El vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) cuestionó el proyecto de ley que debate el Parlamento y advirtió que, aunque se tengan buenas intenciones, se va por un camino incorrecto que afectará a todo el país.
El Parlamento está debatiendo un proyecto de ley que se ha denominado “Conservación y preservación del campo natural”, que por su título parece positivo para un recurso natural cuyo aporte y potencial para la producción nacional nadie duda. Sin embargo, cuando se profundiza en su contenido resulta “preocupante”, advirtió el vicepresidente de ACA, Ing. Agr. Guillermo O’Brien, quien es productor arrocero de la zona de Tomás Gomensoro, en el departamento de Artigas, vinculado al sector desde hace 30 años.
La preocupación se genera porque “es un proyecto que crea organismos que pasarían a tener potestades para decidir sobre la propiedad privada donde hay campo natural, qué es lo que sí y qué es lo que no se puede hacer, o cómo se debe manejar el campo natural”.
Legislaciones como las que se propone “afectan el valor de la tierra”, aseguró el productor, y explicó: “Si yo compro un campo y en el marco de las leyes existentes puedo operar y diversificar la producción, eso tiene un valor”, pero si, por el contrario, leyes como la que ahora se debate “determinan qué es lo que puedo hacer y lo que no en cuanto a sistema de producción, naturalmente esa tierra adquiere otro valor que va a ser a la baja”.
Consultado sobre cómo afectaría eso al arrocero, dijo que es un sector en el que “el 75% es arrendatario, o sea que una clara mayoría de los productores no es propietaria”, especificó, “y aclaro esto porque se puede creer que el proyecto afecta a ACA porque los productores son dueños de tierras, y eso no es así”, por lo que no hay un interés en el cuestionamiento al proyecto.
Si tomamos un eje de 160.000 hectáreas dedicadas al arroz, “eso representa el 1% de la superficie productiva del país, que a su vez son el 7% u 8% de las exportaciones de Uruguay”, lo que hace que se trate “de un sector minoritario, pero con determinado destaque en la producción agropecuaria nacional”. Partiendo de ahí, “entendemos que se limitan las potestades del uso de la propiedad privada y los desarrollos productivos que se puedan implementar en el futuro sobre ese campo natural”.
Uruguay ya tiene un marco normativo
El productor agregó que, si miramos “la foto de todo el país, sobre 16 millones de hectáreas existen unos 10 millones que son de campo natural, que se mantiene con ese porcentaje tan alto porque el mismo productor ganadero considera que lo mejor que puede hacer es tenerlo así y conservar el campo natural”.
Asimismo, “en Uruguay, 1,5 millón de hectáreas están dedicadas a la agricultura, son cultivos de secano, soja, trigo maíz, arroz, 1 millón de hectáreas corresponde a la forestación, y si uno mira la evolución de los últimos 160 años se ve un claro crecimiento de desarrollo de actividades agropecuarias que se posicionaron y crecieron sobre campos naturales y permitieron un mayor negocio sobre el bien tierra”, explicó O’Brien.
El desarrollo de toda esa producción se logró “en un marco normativo que Uruguay tiene y que es muy bueno. Tenemos leyes sobre qué es lo que se puede hacer para determinados tipos de suelos o topografías; existe el Plan de Uso de Suelo, que es el que gobierna al mundo de la agricultura y su aparición fue bienvenida porque hizo claras las condiciones sobre las cuales moverse y tomar decisiones”.
“El mundo forestal tiene también sus normativas, y si bien es cierto que siempre están las objeciones sobre las excepcionalidades, estas están contempladas para ser analizadas son los técnicos que evalúan si amerita o no su autorización”, agregó el arrocero.
En ese panorama, la agricultura tiene su origen en el campo natural y el desarrollo alcanzado “permite a Uruguay ser un país que está en los US$ 20.000 millones en exportaciones, y si miramos 30 años para atrás, ¡vaya que estábamos sustancialmente más abajo!”.
Por lo tanto y considerando todos esos factores, “no es bueno generar un proyecto de ley por el cual se crea un organismo que diga qué es lo que se puede hacer y qué no”, subrayó, y si “ya existen esos organismos que regulan, lo que se debería hace es discutir cómo mejorarlos en los aspectos que se crea conveniente para que funcionen mejor, no crear organismos que a su vez crean otros departamentos dentro del Estado, que van a implicar costos”.
El proyecto crea “departamentos dentro del Ministerio de Ganadería” y plantea que “se proveerá de recursos humanos y económicos, que incluirían nuevos cargos, vehículos, etcétera, y todo eso en un país que es caro y permanentemente reclama al Estado por eso. No creemos que esa sea la forma en que se debe conservar el campo natural”, dijo O’Brien.
