Sin haber asumido su cargo como nueva vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), la actual vocal por el Frente Amplio en el ente, Alejandra Koch Martínez, se ha mostrado firme en su crítica a la empresa Katoen Natie, titular del 80% de Terminal Cuenca del Plata (TCP) contra el 20% de la ANP. En los últimos días, denunció un retraso en las obras planificadas por la empresa. Para conocer detalles, La Mañana se entrevistó con el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa.
Alejandra Koch Martínez, vocal de la ANP en la gestión que termina el 28 de febrero, asumirá la vicepresidencia del organismo y públicamente cuestiona a Katoen Natie por el atraso en las obras del Puerto. ¿Qué hay de realidad en todo esto?
Tenemos conocimiento de que ha habido una posible demora de aproximadamente seis meses, que es lo que le comunicamos a la ANP, producto de una serie de factores técnicos, entre ellos la parte de roca, pero, principalmente, por un diferendo entre el consorcio y las empresas subcontratistas que tienen la responsabilidad de hacer la obra. Si bien tenemos conocimiento de cuál es la situación, es un diferendo entre terceros, de los cuales nosotros no somos parte, somos el cliente y como tal lo seguimos con mucha atención y de cerca, tratando de motivar a las partes para que lo superen y continuar con el proceso. Pero lo primero y más importante es la obra. ¿Está en marcha? Sí, no se ha detenido. Hay algún aspecto complejo, porque son múltiples actividades que se tienen que ir desarrollando en la obra, en agua, en tierra, distintos tipos de ejecuciones, pero no se ha detenido, continúa.
¿Hay áreas más afectadas por esta demora?
No, desde el punto de vista técnico no tengo conocimiento de cuáles son las áreas afectadas, pero de vuelta: es un diferendo entre terceros, entre el contratista que está a cargo del desarrollo de la obra y los subcontratistas. Es una multiplicidad de actividades y de especialidades, por eso se subcontratan empresas para cada especialidad y eso está gestionado por el contratista, que no es TCP. Nosotros somos el cliente y como tal seguimos esto de cerca con mucha preocupación y alentando las partes para que se pongan de acuerdo, que se superen las diferencias y la obra logre terminarse lo antes posible, que es el compromiso de todos. Todo lo demás corre por cuenta de quien lo dijo, nada más.
¿Existe algún tipo de garantía? ¿Se puede exigir por TCP el cumplimiento de plazos a las empresas contratadas?
Los acuerdos y el contrato de TCP son públicos, cualquiera los puede leer, están las obras comprometidas y los cronogramas. Todos los cronogramas de este tipo de obras siempre son indicativos y no mandatorios, porque las obras, sobre todo con determinadas complejidades, tienen estos mecanismos. Pero reitero, quien dice lo que dice deberá explicar los motivos y los fundamentos de lo que dice. Nada más. Los cronogramas son siempre indicativos y una forma de establecer un orden. No hay que creer lo que se dice de la empresa, simplemente hay que recurrir al acuerdo y al contrato de gestión, que son públicos, están colgados en el sitio web de ANP, presidencia de TCP. Ahí se puede ver cuáles son las obligaciones y los compromisos.
La vocal Koch Martínez ha sido una crítica permanente, por ejemplo, del contrato que une TCP hasta 2081 con la actividad portuaria, pero es la misma persona que a la hora de presentar los balances en el directorio los aprobó.
Los balances de TCP no los aprueba la ANP, los aprueba TCP por su condición de empresa público-privada, de derecho privado, y los balances los aprueba la asamblea de accionistas. La ANP aprobó el balance de TCP, pero no sé cómo fue la votación en el directorio, pero está bien, entendemos lo que son las posturas políticas y, muchas veces, los discursos. Ahora empieza otra etapa y siempre hacemos hincapié en que TCP es una empresa de la que el Estado es socio accionista, y el interés del Uruguay debe estar también en el interés de TCP. Eso nunca lo podemos perder de vista, no se puede nombrar a TCP como una empresa privada extranjera. Es una empresa mixta en la que el Estado Uruguayo es accionista, tiene directores, tiene síndico y recibe utilidades año a año producto del trabajo de TCP. Después, las diferencias y los aspectos políticos de la gestión de ANP, y los relacionamientos y las correlaciones de fuerzas son algo en lo que TCP –las personas que trabajamos en la parte privada– nunca se va a meter ni va a opinar.
