El ministro del Interior, Carlos Negro, afirmó que hubo “un fracaso estrepitoso y continuado” en materia de seguridad durante los últimos 30 años, en un desayuno de trabajo de Somos Uruguay. Luego presentó su plan de seguridad en el Parlamento. Para profundizar al respecto, La Mañana se contactó con el especialista Edward Holfman, quien coincidió con la crítica a las gestiones anteriores y destacó que hace falta “una verdadera Policía comunitaria, más inteligencia policial y mayor participación de la comunidad”.
¿Qué opinión le merece el diagnóstico que presentó el ministro del Interior, Carlos Negro, sobre la situación actual de la seguridad pública en Uruguay? ¿Coincide con la calificación de “fracaso estrepitoso y continuado” de las gestiones anteriores?
El ministro Carlos Negro realizó un análisis con base de datos oficiales, información de sus asesores y su experiencia profesional, lo que le permite hacer un diagnóstico primario sobre la situación de seguridad en Uruguay. La seguridad se ha deteriorado en la región y Uruguay no es la excepción. En 15 años de gobierno del Frente Amplio, así lo reflejan los datos oficiales: todas las denuncias de delitos aumentaron, incluyendo los homicidios, llegando a un récord en el año 2018 de 420 homicidios. En el gobierno de coalición, las denuncias de delitos como hurtos, rapiñas y abigeato bajaron, mientras que los homicidios siguieron en aumento. La Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en la legislatura anterior dio apoyo al trabajo policial. El “fracaso estrepitoso y continuado” de estos 20 años al que hizo mención el jerarca, se ve reflejado en los homicidios, el narcotráfico, el lavado de activos y el sistema carcelario.
El ministro anunció que el plan nacional de seguridad se completará recién en mayo de 2026. ¿Qué opina al respecto?
El ministro Negro sigue con la estrategia de seguridad del gobierno de coalición. Con algunos matices ideológicos y partidarios, ha mantenido en sus cargos a directores del gobierno anterior en puestos claves, como por ejemplo el director Nacional de Policía. Así como nos sorprendió su nombramiento, creo que él también fue sorprendido con su designación. El año 2025 va a ser un año de análisis y diagnóstico para poder elaborar las estrategias de seguridad para 2026 y el resto del período de gobierno, con un nuevo presupuesto aprobado, nuevas leyes y la remoción de la cúpula policial para poder implementar esos cambios.
Negro afirmó que se han implementado 170 medidas y 60 operativos especiales en menos de dos meses. ¿Cómo se evalúa la eficacia de esas acciones en tan poco tiempo?
Hasta la fecha no se han publicado las 170 medidas de las que habló el ministro Negro. Sí se han publicitado diversos operativos policiales en todo el país. Las medidas que el ministro expuso, las presentó a diferentes actores políticos parlamentarios y jerarquías policiales. Esas medidas hacen referencia a temas como la reducción de la violencia y homicidios, el control de armas, la reforma del sistema penitenciario, la reestructura y el fortalecimiento policial, la tecnología, transparencia y participación ciudadana, la salud mental policial, la reestructura de la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana y los programas sociales comunitarios.
Una de las mayores preocupaciones de las autoridades actuales del Ministerio del Interior tiene que ver con la cantidad de homicidios. ¿Qué lectura hace usted al respecto? ¿Qué medidas deberían tomarse para combatir este flagelo?
Los homicidios son un grave problema no solo por las cifras, también por el grado de violencia extrema con el que se cometen. No es un fenómeno nuevo, sino que esta situación se arrastra desde hace más de dos décadas, y las estrategias que se han utilizado para enfrentarlo han fracasado. Los homicidios en Uruguay se pueden prevenir, pero no hay voluntad o decisión política. Hablan de reforzar el patrullaje con más policías, pero la cantidad de efectivos del Ministerio del Interior no ha parado de incrementarse en los últimos años y ese aumento no se ha visto reflejado en las calles con la presencia policial y más patrullaje. Hay que reestructurar y adaptar el sistema de prevención y represión del delito sobre la base de una verdadera Policía comunitaria, más inteligencia policial y mayor participación de la comunidad.
Las autoridades también destacaron el aumento de las estafas digitales. ¿Considera que la Policía actualmente está capacitada para enfrentar estos nuevos fenómenos delictivos?
El crimen muta y el corrimiento hacia las estafas es un hecho comprobable. En una década, las estafas aumentaron más de 1000% y se convirtieron en el tercer delito más denunciado después de hurtos y violencia de género. En 2024 se registraron 25116 estafas, de las cuales solamente se aclaró el 20%. La impunidad en este delito es muy alta, debido al uso de tecnología por parte de los criminales. La falta de denuncias y los recursos escasos y presupuestos limitados para la Policía y la Fiscalía, dificultan las investigaciones.
El ministro dijo que las cárceles “reproducen todos los delitos que hay afuera” y las calificó como ineficaces para la prevención. ¿Comparte este diagnóstico? ¿Qué reformas deberían impulsarse en el sistema penitenciario?
Las cárceles en nuestro país son verdaderas escuelas y universidades del delito. Un delincuente primario que ingresa por hurto o rapiña, en poco tiempo se reconvierte y aprende actividades delictivas más lucrativas como aquellas vinculadas al narcotráfico, por voluntad propia o por coerción de los grupos criminales presentes en las cárceles. Para mejorar el sistema penitenciario y obtener mejores resultados, se deben construir nuevas cárceles para terminar con el hacinamiento. Además, es necesario implementar una verdadera clasificación y segmentación de la población carcelaria en locales y celdas. A eso hay que sumarle una gestión penitenciaria profesional y fuera de la órbita del Ministerio del Interior. Y también son fundamentales las medidas alternativas a la prisión efectiva. La prioridad es la rehabilitación y la reinserción de las personas privadas de libertad.
¿Está de acuerdo con la crítica de la oposición de que el informe presentado por Negro tiene “99% de diagnóstico y 1% de anuncios”?
Esa es una práctica del sistema político de nuestro país, especialmente cuando de estar en el gobierno se pasa a ser oposición. Este comportamiento es una regla y lo único que hace es empobrecer el debate, y hace más difícil que se llegue a consensos o acuerdos para mejorar la seguridad. En las últimas dos décadas no hemos aprendido ni avanzado en políticas de seguridad pública y política criminal, a pesar de que es algo que la población en general le reclama al sistema político.
Por otra parte, me gustaría cerrar comentando que en Uruguay el 73% de las personas que son víctimas de algún tipo de delito no lo denuncian a las autoridades. Las cifras del Ministerio del Interior corresponden al 27% de los delitos que se denuncian en nuestro país (según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2017).
