El abogado enfatizó en la necesidad de modificar la Ley Concursal para que funcione de manera eficiente, más allá de los cambios transitorios por la pandemia. El experto planteó también la importancia de mejorar los sistemas preventivos.
La pandemia ha impactado directamente en la economía, generando dificultades para muchas empresas. Como especialista en derecho concursal, ¿cree que habrá un efecto también en esa materia?
Uno puede imaginarse que podrá haberlo, pero no está claro. De momento, lo que se sabe es que desde que se levantó la feria judicial hubo nueve concursos nuevos declarados. No es una cantidad demasiado significativa, pero puede deberse a muy diversas situaciones.
¿Por ejemplo?
Una explicación es que hubo feria judicial hasta hace tres semanas, entonces no se dio trámite a nuevas demandas y ni siquiera las que estaban en curso pudieron continuar. Eso impacta directamente sobre las ejecuciones individuales, no hay embargos, no hay ejecuciones de hipoteca ni de prendas, que son los motivos que llevan a un deudor a pedir concurso.
A su vez, mientras el Estado renueve los seguros de paro, el empresario puede mandar al seguro a sus trabajadores, reestructurar temporalmente sus gastos y sobrevivir. Entonces, si un componente fundamental de gastos que son los salarios no los tiene que pagar en su totalidad, y además no hay ejecuciones, no tiene ningún apuro por pedir el concurso.
Incluso ahora que se levantó la feria judicial sanitaria, hay un esquema complejo para presentar la solicitud de concurso; tiene que agendarse y le dan hora para dentro de una semana o 10 días. Antes de esta situación era más sencillo, inmediatamente se le daba trámite.
Por eso hay que esperar un poco más y ver qué pasa en las próximas semanas para tener un panorama más certero de qué está sucediendo. Además, ¿qué va a pasar cuando el Estado deje de renovar los seguros de paro? Puede ser que eso genere una avalancha de concursos.
¿Considera conveniente adecuar transitoriamente la Ley Concursal, ante la problemática económica que están sufriendo las empresas, que es lo que se está planteando a nivel parlamentario?
La adecuación de las normas concursales se está dando en todo el planeta. Lo que tenemos hoy, que tiene entrada en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, son algunos proyectos de carácter meramente transitorio. Esto es, soluciones para aplicarse durante el estado de emergencia, más un período de tiempo que ronda los 120 días, más otros 60 días a disposición del Poder Ejecutivo. No digo que esté mal, es una buena idea, pero probablemente sea el momento de hacer modificaciones de más largo alcance.
Quiere decir que no va a ser suficiente con esa adecuación.
No. La Ley Concursal es del año 2008. Quienes trabajamos en esto sabemos cuáles son las cosas que no funcionan o que podrían funcionar mejor, tal vez con cambios menores. En esta situación se hace necesario mejorar los sistemas preventivos. Los acuerdos preventivos que se llevaron adelante en los últimos 10 años se cuentan con los dedos de una mano. Eso demuestra que algo está fallando. Sería muy interesante tener una herramienta eficiente, preventiva de los concursos, que permita llegar a acuerdos entre deudor y acreedores antes de que la insolvencia sea irremediable y haya que entrar en un proceso concursal.
“Sería muy interesante tener una herramienta eficiente, preventiva de los concursos, que permita llegar a acuerdos entre deudor y acreedores antes de que la insolvencia sea irremediable y haya que entrar en un proceso concursal”
¿Por qué no funciona la ley vigente?
No funciona por detalles. Cuando los legisladores dictan normas tan complejas como estas, prevén soluciones que en la práctica no todas funcionan o hay que hacerles algún ajuste. Tener soluciones para la preinsolvencia sería muy importante en esta instancia. En las iniciativas que están en la Cámara de Diputados hay alguna cosa tímida en ese sentido.
En todo el mundo existen procedimientos pensados para que los deudores, sobre todo, empresarios pequeños y medianos, puedan resurgir después de que se liquiden todos los activos en un concurso. Eso es fundamental pero no existe en nuestra legislación.
