El director de Gestión Ambiental de la intendencia canaria, Leonardo Herou, dijo a La Mañana que los cortes de cursos de agua sobre el Río Santa Lucía por parte de dos empresas areneras, se habían detectado en octubre y las denuncias se realizaron hace algunas semanas.
“Lo que ahora estamos haciendo es un seguimiento no solamente en ese punto sino en otros a través de un plan de vigilancia. Los infractores ya fueron notificados de que estaban incumpliendo con la normativa vigente”, indicó Herou.
La intendencia de Canelones tiene una particularidad para la vigilancia área de las zonas donde se pueden cometer delitos ambientales. “Hicimos un acuerdo con un Aeroclub para poder volar y controlar nuestro territorio desde el aire, porque lo que se ve desde el aire muchas veces no se ve desde la tierra”, explicó. Fue mediante este procedimiento que se descubrieron las dos infracciones mencionadas.
Lo que se detectó fue la existencia de una alteración del curso de agua y de su entorno. “Canelones tiene normativa departamental, que es el plan de uso del suelo rural, especialmente los cursos de agua y dentro estos específicamente la Cuenca del Santa Lucía, con una normativa más exigente que la que se aplica a nivel nacional”, señaló.
Cualquier afectación de esas zonas que no cuente con la autorización correspondiente amerita una sanción, “pero más aún cuando se detectan que hay un impacto ambiental”.
Las dos denuncias, con el trámite de sanción por parte de la comuna canaria, no se deben únicamente a una actividad sin autorización, sino una actividad que estaba afectando el curso del agua y el entorno. La sanción a las empresas no está aplicada sino notificada y es de 2000 UR ($ 3,1 millones o US$ 79 mil). Cuando se termina el procedimiento administrativo se puede ratificar la sanción o se puede revisar.
Sobre la polémica de si estas empresas estaban sobre el Río Santa Lucia u otro curso de agua, Herou dijo que “se puede discutir si fue más allá o más acá, pero hay fotos y videos contundentes sobre el impacto de esto”. Explicó que en la zona en cuestión el río Santa Lucía “se abre como en dos brazos” que en una situación normal de lluvias no se percibirían como tales y ese tramo tiene un comportamiento intermitente donde no siempre tiene agua, y el curso principal lo toma el arroyo Vejiga.
“Para nosotros lo primero que tenemos que hacer es dar una señal clara, de que estas cosas no pueden suceder sean donde sea”, dijo. “Se va a actuar con firmeza ante actividades que se den sin permiso y dañen el patrimonio natural en Canelones. Estas actividades afectan una cuenca fundamental para el sur del país y el patrimonio natural en un contexto de crisis por la falta de lluvia”.
Por el momento son dos las empresas notificadas y dos padrones. Explicó que lo referente a la sanción está en proceso. “Lo que ha habido es la tipificación de la multa. O sea, se trasmitió a los involucrados por parte de la Intendencia, en el marco de la normativa departamental, de cuánto podría ser la multa. Este proceso tiene sus etapas y hay que ser muy cuidadoso. Ahora, el supuesto infractor debe presentar sus descargos y eso se evalúa. La multa está tipificada, pero todavía estamos en el proceso administrativo de aplicación”, acotó.
Cuando se consulta a Herou sobre si estas empresas estarían extrayendo arena del lugar, responde que lo que se puede decir es que “estaban realizando una actividad con maquinaria pesada, afectando el curso de agua y se había construido una caminería. También se afectó el embalse, con un represamiento del agua construido prácticamente con residuos como ser cubiertas y se afectó también el monte nativo”.
Ahora, para comprobar cuál era la real actividad “se deben evaluar los descargos de las empresas, porque incluso por parte de distintos actores se han manejado distintas posibilidades”.
Dar una señal
Este tipo de actividades lleva a que la sequía se agrave en la zona, porque según los informes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se viene con un déficit de lluvias desde 2019 y enero fue uno de los meses más secos.
“Lo que queremos en este contexto es dar una señal desde el gobierno departamental de que con el patrimonio natural hay que tener mucho cuidado. No vamos a permitir, amparados en la normativa departamental vigente, que haya actividades que generen estos impactos y que obviamente no tienen permisos”, dijo y agregó como ejemplo: “Tiempo atrás un bulldozer había arrasado con un monte nativo cruzando de un lado a otro del río en una bajante y aplicamos una sanción muy dura. Cerca del pueblo Bolívar, al noreste del departamento, una gran retroexcavadora realizó un arrastre de monte nativo con movimiento de arena y actuamos igual”.
Sobre la jurisdicción nacional, la comuna canaria le comunicó sobre lo acontecido al Ministerio de Ambiente y al de Transporte. Sobre este punto, el director de Gestión Ambiental explica que existen diferentes competencias, pero aclaró que hay una comunicación permanente con el Ministerio de Ambiente.
Las zonas en las que se detectaron las irregularidades se siguen controlando y no se han visto nuevas situaciones de infracción, aunque como otras zonas, siguen bajo la vigilancia aérea.
“Los últimos vuelos han pasado por ahí y se efectuó una inspección por tierra. Yo creo que parece importante resaltar que estas sanciones y otras aplicadas no son por la sanción en sí misma, sino dejar claramente establecido que cuando se da una actividad sin permiso y con alto impacto ambiental, deben ser sancionadas fuertemente. Se deben dar señales claras de reglas de juego, de que hay cosas que no pueden suceder y además de la sanción, deben de restaurar el lugar afectado” sostuvo.
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