El presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) manifestó preocupación por la concentración de supermercados ya existente en el país y su eventual aumento. También analizó la realidad actual del sector en cuanto al empleo y los salarios, y destacó la mejora en las condiciones de trabajo.
¿Cómo es hoy la situación de los empleados de los supermercados, tras el impacto de la pandemia?
En términos generales no ha habido variaciones. Las plantillas siguen más o menos en las mismas dotaciones, o sea, no ha habido empresas que hayan resuelto enviar trabajadores al seguro de paro o que los hayan despedido en virtud de la pandemia.
Hubo un pico de ventas en el primer mes tras la llegada del virus. Después, paulatinamente fue cayendo, y hoy estamos un poco por debajo del nivel en el que normalmente estaríamos en un año sin ninguna alteración.
Las plantillas en algunas empresas se siguen reduciendo, pero no tiene nada que ver con la pandemia, simplemente, cuando hay trabajadores que resuelven irse, la empresa no repone ese puesto de trabajo.
¿Eso responde a un motivo económico?
En los últimos dos años, el sector del supermercadismo perdió 4.000 puestos de trabajo. En momentos en los que las ventas estaban muy por arriba inclusive de las estimaciones, las empresas igualmente resolvían achicar las plantillas. En virtud de los sucesivos crecimientos del salario en el sector, lo que han decidido las empresas ha sido ajustar con la variable del empleo.
Nosotros hemos insistido durante muchos años en que Uruguay debió haber tenido un ámbito tripartito donde realmente se discutiera la situación del empleo y se delinearan políticas que llevaran a un efecto en todo el país, pero hemos fracasado.
¿El Diálogo Nacional por el Empleo impulsado por este gobierno no ha sido suficiente?
A ese ámbito le está faltando estar a la altura del contexto actual. Yo participo del mismo por el PIT-CNT. Lo primero que se nos pidió, desde el Consejo Superior Tripartito, fue un mes para poder tener el primer informe. Ese mes ya se venció y el Poder Ejecutivo sigue sin exponer las propuestas.
El PIT-CNT llevó una hoja de ruta con siete puntos en la plataforma y las cámaras empresariales también presentaron un documento. Nos está faltando el informe del Poder Ejecutivo, quien debería tomar puntos de las dos plataformas y algunos propios, pero eso todavía no ha aparecido.
¿Qué análisis se hace desde el sindicato sobre el tema de los salarios en el sector?
La primera dificultad que encontramos es que seguimos discutiendo sobre la cuestión empleo/salario. En Uruguay ya está demostrado que una cosa no lleva a la otra y viceversa. Es decir, en las épocas de mayor crecimiento salarial del país de los últimos 20-25 años, tuvimos el mayor pico de trabajadores –y también de empresas- registrados en el BPS, por lo tanto, claramente una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Hoy la situación del salario nos preocupa, porque el convenio puente que se terminó estableciendo va a llevar a una pérdida salarial, que es posible que se recupere una vez que el PBI levante.
La última crisis regional de 2008-2009, Uruguay la pasó por alto gracias al poder adquisitivo de los uruguayos, que lograron sostener el grueso del mercado interno con determinados picos de consumo. A futuro la cuestión va a estar bastante más complicada porque el impacto mundial va a ser muy grande y el poder adquisitivo de los trabajadores se va a ver severamente afectado, además de que va a haber mucha más gente sin trabajo.
Ha habido algunos casos de accidentes laborales en supermercados en los últimos años. ¿Las condiciones de trabajo son las adecuadas?
Las condiciones de trabajo han venido mejorando. Por suerte tenemos las comisiones de salud tripartitas y la comisión de salud bipartita, por lo cual eso se monitorea en forma permanente. A grandes rasgos, no hay situaciones graves.
Los accidentes, generalmente, se dan por distracciones del ser humano o por subestimar el trabajo que uno está realizando, pero no por ausencia de elementos de seguridad. En los lugares donde hay organización sindical eso está bastante regulado y ha avanzado muchísimo.
