El director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, señaló que esta medida beneficia a las grandes empresas, acentúa la brecha entre medios grandes y chicos e impacta negativamente en la industria audiovisual uruguaya.
El Decreto 389/020 -promulgado el pasado 31 de diciembre- prorroga hasta enero de 2022 el pago de renovaciones de las licencias, que regía desde enero de 2020. Según manifestó Gómez a La Mañana, esta medida anticipa lo que está previsto aprobar con la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que estudia la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados: eliminarlo definitivamente.
A Gómez le llamó la atención la fecha del documento, mas no así su contenido. “El decreto no es sorpresivo, porque el proyecto de ley que envió el herrerismo al Parlamento ya lo elimina, entonces, lo que están haciendo ahora es que por decreto se postergue el pago, de forma tal que da tiempo a que se apruebe la ley y ese aporte se elimine definitivamente”, aseguró el investigador de medios.
“Un decreto no puede eliminar a la ley vigente, pero puede postergar el pago hasta que se apruebe la nueva ley de Medios”, explicó el director de Observacom.
Este cambio, según Gómez, genera un “problema administrativo” para la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) debido a que, a partir de esta nueva disposición, “las empresas están reclamando que le devuelvan lo que pagaron, porque el decreto dice que no hay que pagar hasta enero de 2022”.
Grandes empresarios de medios: los más “beneficiados”
Gómez hizo hincapié en que este gobierno “ha dicho públicamente que va a tomar en cuenta los reclamos de los grandes empresarios de medios”, y que ha elaborado proyectos de ley en consulta con los empresarios. Incluso, “algunos han participado de la redacción de la nueva ley de Medios”; por lo que cree que esto forma parte de una “nueva política de relacionamiento con los medios” que, hasta la aprobación de la ley actual, “nunca habían pagado nada”.
La ley vigente prevé una “progresividad” en la aplicación, por lo cual, los medios chicos no pagan casi nada -radios del interior, por ejemplo- pero sí deben pagar más los grandes medios y las televisoras, en función de la cantidad de abonados.
Que esta medida del Poder Ejecutivo “beneficia” a los grandes medios, para el especialista es un dato “objetivo”, “porque efectivamente, como la ley establece progresividad en función de la cantidad de abonados, por ejemplo, Direct TV, Clarín, Nuevo Siglo, TCC y Montecable son los que tienen que pagar más”.
“Uno puede pensar perfectamente que lo del covid-19 parece ser un argumento razonable, pero en mi opinión es un pretexto, porque en realidad ya tienen planteado que esto se elimine”, añadió Gómez. Además, “por más que se exonere el pago -en muchos casos millonario- eso no ha significado un beneficio para los trabajadores de esos medios”, señaló. Asimismo indicó que sería “una cosa razonable y legítima” una política de exoneración fiscal por parte del Estado, “si sirve para que la empresa se mantenga y pueda preservar fuentes de trabajo”, pero advirtió que no es el caso, ya que “empresas de TV paga echaron a un montón de trabajadores”.
“Este fondo venía a sumar otro tanto -la ley del Cine tiene un fondo de US$ 1.300.000- para una industria que lo necesita”, opinó Gómez
Impacto negativo para el sector audiovisual
La actual ley de Medios estipula que, con lo que se recauda a las empresas de televisión por cable que pagan una licencia anual, y los medios de radio y televisión abierta que pagan por el usufructo de diferentes espectros, se creara un Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual.
Para el especialista en temas de medios, dicho fondo “era un aporte para darle un valor agregado a una industria importante que crece. Este fondo venía a sumar otro tanto -la ley del Cine tiene un fondo de US$ 1.300.000- para una industria que lo necesita, que es buena para el país, porque lo posiciona a nivel internacional, tanto en identidad cultural como en fuentes de trabajo”, remarcó.
Gómez cuestionó que, durante cinco años, el gobierno anterior tampoco lo aplicó, y solo empezó a cobrarlo a partir del 1° de enero del 2020. “Nos perdimos varios años de recaudación para un fondo que, para mí, era muy importante”. Indicó que (según informó uno de los directores de la Ursec) se cobraron unos $ 8,5 millones, para ese fondo del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Afirmó que algunos medios pagaron durante 2020, pero “ninguno de los medios grandes pagó, solamente presentaron recursos judiciales y decidieron no pagar, incumpliendo la ley e incumpliendo el Decreto (160/019)”.
“Solamente por no pago de licencias, DirecTV, Cablevisión, Clarín y los cables de Montevideo y Equital (vinculados a los canales 4, 10 y 12) se ahorran unos US$ 700 mil anuales en total”, aseguró Gómez, días atrás en su cuenta de Twitter.
El experto concluye en que este decreto genera un “impacto doble”. Por un lado, “es un beneficio para los grandes empresarios de medios que han hecho mucha plata y no han dejado ninguna contraprestación, por lo cual, yo diría que era como una especie de reivindicación histórica. Tienen un negocio legítimo, les ha ido bien, pero devuelvan algo a la sociedad (a través de este fondo)” y, por otro lado, señaló que genera “un impacto a la industria audiovisual, a la que le hubiera venido muy bien contar con esos ingresos para que pueda potenciarse aún más”.
Con la nueva ley los grandes medios “quieren recuperar privilegios”
Consultado sobre el futuro de los medios de aprobarse la nueva ley de Medios, el experto dijo que, en primer lugar, “los granes medios lo que quieren es volver a los tiempos de privilegios, donde no pagaban nada, no tenían ninguna condición y hacían lo que querían. Segundo, indicó que “están tratando de blanquear la situación de mucha concentración de medios que tienen”, actualmente.
“Ellos tienen una acumulación de medios y pueden seguir comprándolos”, por lo que “la nueva ley de Medios, de ser aprobada, les va a permitir no solo blanquear toda esa situación actual, sino además ampliarla, sobre todo, porque ahora “los medios poderosos que están concentrados en el sistema de medios, van poder ofrecer acceso a internet y otros servicios”.
Gómez cree que “la perspectiva de ellos es, con este gobierno, recuperar privilegios que tenían y habían perdido, consolidar su poderío y ampliarlo, con lo cual las brechas que hay entre medios de Montevideo y del interior van a ser aún peores, y van a derivar en mayores abusos entre medios grandes y medios chicos”.
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