Un decreto del Poder Ejecutivo del 8 de agosto del 2023 cambió las reglas dentro del mercado energético nacional y llevó a que los clientes más grandes de UTE puedan contratar suministro de energía a los privados. Esto publicamos en nuestro medio en el número del 16 de agosto de aquel año. Hoy, casi 12 meses después, Enrique Pées Boz, exdirector de UTE por Cabildo Abierto, reafirmó que la empresa de energía del Estado está cada vez más privatizada.
El 30 de diciembre de 2023, Montevideo Portal publicaba la noticia de que casi el 90% de la energía generada en Uruguay ese año provenía de fuentes renovables, dato provisto por la Administración del Mercado Eléctrico (ADME). En concreto, el porcentaje se dividía en energía eólica (39,6%), hidráulica (28,1%), biomasa (9,3%), térmica (7,8%) y solar (3,7%). A su vez, el porcentaje restante correspondía a lo importado de los países vecinos: 11,3% de Brasil y 0,2% de Argentina.
Ahora bien, ¿a qué costo se alcanzaron esas cifras? Pées Boz llevó adelante un análisis al respecto y realizó algunas consideraciones que surgieron de leer el sitio web de ADME, donde se indica como misión “permitir la ejecución de los contratos libremente pactados entre las partes, entendiendo por tales a los generadores, distribuidores y grandes consumidores”.
Frente a esa afirmación, el cabildante se cuestionó: “¿Será aquí donde nace la idea de los contratos PPA en la primera década de este siglo, que a través del director de Energía que la preside, sube al MIEM, del Poder Ejecutivo pasa al Legislativo, que aprueba con limitaciones, y que finalmente el directorio de UTE, desconociendo dichas limitaciones, contrata a precios y plazos irracionales entre 2012 y 2018 y que representan un gasto de US$ 600 millones anuales, que son más del 50% de los costos operativos de UTE?”.
Pées Boz sumó la necesidad de agregar que los precios por el uso por los generadores privados de las líneas de trasmisión y distribución de UTE no las determina la empresa pública, sino que se las impone la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).
Otra de las misiones de ADME es “despachar la demanda requerida, teniendo en cuenta la optimización del SIN, en base al reconocimiento de precios de energía y potencia según criterios y valores establecidos en la Ley 16.832”. En ese sentido, Peés Boz dijo que la gerencia Despacho de Cargas efectivamente es una gerencia de UTE, con funcionarios de UTE, pero dirigida por ADME, donde de cinco directores, los generadores privados y los grandes consumidores, tienen dos puestos, mientras UTE tiene uno solo.
La ley de creación de ADME, N.º 16.832, de 1997, establece que está dirigida por una comisión de tres miembros nombrados por el Poder Ejecutivo. La privatización del mercado eléctrico y su administración comenzó en la primera década del presente siglo, con el Decreto 278/002 donde surge el reglamento del mercado eléctrico, y en el año 2003 se integran al directorio de ADME los dos representantes privados.
“Y ahora, muy probablemente con el mismo origen –ADME–, el actual gobierno aprobó en agosto 2023 el Decreto 242/023, facilitándole a los mismos o colegas de los generadores privados y grandes consumidores que acuerden y salgan de UTE, transformando la costosa obligación que si UTE mantiene la ‘potencia firme’ (24 horas diarias de provisión de energía eléctrica), por reglas estadísticas y recurrir a un mercado spot que ofrece energía a valores cercanos a cero, consecuencia de los excedentes y condiciones impuestas a un mercado alejado de la competitividad y perfección por los contratos PPA”, analizó el entrevistado.
