El cambio climático y la producción agropecuaria
En ocasión de su participación en la COP 27 celebrada en Egipto el año pasado, la ministra de Economía Azucena Arbeleche explicó las acciones que Uruguay venía tomando respecto al cambio climático, en particular lo que consideró había sido una exitosa emisión del primer “bono soberano sostenible”, ocurrida en octubre del año pasado. Durante su intervención, la ministra afirmó: “Hoy estamos entre los países que están mejor posicionados en términos de manejo ganadero y en términos de seguir conservando la biodiversidad y la naturaleza que tenemos”. Agregó que, como exportador de alimentos al mundo, Uruguay enfrenta el desafío “de aumentar la producción agrícola al tiempo que reduce las emisiones de metano y óxido nitroso, preservar su ecosistema único de pastizales y proteger sus bosques nativos”.
Movilidad eléctrica e hidrógeno verde
En otra parte de su alocución, Arbeleche había señalado que Uruguay también estaba tomando medidas con el objetivo “acelerar la descarbonización en el transporte pesado mediante la promoción de la movilidad eléctrica, el desarrollo de la producción de hidrógeno verde y el aprovechamiento de sus abundantes fuentes de energía renovable, como el agua, el viento y la biomasa”. Respecto al “bono verde”, la ministra explicó en dicha ocasión que el “bono establece metas con respecto a dos Indicadores Clave de Desempeño (KPI) vinculados a las metas de mitigación del cambio climático y conservación de la naturaleza: reducir la intensidad de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y preservar el área de bosques nativos en el país”. Claramente esto iba a tener consecuencias sobre nuestra producción ganadera.
Por si quedaban dudas del compromiso que asumía el país, la ministra expresó que la emisión de este tipo de bono evidenciaba “la determinación del país de convertir sus objetivos NDC en compromisos financieramente vinculantes, lo cual es un gran salto para un país de mercado emergente. Esto fortalece aún más el compromiso del país con su agenda de sostenibilidad, mejorando la rendición de cuentas y la credibilidad”. En efecto, el Uruguay ataba el pago de intereses de los bonos a la modalidad de su producción agrícola, agregando un nivel más a las condicionalidades usuales impuestas por los organismos internacionales y compradores de bonos.
Por si quedaban dudas al respecto, en dicha ocasión Arbeleche remarcó que los incentivos financieros positivos y bien alineados en el financiamiento climático pueden ser una herramienta poderosa para recompensar la formulación de políticas sostenibles. Según la ministra, vincular las tasas de interés de los bonos soberanos al desempeño ambiental es compatible con los incentivos: los inversionistas recompensarían al país reduciendo los costos de endeudamiento si superan sus ambiciosos objetivos, al tiempo que aumentarían el costo de financiamiento si no cumplen con los objetivos del Acuerdo de París.
La intervención de la ministra mereció el elogio del director gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel Van Trotsenburg, quien expresó que felicitaba a la ministra y a Uruguay por haber sido “una estrella silenciosa impulsando la agenda ambiental del cambio climático y combinándola con políticas financieras muy interesantes, e introduciendo innovaciones en los mercados financieros para hacer la diferencia”.
Los productores agropecuarios europeos se resisten
La Unión Europea aprobó el 2 de mayo un plan del gobierno neerlandés que compensa a los ganaderos de determinadas zonas si aceptan cerrar voluntariamente sus granjas como parte de los esfuerzos de estatales para reducir la contaminación por nitrógeno. En virtud de los nuevos “regímenes”, denominados LBV y LBV plus, los ganaderos deberán comprometerse a cerrar su capacidad de producción de forma definitiva e irreversible y a no iniciar la misma actividad de cría en ningún otro lugar de los Países Bajos –el segundo mayor exportador agrícola del mundo– ni de la Unión Europea. Adicionalmente, sólo se les permitirá acogerse a los regímenes que estarán vigentes hasta el 2028 a aquellos productores ganaderos que logren demostrar que han estado produciendo de forma constante durante los cinco años anteriores al cierre voluntario de la producción.
Compensación según la zona
Esa compensación cubrirá la pérdida de capacidad de producción y de derechos de producción, según la declaración; la financiación, sin embargo, dependerá de la zona en que esté situada la explotación. Los préstamos estarían destinados a “criaderos que emitan un nivel elevado de nitrógeno al año, fijado como nivel mínimo”, entre los que se incluyen los ganaderos de vacunos de leche, porcinos, aves de corral y terneros de carne, se compensará “hasta el 100%” de las pérdidas sufridas por los agricultores mediante subvenciones directas. Sin embargo, algunos ganaderos también podrán recibir hasta un 120% de compensación por la pérdida de capacidad de producción en virtud de ese régimen, según los funcionarios. La Comisión también consideró que la compensación a los agricultores es “proporcionada” porque está “limitada al mínimo necesario” y que la compensación “produce efectos positivos que compensan cualquier posible distorsión de la competencia y el comercio en la Unión Europea”.
Países Bajos: agricultores bajo presión
Contra el optimismo de las elites gobernantes en los Países Bajos, las protestas de los productores no tardaron en estallar cuando el gobierno anunció el plan de reducir las emisiones de nitrógeno en todo el país, incluidas las de las granjas, en más de un 50% para 2030. Agregándole gasolina al fuego, la administración del primer ministro Mark Rutte dejó en claro que “no hay futuro para todos” los agricultores holandeses dentro de los objetivos del gobierno. Para un tambero de los Países Bajos entrevistado el año pasado, la medida gubernamental le forzaba a reducir su establecimiento ganadero en un 95% para poder cumplir con la nueva normativa medioambiental del gobierno. Otro declaró que el gobierno le había obligado a deshacerse de 12 vacas como parte de sus esfuerzos por reducir el fosfato, y expresó su preocupación por tener que cerrar su granja si le obligaban a deshacerse de su ganado. Un productor consultado expresó: “Es fácil, le ponen un cuchillo en la garganta al productor”.
A la luz de las reacciones que estas ideas europeas están generando en la misma Europa, sería razonable parar un poco a pensar si estamos yendo por el camino correcto. Sobre todo cuando los productores agropecuarios enfrentan la peor sequía en al menos 30 años, y según miembros del mismo gobierno de la ministra Arbeleche, la peor en 70 años. En los últimos días, de acuerdo a lo publicado por el diario El País, el Ministerio de Economía y Finanzas estaría trabajando “junto al Banco Mundial, en el desarrollo de un nuevo instrumento de préstamo, que vincule el costo de financiamiento para Uruguay con el cumplimiento de objetivos ambientales”. El sentido común indicaría que no sería conveniente apurarse en complacer al Banco Mundial.
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