La Fundación Lagunas Costeras trabaja en la conservación y protección de las lagunas costeras de nuestro país. Asegurar su sostenibilidad es ser garante de la fuente de trabajo de pescadores y camaroneros, por ejemplo, pero también está relacionado en articular los intereses privados con los estatales, sobre todo en una zona influenciada por la especulación inmobiliaria y el metro cuadrado más caro de Sudamérica.
Las lagunas reúnen el 14% de la zona litoral mundial. En nuestro país, destacan como lagunas costeras la laguna Garzón, la laguna de Rocha, de José Ignacio, Merín y de Castillos. Se trata de una zona que confluye con otros intereses económicos, como los proyectos de inversión de alto impacto que va de la mano con el crecimiento de los balnearios y de actividades económicas y productivas que no son compatibles con la conservación.
Las lagunas costeras son ecosistemas complejos debido a la interacción entre el agua dulce y salada que, en determinados momentos puede ser total, como la laguna de Castillos, que es abierta. Debido a su riqueza, genera que se deban llevar adelante acciones para conservarlas y cuidarlas.
En el año 2003 se fusionó un grupo de técnicos, científicos, pescadores artesanales, vecinos y visitantes con el fin de actuar e impedir el deterioro de la laguna de Rocha, logrando la delimitación de la zona, la protección e impulsaron el desarrollo de investigaciones. Fue el comienzo de Fundación Lagunas Costeras, una organización que busca salvaguardar la riqueza ecosistema y productiva del lugar, de forma sostenible y equilibrada.
Al respecto, La Mañana charló con Victoria Pereira, Máster en Derecho Ambiental y Profesora en Política y Derecho Ambiental, que se aboca dentro de la Fundación a la instauración de estrategias sustentables dentro del sector privado y público. Pereira, comentó que en el caso de la Laguna Garzón, las problemáticas existentes están relacionadas a la apertura de la barra de la laguna, donde dijo que no existe un protocolo de apertura, como sí existe en la Laguna de Rocha. Las lagunas, explicó se deberían abrir naturalmente, sin embargo, en ocasiones tienen lugar determinado tipos de fenómenos sociales que interfieren con ello, por lo que deben ser abiertas de forma artificial. Para ello, es necesario, agregó, que se de lugar a las condiciones más óptimas desde el punto de vista natural para que esta apertura sea eficiente y eficaz. Si una laguna se cierra como no es debido se puede perder la riqueza de las especies que van y vienen del mar al agua dulce, y esto puede desembocar, por ejemplo, en que los pescadores artesanales o los camaroneros no tengan qué pescar o recolectar y pierdan su fuente laboral.
Laguna Garzón
Pero este no es el único problema que se encuentra en la Laguna Garzón, donde hay varios factores sociales involucrados con intereses económicos distintos, detalló la Dra. “En el caso de Garzón existe una presión inmobiliaria destacada porque se está a 8,5 km. de José Ignacio, que tiene el metro cuadrado más caro de Sudamérica, lo que genera una especulación inmobiliaria”, manifestó.
A la vez, el hecho de que los temas de ordenamiento territorial tienen competencia por parte de los gobiernos departamentales tiene por su parte su propia influencia. “A veces, estos tienen políticas que precisamente tienen en cuenta lo ambiental pero de una manera no tan óptima, entonces se puede fraccionar las tierras de acuerdo a sus interpretaciones, aunque de una manera mucho más restrictiva, por ejemplo. También puede suceder que haya una confrontación de competencia, como por ejemplo, el saneamiento, donde la Intendencia de Rocha tiene una opinión y el Ministerio de Ambiente tiene otra”, mencionó.
Otros de los conflictos que tienen lugar están relacionados con la generación de ruido o desde el punto de vista urbanístico en cuanto a respetar las autorizaciones pertinentes. “Nos está pasando en muchos lugares, y se ve mucho en la zona de Rocha de personas que construyen sin autorización”, comentó.
Articuladores entre la sociedad y el Estado
En este sentido, la fundación trabaja como articuladores entre la sociedad civil y el Estado, aunque con independencia técnica, económica y de opinión, indicó Pereira. “Llevamos muchos años consolidados y esto genera también un respeto o un reconocimiento que hace que seamos escuchados. La primera vez que fue un representante de Naciones Unidas al territorio fue con nosotros”, mencionó. Comentó, además, que buscan ámbitos a los cuales llevar experiencias buenas de Uruguay al territorio. En este sentido, mencionó que el año pasado se organizaron charlas con las tejedoras de Manos del Uruguay quienes comentaban las experiencias a habitantes de la Laguna de Garzón. En la Laguna de Rocha, por su parte, se generó “La cocina de la barra”, donde mujeres pescadoras artesanales realizaron una charla donde contaron su experiencia con las pescadoras de Laguna Garzón.
Otras de las actividades que generan son, por ejemplo, el monitoreo de fauna nativa y costera, generando material de difusión y la conservación de aves costeras acuáticas en las distintas lagunas.
El trabajo con los vecinos de la zona es fundamental. “Los primeros que están haciendo las denuncias siempre son los vecinos, que son como los guardianes del territorio. Ellos tienen un manejo muy grande relacionado a los procesos y están comprometidos con la sostenibilidad de la zona”, mencionó.
Pero trabajar con los privados se convierte en una pata fundamental para la estrategia de sostenibilidad. Es en este sentido, que Pereira indicó: “queremos trabajar bastante más con los privados para ayudarlos a sentirse parte e incluso para buscar un mecanismo en el que ellos también tengan algún tipo de beneficio”.
En esta línea resaltó el hecho del rol que tienen los privados en cuanto a una vez que su propiedad es declarada como territorio protegido. “El Estado no tiene mecanismos en los cuales te incentiva sobre la vía de incentivos económicos o de otro tipo para que realices otra cosa. No tiene por qué un particular solventar el peso del interés general sobre su espalda y por eso financiar económicamente algo. Eso es un gran debe del Estado y es un debe desde la administración al punto mas local, el hecho de trabajar más con los privados para involucrarnos más con el territorio protegido donde ellos son dueños, en definitiva”, manifestó. “Tenemos una visión pro desarrollo sustentable, donde una de las patas de la sustentabilidad es la economía y un privado no tiene por qué solventar todo el peso del interés general”, remarcó.
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