Es economista, contador público, fue presidente del Banco Central del Uruguay en el período 2002-2005 y actualmente se desempeña en BECA Advisors como asesor económico. Julio de Brun ha tenido una visión crítica sobre el plebiscito por la reforma de la seguridad social, afirmando que “si prospera la reforma constitucional que está sobre la mesa, más que sacar una carta del castillo de naipes, sería prender el ventilador. Vuela todo. Hay que barajar y dar de vuelta”.
En entrevista concedida a La Mañana, Julio de Brun dijo que el crecimiento económico está basado en el manejo de equilibrios. Además, analizó diferentes aspectos sobre la economía nacional e internacional y sus efectos.
En referencia al atraso cambiario, ¿hasta dónde nos afecta y cómo se puede resolver?
En ese sentido hay factores coyunturales y estructurales de la economía uruguaya. Esto ha venido pasando cíclicamente en cada período de relativa bonanza y crecimiento del empleo y la economía uruguaya, e inmediatamente se empieza a dar un proceso de fortalecimiento de la moneda o de lo que llamamos “atraso cambiario”. Esto está asociado a una escasez de mano de obra calificada en Uruguay, por lo que cuando hay poca presión de demanda también presiona sobre los salarios y genera un aumento de los costos en dólares en Uruguay. Nuestro país se vuelve rápidamente caro cuando experimenta un proceso de crecimiento.
Siempre lo asocio, en términos futbolísticos, con un efecto “cantera”: si tenés un equipo con buenas divisiones formativas, podés armar un equipo competitivo con aquellos que van saliendo de las inferiores sin tener que pagar salarios de mercado para un equipo de esas características. Si no tenés formativas y tenés que salir a comprar jugadores en el mercado, pagarás los salarios que se pidan por ellos.
Eso, en el mercado de trabajo, es asimilar los salarios a la situación en el mundo. En el momento en que Uruguay empieza a requerir mano de obra, tiene que pagar más salarios en dólares y, por lo tanto, comienza a ser menos competitivo. Lo que siempre se habló sobre el “milagro del sudeste asiático” en las décadas de los 50 y 60 no fue más que una reforma educativa con un cambio importante en la formación de mano de obra y miles de personas saliendo todos los años al mercado laboral, con un alto nivel de calificación y contribuyendo a mejorar la productividad. Eso permitió que las economías crecieran sin presionar sobre sus costos.
Al no tener Uruguay un sistema educativo que forme mano de obra en el volumen y calidad que requieren hoy los procesos productivos, dada la demanda externa, inmediatamente se tiene una presión muy fuerte sobre los costos y eso quita competitividad. Creo que este es el factor clave por el que cada vez que vivimos unos años de relativa expansión encontramos un freno en nuestra capacidad de crecimiento, y la contrapartida es un crecimiento de los costos, o sea, el atraso cambiario.
Después hay cuestiones coyunturales que hacen al manejo del gasto público, que también representa una presión de demanda adicional y eso, además, contribuye al atraso cambiario. También hay elementos de la política monetaria como el exceso de stock de letras de regulación monetaria. Es como un elemento de demanda forzada de moneda local, pagando un interés alto que contribuye a un valor de equilibrio de tipo de cambio más deprimido, pero esos son elementos más circunstanciales.
¿El atraso cambiario mantiene controlada la inflación?
Hubo un elemento que ahondó la situación y fue la situación de Argentina durante el año pasado, que generó un efecto deflacionario y contribuyó a que la inflación en Uruguay bajara fuertemente, mientras que, en paralelo, generó un problema de competitividad con el vecino país. Eso, parcialmente, se redujo en 2024 y, por el lado de la inflación, ya no tenemos ese efecto tan fuerte como al año pasado, y ha hecho que la inflación repunte un poco este año, aunque aún se mantiene en el rango objetivo del BCU. De alguna manera, la situación cambiaria respecto de Argentina mejoró, pero tenemos problemas con Brasil que hacen que la coyuntura regional no ayude.
¿Los números que se manejan de crecimiento no son los esperados?
No. Realmente, la situación que se vivió el año pasado en relación con Argentina salió bastante bien si comparamos con lo que fueron otros episodios en los que la disparidad de precios con Argentina tuvo magnitudes similares a las del año pasado. En ese periodo fui llevando la comparación de varios números, incluso los fiscales nuestros, comparados con los del año 1982, y la economía uruguaya demostró ser más sólida en 2023 respecto de otros momentos del pasado. Es decir, era muy difícil crecer en esas condiciones, pero al menos nuestro país no tuvo recesiones ni problemas fiscales como en el pasado. Desde ese punto de vista, para haber sido un año con la economía desfavorable, se sorteó bastante bien.
El tema es que uno saca estos elementos circunstanciales, mira 10 años para atrás y Uruguay tiene una tasa de crecimiento muy baja en todo ese período, y detrás de eso se encuentra la baja formación de capital humano en función de los problemas del sistema educativo.
Se habla de cuestiones tributarias, ¿cómo se analiza eso?
