El proceso de adquisición de dos buques OPV para la Armada Nacional está demorado y cuestionado por una de las empresas que resultó desestimada. La holandesa Damen solicitó que su oferta sea reevaluada, que se descalifique a la empresa china y, además, que se levante la confidencialidad de las propuestas para los participantes.
La Armada Nacional reclama desde hace años incorporar nuevas embarcaciones para realizar operaciones oceánicas de búsqueda, rescate y patrullaje contra la pesca ilegal. Para dichas tareas, la Armada actualmente cuenta con antiguas y vetustas naves.
“Son buques viejos que exponen a nuestra gente”, aseguró el comandante en jefe de la Armada, el Almirante Jorge Wilson, a mediados de noviembre, durante su discurso oficial por el 204° aniversario de la fuerza. En esa ocasión, advirtió al sistema político presente (entre ellos el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa Nacional, Javier García) que “es imprescindible e impostergable la renovación de nuestra disminuida y envejecida flota naval”. Fue en ese momento que García confirmó la llegada a Uruguay de tres lanchas provenientes de Estados Unidos para mejorar el patrullaje fluvial del río Uruguay, desde Montevideo hasta Paysandú, al tiempo que se comunicaba que la Armada estaba en la etapa final de la redacción de un pliego para adquirir buques patrulleros marítimos denominados Offshore Patrol Vessels (OPV).
El anuncio se hizo oficial el pasado 16 de diciembre, cuando el presidente Lacalle Pou informó sobre la intención de comprar dos buques de Patrulla Oceánica para la Armada Nacional, para lo cual se abrió un llamado de precios y se conformó una comisión técnica, una comisión asesora (con miembros del Ministerio de Economía y el de Defensa) y una comisión de seguimiento integrada por representantes de todos los partidos políticos. Respecto de la compra directa por excepción asesorada, el ministro de Defensa sostuvo que “es un proceso histórico por el volumen de la inversión (que estimó cercana a los US$ 100 millones) y por la calidad de los buques que se van a adquirir”.
Lacalle Pou recordó una declaración del Poder Legislativo del 2014, en la cual se estableció, por unanimidad, la necesidad de comprar determinado equipamiento, en este caso, las patrullas oceánicas, conocidas como OPV”, y dijo que en ese momento la comisión de Defensa había recibido propuestas de varias empresas (en esa instancia la de China Shipbuilding Trading Co quedó tercera detrás de las de Lurssen y Fassmer).
El presidente remarcó en la conferencia que esta inversión “no solo hace a la vocación de la Marina, a la vocación de las Fuerzas Armadas, sino va mucho más allá, es una necesidad imperiosa para el cuidado de nuestros mares que hoy, lamentablemente, no podemos cumplir esa misión debido a la escasez de equipamiento”, indicó Lacalle.
“El talón de Aquiles nuestro hoy es la falta de medios para trabajar en el ambiente oceánico, pero una fragata es inaccesible para la Armada, por lo cual el OPV es la solución más económica, con un costo del entorno de US$ 40 millones a US$ 80 millones, e incluso de segunda mano que son más baratos”, había asegurado Wilson a Búsqueda en noviembre pasado, y además informó que la Armada se encargaría de la evaluación técnica. “Vamos a recomendar de las opciones ofrecidas cuál nos da mejores capacidades”, para que luego el Poder Ejecutivo defina la operación, expresó. “Los mensajes que me ha dado el ministro y el Poder Ejecutivo hace que sea muy optimista de que en este período de gobierno vayamos a tener una renovación muy importante de los medios navales”, manifestó el comandante en jefe de la Armada, haciendo referencia también a las tres lanchas Protector que serán transferidas por Estados Unidos a Uruguay, en un viaje que se espera hacer en las próximas semanas.
Baja de flota limita la capacidad de combate y patrullaje
Distintos medios especializados confirmaron que la Armada tiene previsto dar de baja varias embarcaciones en agosto de este año. Entre ellas un buque hidrográfico, dos patrulleros costeros y la fragata ROU01 Uruguay que “es el último buque con ciertas –aunque limitadas– capacidades bélicas”, señaló Javier Bonilla en el portal defensa.com.
Los patrulleros costeros ROU 10 Colonia y ROU 12 Paysandú se retirarán de servicio; y se suman a la baja operativa del ROU 4 Artigas, en reparación desde 2019, y a la del ROU 22 Oyarvide, cuya remotorización tiene un costo de US$ 180 mil, que la Armada no tiene previsto invertir, aspecto que llama la atención, según señaló Bonilla, dado que el Oyarvide, construido como navío remolcador de altura y SAR en 1966 para la Marina alemana, (“que ha sido fundamental en los relevamientos de las aguas costeras, vías de navegación, aguas jurisdiccionales y plataforma continental uruguaya”), tiene su gemelo, el A-1458 Fehmarn, aún en servicio en Alemania. Sobre la desprogramación del Oyarvide, “la misma resulta especialmente llamativa en el actual contexto en el que, aunque de fondos extrapresupuestales, Uruguay parece disponerse a erogar más de US$ 200 millones en dos unidades OPV”, indicó.
