Estafas, ciberacoso, pornovenganza, suplantación de identidad, pornografía infantil son algunos de los delitos más conocidos dentro de internet. Muchos de ellos no están tipificados en el Código Penal uruguayo, pero se encuentra en discusión un proyecto de ley que permita instaurarlos como delitos y poder juzgarlos como tales.
Con la pandemia, el mayor uso de medios electrónicos para almacenar datos personales, tener billetera electrónica y comunicarse con otros, han crecido los ciberdelitos y la especialización de los delincuentes en este ámbito.
Estos nuevos modos de estafar y engañar a los usuarios dejan en evidencia la necesidad de generar un sistema judicial más eficaz en este tipo de asuntos y actualizar el Código Penal vigente. Esta idea no es nueva, sino que se trata de un tema que está en boga desde hace unos dos años.
Hoy en Uruguay hoy no existen tipos penales específicos que se apliquen a estas conductas, por lo que se pretende contar con una normativa penal que condene y sancione a las personas realizan estos actos. Como se dijo anteriormente, la ciberdelincuencia ha crecido exponencialmente a nivel mundial, impulsada por la pandemia y la cantidad de operaciones que se empezaron a realizar por medios telemáticos.
En esa línea es que el 22 de julio de 2021 se presentó un proyecto de ley, a través del diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto, que implica la actualización del Código Penal con la inclusión de los ciberdelitos. Se definieron las nuevas conductas que se pretenden sancionar, generando diversos tipos a tomar en cuenta.
Graciana Abelenda es abogada y asesora del proyecto. A principios del año pasado comenzó un máster en ciberdelincuencia en la Universidad de Nebrija, España, y entendió que Uruguay necesitaba plantearse este tema, motivo por el que presentó la idea al diputado Cal y después se fue mejorando.
El documento se encuentra en la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología y ha tenido algunas demoras porque se han recibido delegaciones de diversos interesados: Plan Ceibal, Ministerio de Educación y Cultura, del Interior, de Defensa, representantes de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, de la Asociación de Bancos Privados, del Banco Central, Fiscalía General de la Nación, entre otras.
Pornografía infantil y robo de identidad
“La motivación del impulso de este proyecto fue por un caso cercano a mi familia”, señaló Abelenda. “Mi prima, que hoy tiene nueve años, cuando tenía siete fue contactada a través de una plataforma de juegos que utilizaba en su computadora del Plan Ceibal. Se trataba de una persona de Colombia que le pidió imágenes. Eso le llamó la atención y le preguntó qué quería decir, a lo que esta persona respondió con una foto desnudo y con un niño”, agregó.
Esta situación se denunció y a raíz del hecho comenzaron una serie de interpelaciones personales acerca de cuántas veces más iba a pasar y cómo se abordaba a nivel jurídico.
“En cuanto a la suplantación de identidad, lo que hicimos para este proyecto fue tomar como base la legislación de otros países, como Chile y Argentina, la legislación europea, específicamente la española, así como una normativa americana. Entendimos que estos delitos hoy juegan un rol muy importante, desde alguien que la suplanta en Whatsapp y se contacta ofreciendo dinero, por ejemplo, o con publicaciones en nombre de otros, llevando a situaciones extremas como la pérdida de un trabajo, o conflictos con familiares”, explicó la especialista.
Aseguró que no se trata de cosas ‘que pueden pasar’, sino que son acciones que se dan diariamente desde hace algunos años y que ya han afectado a muchos uruguayos. Abelenda expuso que otro de los ilícitos es la pornovenganza, que es cuando se difunden sin consentimiento, imágenes, audios o videos de contenido sexual; y el acoso telemático, lo que normalmente se conoce como ciberacoso e implica el uso de los medios digitales para acosar a una persona o grupo a través de burlas o divulgación de información falsa, por ejemplo.
“Dentro de todo tuve suerte”: el caso de Atilio
Para ejemplificar uno de los ciberdelitos más comunes que se dan en la actualidad, La Mañana dialogó con Atilio, un ciudadano al que lo estafaron y repartieron el dinero de su cuenta en tres bancos diferentes, pero que tuvo la suerte de recuperar parte del monto.
“Dentro de todo tuve suerte. Si bien perdí dinero, podría haber perdido todo. El haber reaccionado rápido creo que colaboró para que pueda rescatar gran parte del monto”, introdujo el entrevistado.
Todo comenzó porque Atilio tenía una cuenta precontratada con una persona a la que le transfería dinero todos los meses, con la que, además, tenía un lazo de amistad. “Un día me llamó y me dijo que no podía mandarme el dinero que yo le estaba pidiendo y me comentó que le llamaba la atención que le volviera a pedir dinero”
Atilio no entendía a qué hacía referencia, manifestó sus dudas y la otra parte le aclaró que él le había pedido dinero varias veces, pero, en realidad, el afectado nunca lo había hecho, por lo que todas las alarmas se prendieron.