En un contexto país que “solo tiene un crecimiento del 1% por año y con dificultades para controlar el déficit fiscal, claramente somos una gremial que ponemos el grito en el cielo cuando se proponen cosas que incrementan costos y prohíben desarrollos”, subrayó.
Si en 16 millones de hectáreas, 10 son de campo natural, “lo que debemos preguntarnos es por qué siguen siendo de campo natural y en todo caso pensar los mecanismos de producción que ayuden a mantenerlo como bien de la biodiversidad y sustentabilidad”.
El ganadero uruguayo es el que mejor conserva el campo natural
O’Brien cuestionó también el efecto que puede tener el proyecto de ley sobre la ganadería: “Esos nuevos organismos, al tener la potestad de regular el manejo del campo natural, podrán indicar a un productor ganadero que tiene que bajar la carga a la mitad por determinado tiempo, la consecuencia es que va a dejar de producir, y va a disminuir su ingreso”, algo que el proyecto asume con conciencia porque “contempla la creación de fondos para contrarrestar esa baja de ingresos”.
“El mundo, sobre todo Europa, tiene hoy un grado de sensibilidad a lo natural mucho mayor que hace 20 años y cada día crecen conceptos como los de la sostenibilidad, la sustentabilidad, la biodiversidad. Todo eso existe en el campo natural”. Partiendo de esa sensibilidad global, “los países desarrollados empiezan a exigir a los otros que seamos el banco de conservación de todo lo que ellos ya no tienen. Uruguay, que vive de la exportación y sobre todo de la agroexportación, debe tener cuidado sobre cómo ingresamos en esa tendencia y qué costos puede tener”, costos que comienza pagando un sector particular, pero dada la importancia de la agropecuaria, terminará pagándolos todo el país.
En Uruguay el campo natural no está el peligro: “El productor ganadero uruguayo es el que mejor lo conserva y después de 2000 años o más de su surgimiento el campo natural sigue estando en áreas muy importantes. ¿Por qué hoy sigue estando?, porque hay un modelo que sabe que es conveniente y al que le sirve tenerlo”, razonó.
Lo que se perdió de campo natural fue lo que no permitió progresar
“Los que impulsan el proyecto de ley y que tienen la buena intención de cuidar lo que sabemos que es bueno, deberían interiorizarse más con el sector productivo para encontrar la forma de ayudar sin crear leyes, porque si de 16 millones tenemos 10 millones de hectáreas, es claro que lo que desapareció de campo natural fue lo que le permitió a Uruguay tener un progreso en su economía y para toda la sociedad”.
Por lo tanto, “falta interiorizarse y es importante hacerlo cuando se propone algo, para ver a quién se está afectando, cómo eso impacta en el país y de dónde saldrían los recursos que se precisan para hacerlo viable”.
Si el proyecto de ley se aprueba, “tendrá implicancias inmediatas en el valor de la tierra y en la producción”, aseguró.
Por el contrario, “¿qué sucedería si el proyecto no se aprueba?, ¿significa que cada uno puede hacer lo que quiere? No, porque Uruguay tiene muy buenas normativas sobre cómo se maneja la agropecuaria en general, y si alguien considera que se debe mejorar, que es posible que haya que hacerlo, trabajemos sobre lo que hay. Lo otro generará al país más perjuicios que beneficios”.
La posición de ACA
Por último, O’Brien sintetizó: “El 1% de la superficie arrocera no ocupa nada del campo natural, pero como gremial de un país agrícola, y que además convive con la ganadería y con productores de arroz que sí trabajan en el campo natural, es que ACA asume posición apoyando la postura de la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural”.
La gremial “ha tenido contactos y conversaciones con todos los sectores políticos y con los referentes más cercanos a este tema, también participó de la conferencia organizada en la Facultad de Agronomía” donde hubo un intercambio sobre el proyecto, y “estos días expresaremos nuestra opinión en el Parlamento a través de la Comisión de Ganadería”, informó.
Larzábal: no se quiere quitar derechos a nadie
El proyecto de ley es firmado por legisladores del Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Nacional. Uno de ellos es el diputado Nelson Larzábal (FA), quien a comienzos de año dijo a La Mañana que la norma que se propone “no le quia derechos a nadie”, y “no es para el productor que tiene su campo y lo trabaja con ganadería, es al revés, se busca estimular a ese productor para que siga con el campo natural, para que use algunas herramientas estudiadas por el Inia, el pastoreo rotativo, el pastoreo conservacionista y otras medidas de manejo de ganado que no son sobrepastoreo”. La idea es “limitar que alguien pueda hacer cualquier cosa en esa área solo porque es de su propiedad”, y “una de las posibles limitantes sería forestar sobre suelos de alta productividad”.
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