¿Tuvieron algún contacto ya con las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas?
No, aún no. Lo entendemos también, hay determinados plazos y tiempos. Creo que llegará el tiempo de empezar a hacer los intercambios de información, puestas a punto, que se solicite las opiniones, información, y empezar a trabajar como ha sucedido siempre, cada vez que ha habido cambio de autoridades. Hay una selección de autoridades, ingreso y todo un proceso de intercambio de conocimiento, de información, de entender los contextos, los planes. En función de toda esa información e intercambios, empezaremos a trabajar en conjunto, a veces con visiones compartidas y a veces no, buscando puntos de encuentro para dar con las soluciones. No ha sido distinto de lo que ha sido en otras ocasiones, con el gobierno pasado, el anterior y todos los otros.
Este gobierno que deja la gestión, de alguna manera, regularizó el tema contractual, dejó los precariatos cada 90 días con los que se manejaba Montecon y eligió una empresa con un proyecto de obras y a largo plazo. ¿Es una práctica habitual en la actividad portuaria?
Por supuesto. Nosotros hemos hecho hincapié en las cuestiones objetivas de apartamiento y cumplimiento de la norma. Hemos dicho durante más de 10 años que la ANP se apartó del régimen legal que ella misma tenía, para generar un sistema paralelo y regular la instalación de una segunda terminal, que es lo que generó el conflicto y la resolución del problema propuesta en las negociaciones con el gobierno actuante. Pero no por el gobierno, sino porque nos encontramos con autoridades que decidieron aplicar la normativa portuaria según lo que establece la ley y los decretos reglamentarios. Hoy Uruguay está comprometido a mantenerla, a seguir haciendo cumplir la ley y los reglamentos que están en la Ley de Puertos y los decretos reglamentarios. Es parte de los contratos asumidos por el Uruguay con la empresa Katoen Natie en el momento de la disputa. Ese es el marco de referencia que se tiene y el compromiso del Uruguay de mantener las reglas de juego y su propia normativa. En ese marco, por supuesto que podemos conversar, discutir y llegar a puntos de encuentro para encontrar soluciones y mejoras de la actividad portuaria para el bien de TCP y del Puerto. Pero el marco de referencia y el marco jurídico son indiscutibles. Es el compromiso del Uruguay, no solamente de respetar los contratos, sino de mantener la normativa vigente, que es la normativa de 1992 y 1994, la Ley de Puertos y sus decretos reglamentarios.
El gobierno norteamericano del presidente Donald Trump, anuncia medidas arancelarias que afectan a la región. ¿Cómo impactan en la operativa portuaria?
Era una de las posibles contingencias que podían suponer variaciones en los movimientos de contenedores los próximos años, y todo hace entender que estos anuncios se van ejecutando. La actividad portuaria se resentiría ya que todas las medidas arancelarias o pararancelarias que restringen el comercio internacional, indefectiblemente, tienen su corolario en una reducción importante en el tráfico y movimiento de contenedores. La región y el Puerto de Montevideo no deberían ser ajenos a esto. Todavía es muy pronto para que determinados anuncios afecten la actividad de tráfico de contenedores. Algunos meses después de que se empiecen a tomar, las medidas impactarán en la transferencia física de los contenedores. No son buenos los anuncios desde la perspectiva de un crecimiento en el futuro tráfico de los contenedores. No estamos en condiciones de estimar qué grado de impacto pueden haber por el grado de incertidumbre que tenemos y los posibles cambios normativos que pueda haber en materia de aranceles. Pero lo que preveíamos como contingencia está mostrando, en principio, que va a ser realidad.
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