Lo que se introdujo en este período de gobierno, el cambio institucional de tener la regla fiscal, un cierto monitoreo en manos de un comité de expertos, ha sido una innovación favorable que tiene que madurar. Creo que es positivo que se discutan las recomendaciones del comité fiscal asesor y que, incluso, se señale si hay desvíos a la regla fiscal, ayuda a poner el tema sobre la mesa y ejercer cierta disciplina sobre el manejo de las cuentas públicas.
El crecimiento económico está basado en un manejo de equilibrios. Si se trata de mantener baja la inflación con una política monetaria restrictiva, pero, por otro lado, se tiene una política fiscal expansiva, se termina teniendo problemas de atraso cambiario. Tener un monitoreo o una opinión sobre las finanzas públicas es un factor positivo que hay que mantener y puede ir madurando en el tiempo, mejorando como instrumento para que el manejo de las cuentas sea coherente con el resto de la gestión macroeconómica, especialmente en la política monetaria y salarial, para que en el proceso de crecimiento de la economía uruguaya no existan desbalances que terminen provocando desequilibrios como la situación del tipo de cambio real.
Es una innovación positiva que hay que respetar, mejorar y acostumbrarse a ella, sin desvíos en el cumplimiento de la regla fiscal. Debe haber explicaciones claras de cara al próximo periodo de gobierno, como converger los parámetros de la regla fiscal, en especial para poner la deuda pública en una trayectoria descendiente, porque tal como está ahora es un elemento de riesgo para la estabilidad de nuestra economía.
¿Cómo mantenemos el equilibrio de la deuda con el PBI?
Eso es consecuencia del aumento del déficit fiscal, en la medida que la economía uruguaya crece poco y tiene una economía fiscal expansiva que no respeta la restricción presupuestal del sector público y le agrega más déficit. Por ende, se acumula deuda que crece por encima del producto y se va haciendo insostenible. Si no se tiene un volumen de ingreso del gobierno que supere los egresos antes de intereses –Uruguay tiene en este momento un resultado primario negativo, es decir que los ingresos son menores que los egresos– se emite deuda no solo para renovar la deuda existente, sino también para pagar los intereses de la deuda vieja y para cubrir el déficit primario. Además, la economía crece poco, entonces, en ese contexto se entra en una dinámica explosiva de la deuda que, evidentemente, hay que cortarla en algún momento.
Le pido una reflexión sobre el IRPF y el IASS, que a pesar de las apreciaciones se mantienen…
El tema es que una vez que esa creación de impuestos se tradujo en mayor gasto, lo que iba a ser un elemento menor dentro de la estructura tributaria uruguaya, como anunció el Frente Amplio cuando se crearon estos impuestos, pasó a ser un componente importante de la recaudación, por lo tanto, eliminarlos sin ninguna otra media compensatoria es difícil porque genera un problema fiscal importante.
Por un lado, son impuestos malos, pero, por otro lado, eliminarlos genera una situación fiscal complicada. Su gradual reducción tiene que estar acompañada de una disciplina fiscal, sobre todo en materia de gasto, que permita ir generando ahorros y reduciendo estos impuestos. En una parte de las jubilaciones, claramente, sabemos que esto más que un impuesto fue una venganza –la creación del IASS– consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del IRPF para las jubilaciones. Lo que se hizo fue darle un retoque legal para obviar esa observación desde ese punto de vista de inconstitucionalidad e implementarlo de todas maneras como se pensaba al principio.
Evidentemente, para muchos sectores a los que de por sí los topes jubilatorios son un impuesto implícito importante, el IASS termina siendo una carga tributaria mucho mayor y poco justificada desde un punto de vista de equidad. En la medida en la que se pueda reducir ese impuesto, sería positivo y justo, pero, obviamente, hay que tener los recursos necesarios.
El IRPF es un impuesto a la formación de capital humano y, como decíamos al principio, uno de los problemas que tiene Uruguay es la falta de capital humano. Poner un impuesto que, además, es progresivo, justamente en un factor de producción que para Uruguay es extremadamente escaso, es como pegarse un tiro en el pie.
Nadie se plantea poner impuestos crecientes a la inversión en capital, por el contrario, todos hablan de exoneraciones e incentivos a las inversiones de capital físico, y resulta que a la inversión de capital humano le ponemos impuestos con tasas progresivas. Es realmente un sinsentido. Por otro lado, se establecen políticas sociales que terminan generando recursos en favor de quienes no completan los estudios, porque al final todo el proceso de formación de capital humano, por un lado, se grava y, por otro, se generan subsidios e incentivos a quienes dejan de estudiar o no avanzan en los estudios, entonces se tiene una distorsión desde el punto de vista conceptual que no tiene mucho sentido.
¿Qué efecto puede generar el plebiscito por la reforma de la seguridad social en caso de que se apruebe en estas elecciones?