De lo que está a consideración de la comisión, no todo es realmente relevante o tal vez no tenga el impacto que se cree que va a tener. Hay un proyecto que mandó el Colegio de Abogados en el que se propone que no se les dé trámite a las solicitudes de concurso necesario. Se llama concurso necesario al solicitado por un acreedor u otros interesados, por contraposición al voluntario, que pide el propio deudor.
El año pasado hubo cinco concursos necesarios, por lo tanto, el artículo que se refiere a eso no arregla el problema. No es que esté mal, está bien, pero no soluciona nada.
Luego, se establece que el cumplimiento del convenio no supondría necesariamente la liquidación como supone hoy, por este período. Está muy bien, pero en la realidad los convenios se cumplen poco y nada, y los acreedores muchas veces se desinteresan, ni siquiera piden la liquidación porque si no toman la iniciativa de denunciar que se está incumpliendo el convenio para que se tramite la liquidación, no pasa nada. Entonces, con eso tampoco se va a ningún lado.
Esos artículos están bien, pero no serán suficientes si viene una avalancha de concursos, y si no viene tal avalancha, son innecesarios.
¿Se puede prever que va a pasar eso?
Faltan elementos para poder hacer un análisis desde ese punto de vista, pero uno puede suponer que va a haber muchos empresarios en situaciones de insolvencia y por lo tanto muchos se verán compelidos a solicitar el concurso.
Hay otra propuesta de la Asociación de Peritos Contadores del Uruguay que es complementaria al proyecto que presentó el Colegio de Abogados y tiene algunas soluciones que podrían tener mayor impacto.
Si realmente se quiere frenar una avalancha de concursos, si es que eso fuera a suceder, se tienen que suspender las ejecuciones, del mismo modo que sucedió durante la feria judicial. Yo frenaría –y sé que está así en el proyecto- las ejecuciones de hipotecas y prendas sobre activos que sean esenciales para la empresa concursada, porque si el bien hipotecado es la fábrica o si el bien prendado son las máquinas, tiene que cerrar. Eso es lo que lleva al empresario a presentarse a concurso.
Si se pretende darle un aire a la economía, a los empresarios –sobre todo pequeños y medianos, que son los que se ven más afectados-, para que resurjan cuando la actividad retome, se tienen que frenar las ejecuciones.
Por lo que dice, entonces, habría que hacer varias modificaciones para garantizar el buen funcionamiento de la ley.
Hay mucha cosa para modificar, para que funcione en forma eficiente. Hoy la Ley Concursal no satisface a nadie, porque el concurso le genera un estigma al deudor; al otro día que solicitó el concurso, se entera el mercado y se queda sin crédito, y eso es por mucho tiempo. Si lo supera, tampoco va a recuperar el crédito. Entonces, el deudor se ve en una situación complicada si concursa porque el régimen concursal es muy severo. Tampoco es una gran solución, es un paso desesperado, es lo último que le queda.
Cuando se dictó esta ley en 2008, se pensaba que el concurso podía permitir llegar a determinados convenios en un plazo rápido, y que si no se llegaba a ningún acuerdo se liquidaban rápidamente todos sus bienes y los acreedores podían cobrar. Eso no está funcionando de manera eficiente y está empezado a ser percibido por deudores y acreedores, que no se lanzan al concurso porque no les sirve. A los acreedores no les interesa pedir el concurso, porque no van a cobrar nada.
Y tampoco hay tantos. El año pasado hubo 80 concursos, no es un número tan elevado. Aquí íbamos 10 decretados antes de la feria y ahora nueve. De momento es muy poca cosa. En el fondo creo que los demás actores se están dando cuenta de que la ley no tiene un funcionamiento eficiente, lo cual es malo; se supone que el concurso permite una liquidación ordenada, con una satisfacción de los créditos con un criterio equitativo.
Lo que hay que arreglar son ajustes técnicos, no se necesita una nueva ley. Si llegamos a tener un problema generalizado de insolvencia empresarial, ¿tenemos el instrumento adecuado? No lo tenemos y sabemos dónde están los defectos. Hay suficiente experiencia de aplicación como para saber qué es lo que no funciona. Cómo se arregla es claro, pero tiene que haber voluntad política.
