La dura seca que atraviesa Uruguay ha dejado al desnudo la fragilidad de nuestros sistemas productivos. Probablemente, aunque las lluvias comiencen a normalizarse, mucho del daño en el sector agropecuario ya está hecho y en los próximos meses podremos comenzar a analizar su impacto en términos de producción de carne, leche y granos.
A pesar del importante crecimiento que tuvo el riego en Uruguay en los últimos años, el área efectivamente regada no supera las 40.000 hectáreas. Un estudio proporcionado por Regadores Unidos del Uruguay (1998-2021) muestra que el incremento en la última zafra equivale a toda el área de riego desarrollada durante los primeros 15 años (ver gráfica). Por lo tanto, a pesar de las dificultades que existen para su implementación, la tasa de adopción de riego viene en franco aumento.
Limitantes para desarrollar sistemas de riego
¿Cuáles son las principales limitantes que enfrentan los productores para desarrollar sistemas de riego actualmente?
- La elevada inversión (3500-4000 USD/ha)
- El costo operativo asociado al consumo de energía
- Falta de inversión pública para ampliar el acceso a mayor potencia contratada
- Barreras regulatorias y burocráticas que obstaculizan el desarrollo e innovación en riego
- Limitado acceso a la ley de inversiones para pequeños productores
Ahora bien, ¿cómo está enfrentando el país este problema? ¿Son suficientes las actuales políticas de promoción de riego y uso de fuentes de agua?
El primer paso dado fue el desarrollo de la ley de riego, y aunque aun no ha podido ser reglamentada correctamente y es perfectible, entendemos que va en la dirección correcta. Uno de los principales instrumentos de apoyo que cuenta el gobierno son los incentivos fiscales, algunos de los cuales, sin ellos, invertir en riego directamente es inviable. Si bien las inversiones relacionadas a riego suelen recibir apoyo de la COMAP, su aprobación suele requerir más de un año, con lo cual armar un proyecto, acceder a crédito, implementarlo y obtener los beneficios impositivos resulta una carrera de obstáculos ciertamente desincronizada.
Hace algunos años, cuando se confirmaba la inversión en UPM 2 y Ferrocarril Central, diferentes organizaciones sociales como Un Solo Uruguay (USU), cuestionaban el uso de los recursos del Estado, aduciendo que se favorecía únicamente a las grandes empresas, hoy devenidas en “Malla Oro”. Ante estos auténticos reclamos, el gobierno de la época aseguraba con cierto cinismo que la ley de inversiones era igual para todos, obviando las evidentes ventajas que acceden las empresas de mayor porte, que al contribuir con IRAE, son capaces de licuar mayores proporciones del monto invertido. Si bien la ley efectivamente es igual para todos, no todos usufructúan de ella de igual forma, con lo cual el reclamo de USU resulta como mínimo de recibo.
El resultado de estas políticas si bien pueden justificarse desde el punto de vista de la inversión y la generación de empleo, carecen de capilaridad y no alcanzan a los estratos más necesitados (Pymes y pequeños productores). Estos, no acceden cabalmente a dichos beneficios, con lo cual una inversión en sectores críticos como la granja, viticultura, ganadería intensiva o tambos resultan totalmente cuesta arriba. Paradójicamente, este tipo de productores, que residen en el campo y necesitan que su fracción de campo alcance una escala productiva mínima, para mantener sus familias, son quienes más lo necesitan.
Una vez más, el Estado en lugar de intentar igualar el acceso de oportunidades, amplía la brecha exacerbando las diferencias y condena al pequeño productor a una lenta pero segura extinción. Una política claramente contrapuesta a la aplicada en Europa, donde existe la convicción que subsidiar al pequeño productor para que se radique en el medio rural, es más conveniente y barato que atenderlo luego en la fila del Mides, algo así como “enseñar a pescar en lugar de regalar el pescado”.
¿Se podría corregir la fallida ley de inversiones entonces? Existen varios mecanismos que pueden aplicarse para mejorar la implementación y el destino del apoyo que proporciona el gobierno. Aquí nos centraremos en una experiencia aplicada en Italia que, dado su éxito, no solo fue mantenida por gobiernos de distinto origen ideológico, sino que ha sido copiada por otros países europeos.
Desarrollo de políticas públicas
Este es el caso del Superbono 110, un crédito fiscal equivalente al 110% del monto de obras certificadas que justifiquen un aumento de la eficiencia energética (aislamiento térmico, aberturas, paneles fotovoltaicos, entre otros). Esta medida pretendió no solo contribuir a una mayor soberanía energética, en especial ante un escenario de escalada bélica con Rusia, sino que generó una importante demanda de mano de obra que redujo el desempleo y colaboró con la reactivación económica en Italia durante la crisis de Covid.
Ahora bien, lo interesante no es el Superbono per se, sino la capacidad de transferir el crédito fiscal a terceros, con lo cual es posible democratizar su uso y acceder al instrumento por tres modalidades distintas:
- Deducción impositiva directa
- Descuento en la factura
- Transferencia del crédito fiscal a instituciones financieras
De esta forma, si el adjudicatario es un importante contribuyente puede licuar la inversión de sus impuestos directamente (caso UPM, Ta-Ta, entre otros). Para el caso de una familia o pequeño productor que no cuenta con esa posibilidad, puede acceder al crédito fiscal y transferirlo ya sea a la empresa proveedora (con un descuento en la factura) o a una institución financiera, quien sí lo puede descontar de los impuestos y adelantar el monto de la inversión. Este mecanismo podría implementarse en Uruguay para proyectos que certifiquen la inversión en riego y fuentes de agua para uso productivo. Qué interesante mecanismo podría ser éste para que COMAP y BROU pudieran “hablar el mismo idioma” fomentar la inversión en riego, aumentar el crédito y democratizar el acceso a la tan cuestionada ley de inversiones.
El exitoso modelo del Superbono 110 italiano podría ser utilizado por la COMAP dando diferentes niveles de apoyo y prioridad según rubro y tamaño de empresa. Algunos proyectos de riego de gran porte actualmente no superan una exoneración de 65% de la inversión (lo cual entendamos no es nada despreciable). Una posible implementación de esta metodología podría ofrecer un Superbono 65 a grandes productores e incrementar su alcance progresivamente para establecimientos de menor porte hasta alcanzar el Superbono 100 o 110.
En definitiva, existe un renovado interés por desarrollar políticas públicas para la promoción del uso de agua a nivel productivo. Si Uruguay efectivamente está dispuesto a transitar un proceso de transformación basado en el riego y la intensificación productiva, indefectiblemente deberá ser capaz de llevar a cabo ciertas reformas.
En primer lugar, se debe reformular la actual ley de riego y desregular algunos procesos muy burocráticos y tediosos que, en lugar de desmoralizarnos, incentiven la inversión en represas multiprediales. Actualmente, retenemos únicamente el 2% del agua de lluvia y es por ahí donde debemos comenzar. Por otra parte, un reclamo que parece estar siempre en el podio es la falta de inversión pública para abastecer mayor potencia contratada; de nada sirve un buen marco legal y mayores incentivos, si UTE no acompaña esta transformación productiva con mayor infraestructura eléctrica.
Finalmente, debemos realizar un serio revisionismo de la ley de inversiones en función de mejorar la puntería y el alcance de estas políticas públicas. Me resulta un tanto complaciente afirmar que ya todo está inventado, sin embargo, en este caso no hace falta más que levantar un poco la mira y copiar lo que está bien hecho.
*Ingeniero agrónomo, MsC en Agronegocios
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