El problema es que dada la tendencia vegetativa que tiene Uruguay, con baja tasa de natalidad y cada vez mayor longevidad, el sistema jubilatorio, por un tema netamente demográfico, tiende a ser deficitario. Es necesario hacer este tipo de correcciones para hacerlo sostenible en el tiempo. Una cosa es que, a través de los impuestos que se pagan, se pretenda tener una renta que soporte el período de retiro durante 10 años y, otra cosa es que, con ese mismo capital e impuestos pagados, se pretenda sostener ese periodo de retiro durante 15 años o más, a medida que aumenta la esperanza de vida de la población.
Es lógico que en la medida que aumenta la esperanza de vida y las personas, a su vez, están capacitadas para trabajar más años, se extienda la edad de retiro y se mantenga estable el gasto en materia de jubilaciones, sobre todo como porcentaje del producto. Por no haber hecho la reforma antes, veníamos experimentando una creciente del gasto en pasividades como porcentaje del producto. La reforma aprobada permite estabilizarlo en los próximos años, pero si se da marcha atrás, se vuelve a poner la trayectoria del gasto de forma creciente, generando problemas de competitividad y retrayendo recursos del Estado en otras áreas claves, como la protección de la primera infancia, la educación y demás. Entonces, esto es realmente un impacto muy fuerte sobre el potencial del crecimiento de Uruguay y la propia capacidad del Estado de llevar adelante una gama más alta de políticas sociales.
¿Este tipo de reforma lleva a realizar otro tipo de carrera administrativa dentro del Estado?
No, lo que hace es generar un gasto creciente en concepto de pasividades, y la única forma de financiarlo es a través de impuestos, entonces, aumenta la carga tributaria y hace menos competitiva la economía uruguaya, por lo que termina afectando su capacidad de crecimiento a largo plazo. En definitiva, poder pagar estas jubilaciones se hará cada vez más difícil.
En la situación internacional tuvimos un “lunes negro”, la caída de la bolsa de Japón y una posible recesión en Estados Unidos. ¿Cómo afectaría a nuestro país?
Lo que pasó estos últimos días en los mercados internacionales fue una anécdota. Estados Unidos no está en recesión ni lo estará en el futuro inmediato, y lo de Japón fue un tema técnico asociado a que por la tasa de interés 0% que tenía recientemente incentivaba a que algunos operadores económicos e inversores se endeudaran en yenes a tasa 0 e invirtieran en dólares en acciones en Estados Unidos. Entonces, cuando el banco de Japón aumentó la tasa y dio una señal de que podía seguir subiendo, indujo a que la gente tuviera que vender acciones para poder pagar la deuda en yenes. Esto generó un efecto técnico de mucha concentración en pocas horas y se dio una caída abrupta en los mercados, precedida de algún dato no muy bueno en materia de empleo que llevó a pensar a algunos en una recesión inminente.
La creencia de que Estados Unidos estaba en recesión es equivocada, y en estos días se dio una reversión y esto quedó como anécdota. Para Uruguay los tiempos no tienen la bonanza de antes, vamos a tener una tasa de interés más alta que la década pasada. Pero dada la situación de la deuda en Estados Unidos, tampoco podrán ser tasas demasiado altas, y creo que seguirá habiendo un sesgo inflacionario en la economía norteamericana, y a Uruguay por el lado de los commodities algo lo tendría que beneficiar.
Si el panorama sigue siendo de una política fiscal expansiva, una política monetaria más o menos acomodativa y que eso genere cierta presión sobre los commodities, no debería ser un escenario tan malo para nuestro país, pero ciertamente con mucha más volatilidad y riesgo que en la década pasada.
¿Entiende que las propuestas electorales en materia de economía son adecuadas para lo que se viene?
Considero que hay algunas cuestiones novedosas. Algunas se trataron de implementar estos últimos años y han sido planes piloto; que tienen mucho que ver con el involucramiento de la sociedad civil en la gestión y financiamiento de las políticas sociales. Los problemas que tiene que enfrentar el Estado en materia de reeducación, de mano de obra que no recibió calificaciones suficientes en sus estudios, todo lo que tiene que ver con incentivar la continuidad de los estudios secundarios, el tratamiento de la seguridad, la rehabilitación de presos, los programas de construcción de viviendas, especialmente para los sectores más carenciados, son políticas públicas cuya complementación con el sector privado, como enseña la experiencia a nivel internacional, sobre todo en las vinculadas a la creación de empleo, es muy importante.
En estos últimos años se ha empezado de trasladar algunas experiencias internacionales en relación con la emisión de algún bono de impacto, que, en definitiva, involucra al sector social en la gestión y financiamiento de algunas tareas de índole social con parámetros muy objetivos y medibles en materia de resultados. En la medida en que estos se cumplen, el Estado reembolsa esa inversión del sector privado en función del cumplimiento de la meta. Esto permite –si se extiende en el futuro– una asignación del gasto público en políticas sociales más vinculada a resultados, más medibles y efectivas en términos de éxito. Creo que esas son algunas de las novedades interesantes que han aparecido en el último tiempo. Se está tomando experiencia internacional en la materia, me gustaría verlo más generalizado y con un rol más fuerte en el próximo presupuesto.
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