de harinas y aceites desde Argentina. Ayer hubo paro en la cadena y cerca de cuatrocientos trabajadores de todo el país acompañaron la primera instancia judicial en defensa del trabajo nacional.
Más de cien trabajadores de la industria molinera y nueve empresas del sector antepusieron un recurso de amparo ante la justicia a los decretos que rebajan los aranceles a la importación de harinas y aceites desde Argentina. Este martes las partes fueron convocadas a la sede de la calle San José donde hubo una instancia de conciliación. El juez Gabriel Hagopian convocó nuevamente a las partes para mañana jueves 28 de julio, donde declararán dos testigos por el Poder Ejecutivo, representando al Ministerio de Ganadería y Economía respectivamente y Carlos Reyes de Cooperativa Molino Santa Rosa como testigo de los trabajadores. La doctora Ximena Muñiz representante legal de los trabajadores señalo que “se admitió todo el proceso de la prueba” y aguardan con optimismo esta próxima instancia.
Desde muy temprano, ómnibus salían desde varias partes del país con trabajadores de la industria molinera y aceitera con la única consigna de defender sus puestos de trabajo y que las pequeñas y medianas empresas en las cuales trabajan permanezcan en actividad. Dos decretos presidenciales que rebajan los aranceles a las importaciones de harinas y aceites son una amenaza latente en un mundo y una región convulsionada. La Mañana intenta charlar con Dante Tortosa, uno de los representantes de los trabajadores, pero el ensordecedor tamborileo se lo impidió. Cosa que es natural, casi como un grito de guerra cuando cada uno debe defender la fuente laboral que le da de comer a la familia que tiene detrás. Como decía Tortosa a la salida de la audiencia judicial cuando ya todo estaba con más calma (debemos destacar la amabilidad con la cual nos atendieron a cada una de las llamadas), probablemente con la masa trabajadora de camino a sus casas, algunos de ellos habían llegado desde Salto, la idea es defender la industria nacional.
De todas partes vienen, sangre y coraje…
Más de cuatrocientos trabajadores provenientes de diferentes partes del país acompañaron a la delegación que participó en la audiencia judicial sobre el mediodía de este martes. Dante Tortosa, funcionario y representante de los trabajadores del Molino Río Uruguay SA dijo a La Mañana sentirse conmovido “uno que está hace tantos años en esto ver trabajadores del Molino Carmelo, de las Cooperativas Florida, de Santa Rosa, molinos que sabemos que están atravesando situaciones muy difíciles y lo que han hecho para poder seguir trabajando” que hayan hecho tantos kilómetros para estar presentes en esta instancia. Luego de concentrarse en la explanada municipal se dirigieron hasta la calle San José donde se celebró la primera instancia judicial.
Para Tortosa esta baja arancelaria sumado a los subsidios que en Argentina gozan el trigo y las harinas beneficiará a los importadores a costa de “la mano de obra nacional”. Sostuvo que este beneficio a los importadores no se verá reflejado en el precio del producto final y sostuvo “que debe ser una política de buen gobierno atender a los trabajadores y las fuentes de trabajo”.
Decisión que impacta sobre el trabajo
“Nosotros siempre cuestionamos los impactos que podían tener sobre el trabajo y como podía afectar la industria nacional” dijo Carlos Reyes integrante de la Cooperativa Molino Santa Rosa. Estás medidas llegan “en un momento muy particular y de mucha incertidumbre en el mundo” sobre todo “con todo lo que tiene que ver con grandes variaciones de precios de los energéticos, en las materias primas” y máxime cuando “en la economía Argentina existen unas devaluaciones que son impresionantes”.
Para Reyes la devaluación argentina es una situación muy similar a la que la industria vivió en los años 2000 dónde “nosotros terminamos en 2002 con serios problemas”.
Increíble y picaresco
La Oficina de Programas y Políticas Agropecuarias (Opypa) del Ministerio de Ganadería es el organismo que desarrolló la fundamentación en defensa del decreto presidencial. “Increíblemente el informe está fechado 20 días después del anuncio del decreto” dijo Reyes.
