Santiago González del Ministerio del Interior dijo en el programa radial La voz de La Mañana que lo que empieza como un lugar de venta de drogas deriva en otros actos que pueden llegar hasta el homicidio; y cada boca que se cierra implica una caída del delito entre 12% y 22% en esa zona.
Santiago González dijo que su tarea como director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior consiste en tender un “puente entre el Ministerio y la sociedad civil para acercar la Policía a la sociedad y ésta a la Policía”, advirtió sobre los perjuicios que una boca de drogas causa en el barrio donde se instala, expuso los números de la actual gestión en el combate al delito y algunas de las tareas que se realizan para que las personas privadas de libertad puedan ser útiles después de cumplir con la pena establecida.
Al asumir el Gobierno encabezado por Luis Lacalle el 1° de marzo de 2020 “tomamos una situación muy complicada en materia de seguridad” con “índices que no paraban de crecer y el presidente con el ministro del momento que era Jorge Larrañaga plantearon que la Policía recorriera y obtuviera resultados”, comentó.
El primer resultado fue “frenar el aumento del delito que era algo que la gente no creía que se pudiera lograr. Después comenzamos a bajar todas las cifras de todos los delitos en todo el país: hurtos, rapiñas, homicidios. Y hemos llevado adelante dos años y medio con récords de todo tipo”.
Una de las piezas del éxito fue la creación de la Brigada Departamental de Drogas en los departamentos de Montevideo y Canelones. En eso “la Dirección de Convivencia tuvo un trabajo muy importante porque la sociedad civil tiene un problema muy grave con el tema de las drogas, el narcotráfico destruye los barrios y nosotros encarado esa situación de las drogas con una fortaleza muy importante”.
Para González, las bocas de ventas de pasta base “es el principal problema que tenemos” en Uruguay, “en cuanto a violencia” porque la adicción a esa sustancia llevó a “la creación de una enorme cantidad de grupos vinculados a la droga, y en cada boca que hay en el país, lo primero es la venta, pero no es lo único que viene con una boca, después viene el hurto y la rapiña porque allí hay receptación (comprar, recibir u ocultar objetos producto de un delito), después va a haber peleas porque hay gente que no pagó, después otro tipo de peleas por el territorio o por consumidores que quieren ir a comprar a otra boca” lo cual genera violencia y puede terminar también con la muerte de personas. “Muchos homicidios” han sido “por ese tipo de inconvenientes”, a pesar de haber tenido una “disminución constante” de ese delito, subrayó el jerarca.
Por tanto “estos dos años y medios” que lleva el Gobierno “fueron años muy buenos” porque “disminuyeron las rapiñas y el hurto que es el principal delito” que afecta a la sociedad, y además “se ha mantenido la disminución en la pandemia y después de la pandemia”.
Desde el Ministerio “queremos que la gente se sienta cuidada en todos los rincones del país y por eso estamos en cada lugar”, agregó.
Los números del Ministerio del Interior
González cuestionó que en 2012 el Frente Amplio eliminara las dependencias que combatan la droga y destacó que la nueva política ha tenido buenos resultados ya que con la creación de la Brigada Departamental de Montevideo y Canelones en 2021 se incautaron 1.196 kilos de pasta base, en 2020 fueron más de 600 kilos incautados y en 2019 sólo 100 kilos. “Pasamos de 100 kilos a 1.196, una cantidad que impacta en las organizaciones y en las bocas de pasta base”, que genera “disputas porque falta dinero dado que en 2020 también incautamos el récord de 17,5 millones de pesos y 750.000 dólares; tenemos récord de bocas de pasta base cerradas (1.152); récord de personas indagadas (4.673) y personas condenadas (1.465). Además, se incautaron 2.000 kilos cocaína y casi 2.000 kilos de marihuana”.
Esos logros son el resultado del trabajo conjunto de varias dependencias policiales -valoró- que “con muchísima información que se trasunta en inteligencia y con medios de escuchas y trabajos en territorio podamos llevar ante la justicia a una enorme cantidad de personas” que están delinquiendo.
En cada zona donde cerramos un aboca de pasta base, “el delito baja entre 12% y 22% y eso está medido por la Jefatura de Policía, por lo cual es muy importante continuar en este camino”.