¿En qué medida ha impactado el cambio tecnológico en el empleo del sector de los supermercados?
La tecnología se viene incorporando desde hace muchos años al sector, pero no ha tenido un impacto fundamental. Yo te decía que perdimos 4.000 puestos de trabajo en dos años, pero no podría decir que están siendo reemplazados por máquinas, sino que esa pérdida implica que haya trabajadores que realizan dos o tres tareas.
La incorporación de tecnología se dio en algunas empresas muy puntuales que realmente tienen la condición financiera para realizar esa inversión. El grueso del empresariado uruguayo es pequeño y mediano; no tiene, por lo general, la posibilidad de hacer una inversión de tecnología de gran impacto.
¿Preocupa la concentración de grupos de supermercados? Hace poco estuvo el foco puesto en la posibilidad de que el grupo Goldman Sachs, accionista de Tienda Inglesa, comprara la cadena Disco, Devoto y Géant, lo que finalmente quedó sin efecto.
La preocupación sobre la concentración que ya tiene hoy el mercado uruguayo y un posible aumento de la misma, se la trasladamos al gobierno anterior, fundamentalmente, por dos razones. Una es la situación de los precios, teniendo claro que el empresariado uruguayo es, sobre todo, pequeño y mediano.
Si el pequeño o mediano comerciante o productor debe negociar con multinacionales que tienen muchísimo poder, eso representa una desventaja, donde terminan regulando no solamente el precio de compra de ese producto, sino cómo se comercia después en el mercado interno.
El otro tema que pusimos arriba de la mesa es lo que tiene que ver con la independencia alimenticia. Entendemos que el poder de estas multinacionales termina modificando comportamientos alimenticios de la población nacional.
¿Cuál fue la respuesta del gobierno anterior ante ese planteo?
Desde el Ministerio de Economía se nos dijo que no tenían demasiadas herramientas para incidir en eso. No nos conformó para nada, porque creemos que el gobierno tiene mecanismos para frenar determinadas situaciones, sobre todo, niveles de concentración de ese tipo.
A este gobierno también le hicimos llegar nuestra inquietud, pero no hizo mucho. El negocio terminó cayendo por razones propias, porque cuando el grupo norteamericano iba a resolver la compra del grupo Casino, surgió la pandemia y una variación del dólar que hizo que el negocio cambiara su rentabilidad.
Algunos casos de COVID-19 de empleados derivaron en el cierre temporal de sucursales. ¿Se ha reforzado el control?
La población ha ido aflojando las medidas y eso mismo se ha trasladado a los supermercados, donde ha habido cierto afloje. Lo que más se conserva es la utilización del tapabocas, pero en cuanto a los flujos de público circulando dentro de los locales, ya no se controla tanto como en los primeros meses de la pandemia.
En este contexto, ¿cómo ha sido el diálogo del sindicato con el Ministerio de Salud Pública?
Las veces que le hemos solicitado reuniones, las hemos tenido; hemos expresado nuestras inquietudes y las han atendido. Hicimos consultas sobre la aprobación de diversos protocolos y siempre recibimos respuestas. Entendemos que quien debe ser la voz autorizada en los controles sanitarios es el Ministerio; ahí están las personas que estudiaron para esto.
Una iniciativa para potenciar a los pequeños comercios
La semana pasada, el senador frenteamplista Charles Carrera presentó un proyecto de ley para potenciar a los pequeños comercios. El objetivo, según expresó el legislador, es buscar “equilibrar aún más las reglas de juego entre los comerciantes”, en el entendido de que existen “asimetrías” entre los minoristas y las grandes superficies.
“Una práctica bastante difundida –que ha sido criticada por vastos sectores de la sociedad- son las conductas monopólicas de muchas de las grandes superficies, extendiéndose a través de la adquisición de comercios de cercanía”, explicó el parlamentario, argumentando que esto posibilita “una concentración del negocio en pocas manos”.
La iniciativa apunta a modificar la Ley de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio y a ajustar el procedimiento que instruye la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.
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