El recurso de amparo presenta dos escenarios diferentes. El de Opypa muestra que “la distorsión de la producción en Argentina por los subsidios es un 9% (lo que debería ser el arancel)” mientras que el estudio realizado por el Ingeniero Washington Durán es del 19%”. De acuerdo a este último estudio “no es que no se debería haber bajado la tasa del 12% al 6% en el caso de las harinas de trigo sino que habría que subirla del 12% al 19% en la situación actual” agregó Reyes.
Informe oficial desconoce los costos reales
Para los trabajadores otras de las limitaciones que presenta el estudio oficial es que “no toma en cuenta los costos reales de Argentina porque los desconocen” y “no toma en cuenta las diferencias en el tipo de cambio” oficial y alternativo.
Reyes indicó que el informe oficial se basa en datos de un mes “que tiene muchas distorsiones regionales y mundiales”. Indicó además que “cada vez que se decide cambiar este tipo de estructuras de reglamentaciones” se debería tomar los datos históricos sobre las estructuras de costos de las empresas, las relaciones comerciales, los precios promedio, equiparación de importación “pero no basado en un mes cómo lo hizo Opypa” en esta oportunidad.
Favorece los monopolios
La estructura de costos que uso Opypa para su argumentación responde a empresas de punta y no la del promedio de la industria nacional porque de esa manera estas favoreciendo el monopolio del sector. Para Reyes la estructura de costos que se debería haber utilizado debe responder al promedio de la industria nacional. Agregó que en esta oportunidad “se basa en la estructura de costos de una empresa de punta” que tiene otra eficiencia. “Si nosotros lo llevamos a la estructura nuestra ese 9% pasa a más de un 22%” y se acerca mucho a lo que dice el estudio Durán.
Argumentó que se hizo en un mes “muy especial” dónde las grandes empresas acordaron con el gobierno “no trasladar el precio de los granos a la harina”. “Nosotros que somos más chicos y no tenemos tanta competitividad por la escala nos daba un desfasaje del 20% y esa es la descapitalización que tuvimos”. Agregó que “si es un mes no pasa nada pero si es mucho tiempo te fundís”. Reyes indicó que no se trata de trasladarle al consumidor final las ineficiencias que tiene el sector “sino cuidarse de las asimetrías que no son de libre competencia”.
La rebaja de aranceles a las harinas y el aceite abre la puerta a productos subsidiados
Según surge del escrito presentado por los trabajadores, el régimen arancelario anterior tenía su explicación en la necesidad de proteger a la industria uruguaya ante las retenciones y subvenciones aplicadas por la Argentina a la venta de granos como trigo, la soja y el girasol. Las medidas del país vecino actúan en los hechos como un subsidio a su industria molinera y aceitera, que puede adquirir granos a un precio sensiblemente inferior al transado en los mercados internacionales. Como en Uruguay la exportación de granos es libre, el efecto concreto de los dos decretos es dejar a la industria nacional en manifiesta desventaja, ya que a diferencia de sus competidores de la otra orilla, debe pagar por lo granos su precio internacional.
La propia Opypa admite en un informe dirigido al Ministerio de Ganadería que en la coyuntura actual, los molinos de trigo encuentran dificultades para conseguir materia prima. En efecto, las existencias de trigo se redujeron sustancialmente como consecuencia del alza en el precio internacional, cayendo a los niveles mínimos históricos de los últimos años. Esto evidencia que la presión al alza de precios tiene su origen en el costo del trigo, y no de la presión de costos de la industria transformadora. En situaciones como la actual, los productores de trigo han optado por exportar más que otros años, dejando en desventaja a la industria local, que arriesga con ver una reducción en sus niveles de utilización de capacidad instalada, y un consecuente aumento en los costos promedio en la producción de harinas.
Finalmente, Opypa admite que si bien la baja en los aranceles podría incentivar mayores volúmenes y menores precios, ello dependerá de la competencia que se produzca entre empresas importadoras. En pocas palabras, la industria local ha quedado a merced de la voluntad de unas pocas empresas con capacidad de importar harina desde Argentina y voluntad de sacrificar márgenes por un tiempo mientras se van fundiendo los molinos más pequeños. Nada dice Opypa que la industria aceitera local compite sin ningún grado de protección con los productos brasileños, y lo hace sin problemas, demostrando que nuestra industria local es competitiva respecto al mayor exportador de soja del mundo. Forzar a una industria a competir con un vecino que subsidia su exportación no parecería ser la mejor forma de bajar la inflación.
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