El Dr. Díaz del Observatorio de Política de Tierra de Udelar dijo que “hay una disputa territorial del ganadero familiar con la expansión de la forestación y el proyecto de ley limitar la expansión de la silvicultura a suelos de prioridad forestal”.
El miércoles de esta semana el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) realizó un debate sobre los impactos sociales de la forestación en el país, uno de los participantes fue el Dr. Pablo Díaz Estévez del Observatorio de Política de Tierra de la Universidad de la República (Udelar) quien analizó el impacto de la forestación sobre los productores ganaderos familiares y basó sus consideraciones en datos que dijo son “exploratorios”.
En primera instancia Díaz estableció qué es la ganadería familiar y sus diferencias con la ganadería empresarial.
Según la Encuesta Nacional Ganadera de 2016, “la pequeña y mediana ganadería hasta 300 unidades ganaderas representan el 65% de los establecimientos, y en el medio rural disperso representa el 73% de la población ganadera radicada en dicho medio”, y cuando se analiza la generación de mano de obra en función a la cantidad de hectáreas “se considera la ganadería familiar y empresarial en el mismo rubro”, sin embargo la producción familiar y empresarial “son dos sujetos económicos completamente diferentes”, dijo.
“La ganadería empresarial, sea más extensiva o más intensiva el objetivo económico es el lucro, y por tanto utiliza mano de obra asalariada y con un patrimonio en tierras mucho más importante”. Y en el caso de “la ganadería familiar el objetivo de este sujeto económico son sus ingresos para mantener un modo de vida que implica la radicación de su familia en el predio rural”.
En el noreste del país, concretamente en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, una zona de mucha influencia de la futura segunda planta de UPM, “el 43%de las explotaciones familiares están en suelo de prioridad forestal, o sea en 115.000 Has de suelo de prioridad forestal”, destacó.
El caso de Cerro Largo, “quizá sea el más claro”. La siguiente figura muestra en amarillo los suelos de prioridad forestal y en rojo las producciones familiares.
“Con este mapa que surge a partir de datos oficiales del censo agropecuario podemos evidenciar que hay una disputa territorial del ganadero familiar con la expansión de la forestación y el proyecto de ley (en debate en el Parlamento) propone limitar la expansión de la silvicultura a suelos de prioridad forestal y llegar a un límite de 1,6 millones de hectáreas, o sea hasta 500.000 hectáreas más, no resuelve este problema de la disputa territorial”, dijo.
Esa “disputa territorial” se ve también “a nivel nacional” y “no se da solamente con la forestación, la hay con la ganadería y la agricultura a gran escala”. Pensemos sino en “lo que fue el boom agrícola hasta 2014. Pero en el caso de la forestación se arrendaron más de 420.000 hectáreas para uso forestal desde 2007 a la actualidad y el precio promedio llegó a US$ 162 la hectárea”, lo cual “no es nada extraño en alguna región donde crece el frente silvícola”.
Díaz señaló además que “hay una diversificación en la política de tierras de las grandes empresas” forestales, ahora no compran tierra y no solo arriendan establecimientos, sino que también se asocian con los productores a través de diversos programas de fomento y alianzas productivas, y “se utiliza parte de estos establecimientos para realizar exactamente el mismo cultivo, no es que por ser un predio familiar exista un sistema productivo diferente, por ejemplo con el silvopastoreo”, precisó. “En los relevamientos que hemos hecho en esta región (noreste del país) tampoco encontramos grandes diferencias con respecto a industria de maderas de calidad con respecto a la industria de la celulosa”.
También destacó que el censo agropecuario registra que “hay una reducción del área del pastoreo” y “también sabemos que desaparecen unos 7.400 productores familiares a nivel nacional en el período intercensal” y se reducen 270.000 hectáreas, por lo cual “hay evidencia suficiente para decir que hay una reducción del área de pastoreo de la ganadería familiar”.
La ganadería familiar utiliza 80% de campo natural
Al analizar a modo exploratorio qué pasa en la fase agraria forestal con destino la industrialización y la ganadería familiar en lo nacional, dijo que “la ganadería familiar utiliza unas dos millones de hectáreas” que son “80% de campo natural, campo virgen, es decir una comunidad biodiversa que permite la producción de carne a cielo abierto muy apetecida a nivel mundial”.
En base a datos de las Carpetas Verdes del Plan Agropecuario, Díaz dijo que los 16.300 establecimientos ganaderos registran un ingreso de $ 18.000 promedio por titular de establecimientos, además “conserva los recursos naturales en cuanto a agua, el suelo, produce agua dulce y permite la radicación en el medio rural disperso”. Esta precisión sobre el medio rural disperso es importante “porque es ahí donde está la tierra”. Esto fue aclarado más adelante en el debate, porque al ser el estrato desde 7 unidades ganaderas hasta 300 el promedio parece ser demasiado bajo, y en realidad como promedio representa un ingreso interesante. En julio de 2016 el dólar estaba a $29, 75. El ternero estaba a U$S 2,1 (promedio de 140 kg).
La ganadería familiar también hace “un aporte mayor hacia la cadena local de valor, y también participa de la cadena global” en cuanto que “embarcan terneros en pie a Turquía y a los frigoríficos, engordadores, recrías o invernadas que terminan en las exportaciones y grandes cadenas de valor”.
Además “las principales ganancias retornan y van al sistema productivo y de consumo” generándose “una transmisión intergeneracional no solo del patrimonio natural y cultural sino también de beneficios hacia las nuevas generaciones”.
Respecto a la forestación, señaló que “utiliza alrededor de un millón de hectáreas y 8.435 trabajadores según el grupo 24 de los Consejos de Salarios del año 2016. Díaz estimó “para todos los trabajos” forestales un ingreso promedio de $ 21.000, “o sea que no hay grandes diferencias con lo planteado para los titulares del emprendimiento ganadero”.
La forestación también registra “empleo tercerizado” y “subsidio ecológico” porque las empresas forestales “no tienen que pagar el agua para llevársela en los troncos”.
Asimismo “hay una fuerte dependencia de la cadena global de valor porque Montes del Plata y UPM controlan el 81% de las exportaciones” y “está claro que las principales ganancias van a un sistema financiero de accionistas del primer mundo”, cuestionó.
Uruguay invierte US$ 1,1 millón por puesto de trabajo en UPM II
Díaz citó al Dr. William Yohai, quien calculó que partir de los US$ 4.600 millones que va a poner el Estado uruguayo “para lograr el funcionamiento de la segunda planta de UPM II”, se está invirtiendo “US$ 1.156.000 por cada puesto” laboral. Esa “es una estimación conservadora”, aclaró. “O sea que por cada puesto de trabajo, nosotros y las nuevas generaciones que pagarán las deudas contraídas, el costo va a ser de US$ 1,1 millón”.
”Si miramos cuánto cuesta cada puesto de trabajo para convivir con el recurso natural, producir y radicar una familia como lo hace el Instituto Nacional de Colonización hace más de 70 años, es 7 veces menos, son U$S 150.000”, concluyó.
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