La semana pasada, el ministro de Defensa anunció a legisladores de la comisión de seguimiento del proceso de compra de dos OPV para la Armada Nacional, que el llamado internacional a precios –por el cual se había seleccionado la oferta del astillero chino CSTC– quedó “desierto”. Además, informó que el Poder Ejecutivo ha comenzado negociaciones para adquirir tres buques usados de Noruega y que la Armada los está inspeccionando para evaluar los aspectos técnicos.
Los Buques de Patrulla Oceánica, conocidos internacionalmente como OPV (Offshore Patrol Vessel), son embarcaciones clave para que las armadas puedan ejercer su autoridad en el mar, particularmente en las Zonas Económicas Exclusivas y Plataformas Continentales. Estas embarcaciones suelen construirse en función de las especificaciones civiles y requerimientos militares de cada Estado, para que puedan desarrollar las diversas misiones que se les confiere. Estas son: control de las aguas jurisdiccionales (presencia y respuesta); fiscalización de las actividades pesqueras; lucha contra el narcotráfico, contrabando y tráfico de personas; control de la contaminación; operaciones de interdicción marítima; misiones de búsqueda y rescate; y participación en ejercicios y operaciones multinacionales.
En tal sentido, la Armada Nacional requiere OPV que posean capacidad de aeronave embarcada, armamento específico, dimensiones compatibles para su mantenimiento en diques nacionales, un sistema logístico integrado que asegure su operatividad, y un equipamiento y una tecnología acorde a la misión y a la autonomía requerida en el mar.
En el último aniversario de las Fuerzas de Mar, el integrante del Estado Mayor General de la Armada, capitán de navío (CG) Daniel Di Bono, señaló que la presencia de los buques de la Armada Nacional es “la manifestación visible de la autoridad del Estado” en el mar y expresó que es “impostergable” la incorporación de patrulleros oceánicos, “que le permitirá al Estado estar presente en el mar”. “Lamentablemente, si no hay presencia no habrá respuesta, y si no hay respuesta no existirá soberanía”, advirtió.
La necesidad de adquirir nuevos OPV para la Armada es un reclamo que los principales partidos políticos consideran pertinente desde hace casi una década; pero aún no se concretó, a pesar de haberse recorrido dos procesos de compra para ese cometido. El primero fue en 2014 y el último lo inició este gobierno en marzo de 2022.
Nuevo proceso, nuevas indefiniciones
El Poder Ejecutivo tomó la posta en este asunto y a fines del 2021 el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa Nacional, Javier García, anunciaron que el gobierno estaba dispuesto a hacer una “histórica” inversión –de aproximadamente US$ 100 millones– para la renovación de la flota naval de la Armada, que no cuenta con este tipo de embarcaciones desde la baja operativa de las antiguas patrullas oceánicas. García advirtió que Uruguay estaba “al borde de la indefensión en materia de protección de nuestros mares” y consideró “indispensable” invertir en los OPV, puesto que, de contar con este tipo de equipamiento naval, “empezamos a recobrar capacidades que estaban prácticamente tendiendo a cero en materia de ejercicio de la soberanía, de control de nuestros recursos naturales, en búsqueda y rescate, y en materia de cumplir la misión básica que tiene que cumplir la Armada Nacional”, dijo.
El jerarca informó en ese entonces que luego de “idear” en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una fórmula para recibir ofertas de astilleros y la forma de pago, se resolvió el mecanismo de “llamado a precios”. García explicó que se desarrollarían “dos procesos competitivos en paralelo”: uno para “patrulleros nuevos” y otro para la compra de OPV “eventualmente usados”. Aun así, “nuestra voluntad es –con el monto que tenemos destinado– ir por la primera opción, pero eso se verá de acuerdo a los procesos que se dan y las propuestas que vamos teniendo”, sostuvo. Más allá de los requerimientos técnicos navales que debía cumplir la oferta seleccionada, en el pliego se estableció como condición que uno de los patrulleros oceánicos debería entregarse a la Armada Nacional en junio de 2024. Un aspecto que tomó mayor relevancia a partir de que se comenzó a dilatar la decisión.
También se anunció la creación de tres comisiones que trabajarían “al unísono” en la definición de la compra: una comisión técnica, conformada por una decena de expertos de la Armada, una comisión asesora, con miembros de Defensa, el MEF y la Armada, y una comisión de seguimiento que informaría al Parlamento de todo el proceso de compra.