“Ese día era un viernes, inmediatamente fui al banco y cuando entré a la cuenta vi que tenía cero pesos. A esta persona le pidieron dinero a través de Messenger con mi perfil, y no me avisó enseguida porque todo indicaba que efectivamente era yo. Le dijeron que pase todo el dinero que tenía en mi caja de ahorro a otra cuenta ya que lo necesitaba, pero que en ese momento no podía explicarle porque estaba en una reunión”, relató la víctima.
En este tipo de casos se usa a una tercera persona a la que remiten la cuenta en Uruguay, suelen ser delincuentes del exterior y usan a alguien con una cuenta local. Coincidía que el apellido de esa persona titular de la cuenta a la que le envió el dinero, estaba vinculada a la función de Atilio, pero, en verdad, no tenían nada que ver.
“Cuando me llaman, después de un par de días, fui a hacer la denuncia y desde el banco se contactó una persona de informática que me guió en todos los pasos que tenía que dar, agilizó los trámites para retener la mayor cantidad de dinero que ya estaba en otras cuentas. Gracias a esa gestión pude recuperar una parte”, recuerda.
Una parte del dinero ya se había transferido al exterior; otra a una cuenta del mismo banco, y la tercera parte a otro banco de plaza, “que me llevó muchos meses recuperarla”, aclaró el entrevistado. En definitiva, el dinero enviado al exterior no la pudo recuperar más.
Un sistema endeble
Atilio explicó que en su caso se dieron diversas casualidades y por eso la persona que realizó las transferencias, al principio, no dudó, “pero son cosas que pueden pasar”, agregó la víctima.
“Lo cierto es que el banco tampoco se responsabiliza mucho. La persona que me ayudó me dijo que el sistema era muy endeble desde el punto de vista de la seguridad, y me comentó que muchos clientes buscan la practicidad de que, a través del correo electrónico, se pueda hacer todo, pero no toman las medidas necesarias para que eso sea seguro”, expuso.
“En mi caso entraron desde mi correo electrónico, y como estaba relacionado con la cuenta, a través de él solicitaron una nueva clave y el banco se las dio. Esa es la parte que entiendo que es muy frágil”, agregó.
Atilio presentó la denuncia en delitos informáticos y a raíz de eso se contactaron con él. Hizo una denuncia penal y una en delitos informáticos. Pero le llevó varios meses recuperar la parte del dinero que no estaba en el banco que operaba.
Las personas de Uruguay que eran titulares de las cuentas fueron procesadas, se les retuvo el dinero y hubo un arreglo entre estafadores y la justicia en el que acordaron devolverlo, por eso Atilio pudo recuperar el dinero que estaba en la cuenta del mismo banco.
“Es necesario extremar las medidas de seguridad; a veces no estamos muy habituados con el tema de las nuevas tecnologías y se hace difícil, pero hay que tener un correo exclusivo para la cuenta, usarlo solo para eso y que no tenga la misma contraseña que otros. Cuando pasa algo así la sensación es de exposición total, porque a medida que uno mejora la seguridad los delincuentes también mejoran sus herramientas y capacidad, por eso hay que tratar de estar al día”, analizó.
Camila y la odisea de recuperar su dinero
Es del interior del país y fue estafada a través de un hackeo de la cuenta de Instagram de otra persona. Camila relató su caso a La Mañana, y lamentó que aún no ha podido recuperar ni uno de los US$ 4.000 que transfirió debido al engaño.
“Los delincuentes hackearon la cuenta de una persona de mi ciudad y se comunicaron con los contactos haciéndose pasar por ella. A una de las personas de su lista de seguidores le consultaron si no sabía de alguien que quisiera cambiar dólares y esta persona le brindó mi número”, explicó.
Dijo que todo era “muy normal y convincente”. La persona del perfil, que es conocida de la víctima, le dijo que necesitaba cambiar dinero y le preguntó si le servía el tipo de cambio. La víctima accedió, le brindaron un número de cuenta y le dijeron que la transferencia demoraba unas 24 horas. Pasó ese plazo y el dinero no llegó, pasaron dos días y tampoco. “Y cuando fui a hablarle borraron ese número”, explicó.
“Esto fue un jueves, el sábado todo me pareció raro, pero conocía a la persona, entonces la llamé, sin embargo, no me atendía. El lunes siguiente me enteré que le habían hackeado la cuenta de Instagram. Fui a la comisaría, hice la denuncia, después fui al banco y también denuncié. El dinero entró a la cuenta de una empresa uruguaya, de una sociedad anónima”, informó Camila.