En síntesis, Pées Boz dijo que ADME y Ursea son funcionales a una privatización selectiva del mercado eléctrico, donde los sectores rentables (515 grandes consumidores y generadores privados) acuerdan y dejan al resto de los 1.600.000 usuarios (familias y pymes) pagando los costos de medidas de Estados que promocionan la rentabilidad y sustentabilidad de específicos negocios privados. “Resultado lógico: las tarifas más caras de la región, que lo serán aún más si UTE pierde a sus 515 grandes consumidores, algo más de 350 millones de dólares anuales de sus ingresos. ¿Cómo compensará esta pérdida de un 16% de dichos ingresos? Respuesta: tarifas más caras. Conclusión: el apoyo de los Estados a los negocios privados los pagamos nosotros”.
Cobrar sin producir
Desde agosto de 2023 que Pées Boz denuncia estos hechos y el riesgo que corre UTE y la población, el 9 de mayo el directorio de UTE aprobó –con su voto en contra y su renuncia al cargo– una rebaja voluntaria a 47 grandes consumidores “para que no se vayan”. Aseguró que, voluntariamente, UTE y los usuarios empezaron a sentir los efectos “nefastos” del decreto que “oportuna e insistentemente pronosticamos, recibiendo de parte del entonces ministro del MIEM la calificación de hacer terrorismo delirante”.
Agregó que se opuso a la resolución que le cuesta a UTE US$ 600 millones anuales por la rebaja. “No son estos pocos dólares, sino el agujero negro que se abre frente a este eventual proceso extorsivo de los restantes 500 grandes consumidores y algunos medianos que se estarán preguntando ¿por qué a mí no?”, reflexionó.
El exdirector de UTE indicó que la peor alternativa es lo que viene ocurriendo en lo que va del siglo XXI en el Uruguay, con sucesivos gobiernos asegurándole a específicos grupos privados, vía la firma de contratos PPA con cláusulas leoninas, negocios muy rentables, sustentables por dos o tres décadas y sin riesgo comercial. “Ya que la UTE queda obligada a comprar todo lo que producen e incluso pagar la energía no producida cuando se les pide que no produzcan por exceso de receptividad, llamadas estas últimas ‘restricciones operativas’, posibilitándoles a los generados privados, según los contratos PPA firmados entre 2012 y 2018, cobrar sin producir”.
“¿Existe en el mundo negocios más ventajosos y lucrativos? Felices los que los consiguieron. Lamentablemente somos nosotros los que los seguiremos pagando por 20 años más en las tarifas de UTE”, sostuvo el entrevistado.
¿Qué se puede hacer?
El entrevistado dijo que se necesita una eventual rebaja de los costos de los generadores privados con contratos PPA por 20 años más. Los precios que UTE paga y carga en las facturas de energía eléctrica son de US$ 130 la unidad fotovoltaica, pero cuestan US$ 30, y energía eólica paga US$ 95, pero cuesta US$ 40. “Esto suma los más de US$ 600 millones anuales que se traslada luego a las tarifas. Aseguró que UTE ha intentado negociar, con estrepitoso fracaso, ante la lógica resistencia de los generadores privados y de los Fondos de Inversión Internacionales a perder el gran negocio conquistado entre los años 2012 a 2018”.
Pées Boz aseguró que el decreto 242/023 de 2023 tiene “nefastas consecuencias sobre los bolsillos de familias y pymes, en la medida que favorece aún más la privatización selectiva del mercado eléctrico en desarrollo en este siglo: el botín de lo rentable de la cartera de clientes de UTE para unos pocos empresarios privados; el resto de los 1.600.000 usuarios de UTE seguiremos pagándole a la empresa pública responsable de atender carenciados y bonos sociales, entre otros compromisos, mientras sigue pagando a los mismos generadores privados que sin riesgo comercial, y a precios y condiciones leoninas, seguirán disfrutando de su excelente negocio”.
En ese sentido expuso que sí existe solución para evitar que las tarifas caras lo sean aún más: la derogación del decreto. “Los gobiernos anteriores que generaron los contratos PPA y el actual, que en una misma línea privatizadora lo firmó, tienen la oportunidad de pensar en nuestros bolsillos y evitar que sigamos siendo un país caro”, expresó el entrevistado.
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