Esta última comunicó a los legisladores en mayo del año pasado que luego del proceso competitivo para la compra de dos OPV nuevas, en el que se ponderaron las ofertas de tres astilleros internacionales, la comisión técnica seleccionó el proyecto presentado por el astillero estatal chino China Shipbuilding Trading Company (CSTC), puesto que fue el único que cumplió con todas las especificaciones técnicas establecidas en el pliego (aunque las desestimados Kership de Francia y Damen de Países Bajos, recurrieron la resolución y cuestionaron varios aspectos del proceso).
Otras empresas directamente desistieron de participar al conocer ciertas “condiciones del llamado”, aseveraron varios medios especializados en defensa. Esto también consta en uno de los chats publicados del “caso Astesiano”, cuando el año pasado el exjefe de la custodia presidencial conversaba con Marcelo Acuña, exgerente de la empresa Vertical Skies y aparente representante de Hyundai Heavy Industries, sobre el avance del proceso de compra de las OPV y la negativa de participar del astillero surcoreano.
Parecía un tema laudado a favor de las OPV chinas (respaldado con el reciente acuerdo de cooperación en materia de Defensa entre la República Popular China y la República Oriental del Uruguay) pero la definición política se estancó en el segundo semestre. Luego de que el senador nacionalista Carlos Camy –presidente de la Comisión de Defensa– trasladara al Parlamento algunos cuestionamientos que a fines de agosto le habían llegado desde la Embajada de Estados Unidos, con respecto al negocio en puerta entre Uruguay y China por material militar, el asunto quedó en stand-by. En setiembre, García advirtió en la comisión de seguimiento del Parlamento que “hasta que el Poder Ejecutivo no tome la decisión”, no había “ninguna resolución”.
El 15 de noviembre del año pasado, en su discurso por el Día de la Armada Nacional, el comandante en jefe de ese destacamento, Jorge Wilson, reconoció el “importante esfuerzo del Estado” para comenzar con “la tan necesaria renovación de la flota” y explicó que el proceso de adquisición de las OPV se encontraba en su “etapa final”, “faltando únicamente la decisión política respecto a la opción que se elija”, indicó.
La opción nórdica
Tras varios meses de hermetismo y nula información oficial acerca de la decisión que tomaría el Poder Ejecutivo, representantes del gobierno chino hicieron llegar sus inquietudes al gobierno uruguayo por la indefinición en la compra de las dos OPV. Desde julio de 2022, el especialista en defensa, Javier Bonilla, manejó en sus publicaciones del portal defensa.com la posibilidad de que el gobierno declarara “caduca” la convocatoria a precios y termine inclinándose por “material recientemente desprogramado” por otras naciones –una alternativa manejada desde el principio por el Ejecutivo–. En efecto, una publicación del portal infodefensa del 9 de noviembre dio cuenta del interés del gobierno en adquirir buques usados ofrecidos por Noruega.
La noticia se confirmó el pasado 31 de enero cuando el ministro de Defensa concurrió a la comisión de seguimiento del Parlamento a comunicar que la decisión del Poder Ejecutivo era declarar “desierto” el proceso por el cual se había seleccionado, en un principio, la opción de los OPV de origen chino y que, en cambio, se definieron por “explorar seriamente” un ofrecimiento de Noruega por tres buques clase Nordkapp (botados entre 1981 y 1982) que la Guardia Costera de ese país está por dar de baja. Según informó García a los legisladores y luego a diferentes medios de prensa, la decisión tomada por el gobierno respondió a criterios “económicos”, puesto que las ofertas recibidas en el llamado a precios “superaron significativamente” el monto que el gobierno tenía previsto invertir en los OPV, sea por la vía de nuevos o de los usados. La oferta de CSTC, que ganó el proceso competitivo, tenía un precio de US$ 161.480.000 en total entre las naves, sistemas y mantenimiento. Mientras que los buques noruegos le costarían al Estado unos US$ 30 millones más otros gastos a definir.
Consultado por La Mañana, el subsecretario de Defensa, (CR) Rivera Elgue, informó que el director de Secretaría, Fabián Martínez, viajó a Noruega con la misión de “encausar la posibilidad de esa negociación”, pero advirtió que “primero hay que hacer una evaluación técnica de los buques, para ver en qué estado están”. Aseveró que se harán “inspecciones profundas” para ver si las naves “cumplen los requisitos que habíamos establecido en el formato del llamado que hicimos para buques usados”.
El subsecretario explicó que se analizará si esta opción “es viable técnicamente”; puesto que los expertos deberán “revisar” mediante “un análisis profundo y detallado”, “el equipamiento que tienen y el estado de condiciones que presentan”; para luego “ver si hay que equipar o cambiar” algo, y “cuál es el costo” de esas modificaciones, indicó.
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