Con la baja de la ROU 1, quedarán como únicos buques de características militares los barreminas clase Kondor II que actualmente no cumplen esas funciones porque fueron reconvertidos a patrulleros costeros, explicó el experto. Bonilla advirtió que ahora la capacidad de combate de la Armada “quedará postergada” hasta que se defina la compra de los patrulleros oceánicos conocidos como Offshore Patrol Vessel (OPV).
“Nosotros hablamos hace unos años, cuando éramos legisladores e integrábamos la Comisión de Defensa con el presidente, que el Uruguay estaba al borde de la indefensión en materia de protección de nuestros mares”, justificó el ministro García, respecto de lo indispensable que era invertir en estos dos patrulleros oceánicos. De contar con este equipamiento, “empezamos a recobrar capacidades que estaban prácticamente tendiendo a cero en materia de ejercicio de la soberanía, de control de nuestros recursos naturales, en búsqueda y rescate, y en materia de cumplir la misión básica que tiene que cumplir la Armada Nacional”, reconoció el titular de Defensa.
Respecto al proceso de compra de los OPV iniciado en marzo, según dijo el propio García, el pliego establecía que la entrega de la primera de las dos embarcaciones debería efectuarse en junio de 2024, por lo que la firma del contrato debería estar pronta al menos 48 meses antes de esa fecha, que es lo que demorarán los armadores en construir y acondicionar cada buque, aseguraron varios expertos en la materia. Hoy, ya vencido ese plazo, hay más dudas que certezas sobre la compra de los OPV.
Empresa de Países Bajos cuestiona proceso de compra de dos OPV
Según informó El Observador, los informes técnicos elevados por la Comisión Técnica Asesora al ministro de Defensa concluyeron que solo la propuesta de la empresa China Shipbuilding Trading Co. cumplió con las exigencias del llamado. No obstante, la empresa Damen (una de las dos empresas –la otra es la francesa Kership– cuyas ofertas fueron desestimadas) rechazó dicha resolución e interpuso dos recursos. En estos denuncian irregularidades en el proceso y en los informes realizados por el Ministerio de Defensa, en los que la cartera recomienda la compra de los OPV de origen chino destinados a la Armada por una suma de US$ 200 millones. La empresa Damen solicitó que su oferta sea reevaluada, que se descalifique a la empresa china y, además, que se levante la confidencialidad de las propuestas para los participantes.
Graciela Ruocco, profesora grado 5 y directora del Instituto de Derecho Administrativo de la Universidad de la República, fue la responsable de presentar los escritos ante el ministro una vez que finalizaron los trabajos de las comisiones. En esos documentos, Damen manifestó su desacuerdo con el trabajo de las dos comisiones y subrayó que es “incorrecto” que hayan incumplido ítems excluyentes como se enuncia en los informes técnicos. “La comisión técnica comete errores en el análisis” por lo que “queda la duda razonable para considerar que la misma comisión ha evaluado mal también la oferta de China Shipbuilding Trading Co.”, dice en uno de los escritos que presentó Ruocco.
La empresa de los Países Bajos cuestionó fuertemente a la Comisión Técnica Asesora por “fallas y omisiones varias, comprensión lectora dudosa o simple lectura errónea de los pliegos, escaso conocimiento de normativa jurídica, nacional o internacional, y hasta buenas prácticas en la industria naval internacional, cometiendo graves errores de evaluación de conceptos, perjudiciales a algunos de los oferentes, particularmente”.
Asimismo, según afirmó el especialista Javier Bonilla “se constató una actuación deficiente en la faz administrativa, generando una confusión –interna y externa– entre los conceptos de «compra directa y licitación contradiciendo la normativa vigente, la que incluso parece haber diluido en los últimos meses la clasificación de parte de estos procesos como ‘secretos’, en aras de una nueva normativa aún no concretada”. Problemas que “aún no se sabe si se originaron por prisa, falta de información, presiones o discrecionalidades varias”; no obstante, el fabricante holandés ha solicitado formalmente que se levante inmediatamente el secreto de las actuaciones navales y ministeriales o se congele este proceso que, de hecho, fue intervenido por el Ministerio de Defensa al solicitar la intervención vinculante al Tribunal de Cuentas de la República para analizar las distintas posibilidades contempladas en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) uruguayo, que es el documento que regula todas las adquisiciones estatales y aspectos conexos.
Según mencionó Bonilla en sus artículos del portal defensa.com, las empresas europeas desafectadas están molestas por lo que parece ser “un claro favoritismo a favor de la opción por los OPV de factoría china para la Armada Uruguaya, en el contexto de la cual, un grupo de oficiales navales parece dictaminar acorde a determinada impronta geoestratégica inducida claramente más desde la esfera política que de aspiraciones propiamente tecnológicas”, apuntó.
Bonilla advirtió que “no es menor el detalle” que el Senado de la República haya decidido que vuelva a estudio de la comisión el proyecto de ley por el que se establecía un Acuerdo entre Uruguay y la República Popular de China sobre cooperación en materia de defensa, el cual había sido aprobado unánimemente el pasado 1º. de junio por los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. “Si bien no es totalmente determinante, debilita el contexto de una probable elección de los buques asiáticos”, y más aún, por “la simultánea ralentización de un anunciado Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones”, consideró el experto en Defensa.
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