La crisis del agua como resultado de la sequía más importante en el país de los últimos 100 años fue prevenida, desde hace casi dos décadas. De todas formas y a pesar de la información brindada por técnicos en la materia, el sistema político uruguayo se resistió a adoptar las medidas adecuadas aprobadas en su momento.
El 31 de octubre del año 2004 se celebró un plebiscito impulsado por la Comisión en Defensa del Agua y la Vida. 64,58% de los votantes se pronunció por la enmienda al artículo 47 de la Constitución impulsada por la Comisión en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV). Fue el triunfo de un vasto movimiento social que tuvo la adhesión también de varios sectores políticos.
El artículo 47 establecía en su texto que “la protección del medio ambiente es de interés general” y que “las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”. La enmienda aprobada le agregó lo siguiente: “El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”.
La ley, que fue aprobada por los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, señalaba que podría autorizar el suministro de agua a otro país, cuando éste se encuentre desabastecido y por motivos de solidaridad.
Además del carácter público de la gestión del agua que, por tratarse de un bien estratégico, debe estar subordinada al interés general, se estableció la participación social en la planificación, gestión y control del recurso. Esta participación es la que garantiza la sustentabilidad de la gestión, atendiendo las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras y el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social.
Pero contrariamente a lo esperado, esos dos criterios fueron metódicamente ignorados por los gobiernos posteriores a aquel plebiscito; por un lado, mediante la creciente privatización de la gestión de las aguas y del servicio de potabilización a cargo de la OSE en particular; y por el otro, mediante la reducción de sus atribuciones afectando el funcionamiento. Todo esto ha conducido a la total inoperancia de las Comisiones de Cuenca y Acuíferos donde debía concretarse la solución.
Álvaro Alfonso: “Al río Santa Lucía lo han masacrado”
Como parte de la investigación para conocer los motivos que han derivado en la difícil situación actual, La Mañana entrevistó al periodista de investigación y exalcalde del Municipio de Aguas Corrientes quien expresó: “La verdad se conoce, al río lo han masacrado, primero con el monte nativo, posteriormente con otras obras. Tiene que haber un control por parte del Estado, hay oficinas que existen, pero se crean más que no hacen nada. No es eficaz controlar con pocas personas el río”.
¿Estás viviendo la crónica de una crisis anunciada?
Esta es más compleja, es casi de ciencia ficción. Todo empieza en lo que fuimos alertando en 2009, existió un episodio importante en ese momento. Habían estimado días para quedar sin agua potable en el área metropolitana. El tema no pasa a mayores porque a fines de febrero de ese año ocurren lluvias torrenciales que solucionan el problema. El directorio de OSE del momento crea un expediente en donde a través de una resolución de directorio explica la existencia de una merma de casi el 70% de las reservas del momento. Una intervención a esta resolución evalúa un trabajo en la represa de paso Severino que fue recomendada por la OEA, incluso con una cierta cantidad de capacidad. El proceso para esto se elaboró durante la dictadura, estaba prevista para 1977 pero recién en 1988 es inaugurada. Ya se hablaba en ese momento de potabilizar las aguas del Río de la Plata. Por lo tanto, una de las alternativas que manejaba el Frente Amplio era un proyecto similar a Neptuno.
¿Todo lo debemos adjudicar a la falta de previsión?
Absolutamente, pero los verdaderos responsables son los de la vertiente artiguista. El Frente Amplio aumentó las inversiones, pero no gastó en donde debía. En el 2013, con el alcalde de Santa Lucía electo por el Frente Amplio –con quien trabajamos muy bien por el tema en sí–, repetidamente decía porque ya se manejaba que era una chance que sucedería lo que pasó en São Paulo, ciudad en donde no llovió durante 14 meses y se me reían en la cara, incluso con preguntas irónicas.
En declaraciones a otros medios de prensa, usted decía que, si las personas veían el barro del río Santa Lucía, no tomarían más agua de ahí, ¿es cierto?
Es así, está a la vista. Sobre el tema del lodo hicimos una denuncia en el instituto de derechos humanos y fallaron a nuestro favor, también lo dijeron los técnicos de OSE en preparación de proyectos para solucionar este tema. El directorio voto dos iniciativas privadas para solucionar esto, hubiera sido un apéndice más de esta solución si se hiciera en su momento.
De acuerdo a la información recibida y los contactos con técnicos en la materia, ¿por dónde se podría encaminar la solución?
Muchas personas piensan que el agua pasa por una pileta para colocar sal. Aguas Corrientes recibe el agua de tres fuentes, Paso Severino a través de Santa Lucia chico, Santa Lucía grande y por debajo de la represa; es un disparate pensar que se mezcla recién ahora el agua. En enero o febrero siempre falta agua en zonas superiores lo que hace necesario bombear entre 80 y 100 mil metros cúbicos hacia arriba para tener el agua. Si no se hiciera, muchas personas quedarían sin agua, pero esa en particular es dulce. Hay un desconocimiento del proceso. Aguas Corrientes recibe diariamente de Santa Lucía dos empujes de agua del Río de la Plata. El agua dulce es la que se bombea de abajo para arriba, ¿cuál fue la estrategia?: enviar menos agua potable a aguas corrientes. ¿De dónde tiene que venir?: de abajo bajando hasta la mitad en muchos casos. Esto es inevitable en materia de salinidad, la que aparece en Montevideo y no en otros lugares. Montevideo, Canelones, Barros Blancos ayudados por la planta de San Ramón.
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