Este hecho se dio hace unos dos meses, y el banco sigue en gestiones. La entrevistada lamentó que, hasta ahora, no ha recibido respuesta. “Vencieron todos los plazos y nada. Llamo y no dan respuesta, no me responden los mails. Es una empresa local por lo que se le puede dar seguimiento al dinero, más teniendo en cuenta que si se envía un giro de más de US$1.000 dólares se piden todos los datos”, argumentó.
La persona a la que le hackearon la cuenta hizo la denuncia en delitos informáticos y Camila en la comisaría, pero ambas continúan sin novedades. “Es hora de poner un freno y legalizar las herramientas que constituyan esto como delito porque no puede ser que pasaron dos meses y todavía no hay respuesta, tomando en cuenta que el dinero está en una empresa uruguaya”, puntualizó.
Aseguró que, a pesar de que se tienen todos los datos de la empresa a la que se envió el dinero estafado, las víctimas no quieren “pasar por encima del procedimiento del banco y la policía”, y por ese motivo no han realizado acciones propias.
Sin tipificación, a veces, no hay sanción
Actualmente, cualquier uruguayo que sea víctima de maniobras que no están tipificadas, debe presentarse en la policía, que tiene un equipo especializado en delitos informáticos, radica la denuncia y se realiza el proceso habitual de investigación.
No contar con tipos específicos de ciberdelitos genera que cuando un fiscal toma un caso debe encuadrar la conducta del delito dentro de un tipo ya existente, pero los tipos penales son cerrados: no se puede interpretar la norma penal para ampliarla. Cuando son conductas que implican un detrimento patrimonial, por ejemplo, se las encuadra en estafa o en receptación, por eso, muchas veces, si no encuadra, o hay determinado consentimiento, termina sin formalización a quien realizó la conducta, planteó Abelenda.
Una modificación que surgió en el proyecto fue la necesidad de aumentar la pena para el delito de estafa convencional. Hoy tiene una pena de unos seis meses según el artículo 347 del Código Penal, pero se plantea subir a dos años.
Los cuatro capítulos del proyecto de ley
El proyecto se compone de cuatro capítulos que pretenden realizar un abordaje integral de la problemática. Abelenda expuso que al crear el proyecto vieron que las necesidades legislativas no solamente se restringían al nivel de la creación de tipos penales, sino que era adecuado generar una campaña nacional educativa para concientizar a la población, “ya que notamos que existe un desconocimiento muy grande, no solo sobre los riesgos de internet, sino que buscamos conjugarlo con educación financiera”, dijo.
Sostuvo que desde 2018, con la Ley de Inclusión Financiera, cada trabajador accede a un par de cuentas (en pesos y dólares), con eso una tarjeta de débito y, a veces, una de crédito. Entonces la idea es educar tanto a liceales, que en ocasiones no saben cómo usar una tarjeta y terminan dando los datos en cualquier lugar arriesgándose a un daño patrimonial.
Del mismo modo, entendieron necesario incorporar dos capítulos más al proyecto, uno relativo a un registro nacional de ciberdelincuentes, que procura generar un registro con datos de las personas que fueron formalizadas por cometer algunos de los ilícitos que fueron planteados en el primer capítulo correspondiente a delitos.
El cuarto capítulo corresponde a un procedimiento para las instituciones financieras para que cuando sospechen de determinadas acciones o apelaciones que realizan sus clientes, puedan frenarlas y verificarlas con ellos, evitando que se genere un perjuicio para la víctima.
La importancia de adherir al convenio de Budapest
Uruguay está en proceso de adhesión a este convenio que procura luchar contra la ciberdelincuencia. Es del año 2001, y ya cuenta con dos protocolos adicionales en los que actualizaron y agregaron cuestiones que surgen como necesidades. Son 66 países firmantes.
En el mes de junio hubo una reunión con el Consejo de Europa y un acercamiento con los miembros del parlamento a la que asistió la abogada con el diputado Cal e integrantes de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, y dentro de los delitos previstos en Budapest no está la suplantación de identidad, por ende, se trata de una innovación de Uruguay.
El convenio de Budapest tiene tres pilares: uno es la legislación sustancial de fondos, que es la modificación al Código Penal con la tipificación de delitos; la segunda es la adecuación del derecho procesal, y el tercer pilar es la cooperación internacional. “Estamos incorporando este último pilar al proyecto y la próxima reunión es el 11 de setiembre con el Consejo de Europa. Será un paso muy importante para que avance y salga de la comisión”, indicó.
La entrevistada expuso que una de las características de los delitos informáticos es la transnacionalidad, “no solo se pueden realizar dentro del país, sino de afuera hacia adentro y viceversa. Por lo que uno de los beneficios de adherirnos a Budapest es contar con mecanismos para desbaratar redes de pornografía en otros países que afecten a Uruguay, por ejemplo”, agregó la especialista.
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