González comparó los primeros 27 meses del Gobierno actual con los últimos 27 meses del Gobierno del Frente Amplio. “En ese período, nosotros tuvimos 741 homicidios y el Frente Amplio 905, que son 164 homicidios menos; tuvimos 10.900 rapiñas menos y 65.000 hurtos menos, por lo cual la disminución del delito ha sido importante”.
“El homicidio en sí es muy difícil de prevenir”, expresó: “La prevención es muy importante para rapiñas, hurtos, abigeatos, pero hay delitos donde esa tarea es más complicada como es la violencia doméstica y algunos homicidios”.
Recordó que a comienzo de año, en Rivera, hubo 8 homicidios, ante los cuales “la Policía actuó fuertemente” evitando que eso vuelva a pasar, “no ha vuelto a pasar, y en los siguiente meses hubo 3 homicidios, en un mes hubo cero y en otro un homicidio”.
Respecto al esclarecimiento, de esos 8 homicidios “se aclararon 7, los autores están presos” y se pudo determinar que el problema de esa violencia puntual se vinculaba a drogas relacionadas a Brasil.
Formar a los presos
González reconoció que mayor eficiencia en el combate al delito implica más personas en las cárceles. Sin embargo, “cuando una persona va presa comienza un problema” que “para nosotros es importante”.
En las cárceles “hay un trabajo muy poco conocido por la población (…), nosotros queremos que en las cárceles la gente tenga la oportunidad de poder cambiar, la oportunidad de tener las herramientas para eso, y que al salir tenga una vida distinta”.
Para lograrlo, “lo primero que se hizo fue ingresar (a las cárceles) el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) que no estaba en el sistema penitenciario, y lamentablemente hay muchos puntos en común entre adicciones, cárceles, situación de calle y refugios, y por eso era insólito que con 10 años de existía del Mides y no hubiera un seguimiento de las personas que recuperaban la libertad”.
Hoy en el sistema penitenciario “se realiza un trabajo de capacitación”, pero “hay que seguirlo afuera” porque hay personas que ingresan por robar y al salir quizá no tiene quien lo quiera, no tiene casa y es adicto. En esos casos, “al salir va a necesitar plata para su pasta base y va a terminar delinquiendo y ese circuito de calle y cárcel hace que nosotros debamos tener una política adentro y afuera”.
Con esa finalidad “el ministro (del Interior Luis A) Heber ha estado conversando para crear un espacio interministerial” vinculado a los barrios más difíciles y así “combatir el tema adicciones”. Esas conversaciones incluyen al Ministerio de Educación y Cultura, el Codicen, el Ministerio de Salud Pública, la Junta de Drogas, la Secretaría de Deportes entre otros organismos del Estado, “para encarar la prevención, porque nosotros agarramos a la persona cuando ya es adicta y el delito ya se cometió”.
Lo que se busa es que “la persona tenga mucho tiempo de rehabilitación y el plan Dignidad es una de las cosas más importante que se ha hecho en años”. También “estamos terminando la plataforma para el plan Dignidad Laboral para que las personas que sepan hacer algo o aprenden a hacerlas las pueda vender legalmente como una microempresa desde la cárcel y los ciudadanos puedan comprar desde sus casas”.
Esa es la forma en que se prepara a las personas privadas de libertad: “Cuando salgan van a salir con clientes, entonces la ecuación cambial”. Lo más reciente es el inicio del acuerdo entre Sembrando y L’Oreal que la semana pasada empezó un curso de 9 meses en 7 unidades de mujeres. Las personas privadas de libertad van a ser formadas para que “puedan trabajar en cualquier peluquería o hasta poner la propia. Estamos apostando al trabajo y el conocimiento de un oficio”.
Otro ejemplo es haber pasado de 2 o 3 hectáreas plantadas en todo el país a más de 120 hectáreas de mujeres y hombres que aprenden a usar el tractor, el laboreo, aprender a regar, plantar, cosechar, manejar los alimentos. Es un cambio que tiene que ser continuado”.
Finalmente, González valoró como muy positiva “la cadena educativa” en los centros de reclusión, algo que “viene del Gobierno anterior que trabajó muy bien” ese tema. A modo de ejemplo dijo que el jueves se inauguró un pabellón especial para estudiantes terciarios en la unidad 6 de Punta de Rieles con más de 200 personas privadas de libertad que estudian carreras terciarias”.
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