El sector industrial valoró el impacto social de las recientes medidas del gobierno para el comercio de frontera, aunque reclama un marco de igualdad para competir con los productos importados y medidas más estrictas para controlar el contrabando organizado.
La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) dio a conocer un comunicado titulado “Propuestas de la CIU sobre medidas anunciadas por el gobierno nacional ante la situación en los departamentos fronterizos con Brasil”, en el que expresa sus inquietudes sobre la realidad de las empresas en esas zonas y las medidas fiscales adoptadas por el gobierno para mitigar los efectos de la competencia generada por las diferencias de precios con Brasil.
“Compartimos la preocupación del gobierno nacional referida a la situación de las empresas en las zonas fronterizas con Brasil”, comienza el comunicado. La CIU destaca que este fenómeno afecta la competitividad de los comercios y las industrias que venden sus productos en esa región del país. “Contemplando esa realidad, que afecta la competitividad empresarial, tanto de comercios como de industrias que venden sus productos en esa zona del país, nos reunimos con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para proponer que la industria nacional sea tratada en igualdad de condiciones frente al régimen de productos importados en frontera, manteniendo un equilibrio en las condiciones comerciales de las empresas del sector (IVA, tasa bromatológica, entre otros)”, agrega.
En su comunicado, la CIU también subraya algunos riesgos asociados a las medidas fiscales y propone medidas adicionales para controlar el impacto del contrabando. “Asimismo, alertamos de ciertos riesgos y preocupaciones a este respecto, proponiendo extremar los controles imprescindibles para que no exista un corrimiento de fronteras, así como establecer un marco claro acerca de quiénes serán los beneficiarios del régimen, con el único fin de preservar las bondades del mismo y evitar desvíos”, señala el escrito.
“También planteamos que es necesario el incremento en el control del contrabando organizado, así como la mejora en el régimen de registro de productos de la canasta básica -en costos, plazos y vigencias-, para poner en igualdad de condiciones de competitividad a la industria nacional con relación a los fabricantes de productos importados”, sostienen. En este sentido, la CIU destaca la necesidad de monitorear las medidas con rigurosidad y establecerlas con carácter temporal, mientras se buscan soluciones estructurales para los problemas de competencia desleal.
“Entendemos que este tipo de medidas deben ser monitoreadas con rigurosidad y frecuencia, además de establecerlas con carácter temporal, buscando soluciones estructurales a los problemas de competencia desleal que enfrentan las empresas de nuestro país, y aportando de esta forma a promover la producción y el comercio nacional”, concluye el comunicado.
“Apuntamos a un trato preferencial como se le da al producto importado”
Consultado por La Mañana, el protesorero de la CIU, Sergio Caplán, manifestó su preocupación por la situación en la frontera y destacó la complejidad social del contexto. “En primer lugar, hay que tener en cuenta el aspecto social de la situación en la frontera, que es complicada para la gente que vive ahí y para los comercios instalados. El contrabando se ha instalado en la frontera y es una razón de subsistencia para mucha gente, pero también es una de las razones por las que muchos comercios de frontera que están instalados legalmente están siendo afectados. Y están generando lo que pasó cuando hubo ese desequilibrio económico con Argentina en el litoral, con la tasa de desempleo más alta del país en esa región”, indicó.
Sobre las medidas anunciadas, Caplán expresó su acuerdo con algunas, pero también señaló los matices. “De las cinco medidas, la rebaja del Imesi a los combustibles nos parece inobjetable. La rebaja a las cargas patronales y trabajos nuevos que se generen en la región tampoco nos parece objetable. Que haya POS gratis para aquellos que vayan a trabajar con ese sistema y que haya una rebaja de impuestos a los productos que se vendan en la frontera en los 20 kilómetros también nos parece razonable”, dijo.
Sin embargo, Caplán señaló que la medida relacionada con la microimportación es especialmente preocupante, pues, según él, favorece a la industria extranjera en detrimento de la industria nacional. “La medida que más queríamos llamar la atención era la vinculada a la microimportación, porque le está dando una preferencia a la industria extranjera. Además, esa situación de preferencia para que vengan productos sin pagar ningún tipo de impuestos hasta 60 kilómetros de los pasos de frontera significa una liberalidad total respecto a los registros o las exigencias que tienen todas las industrias nacionales y las que importan regularmente respecto por ejemplo en los alimentos a los octógonos o en el caso de los cosméticos a todos los registros que tenemos que hacer en el Ministerio de Salud Pública, que son caros y complicados de realizar”, dijo Caplán, quien además es presidente de la Comisión de Comercio Interno de la CIU y presidente de la Cámara Uruguaya de Perfumería.
La exoneración total de tributos a la importación para determinados productos de la canasta básica provocó diversas reacciones. Desde la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) lo ven como una oportunidad para que algunos importadores bajen sus precios en todo el país, mientras que el economista Julio de Brun alerta de que se trata de contrabando legalizado.
“Las dos son ciertas”, dice Caplán. “Es un contrabando legalizado porque cuando no se puede controlar estas situaciones y los productos deben ingresar al país en determinadas condiciones, lo que me parece que busca el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] es la forma para empezar a legalizar el asunto. La medida para la gente de frontera puede ser un alivio, pero hay que atender también a la competencia que vamos a atravesar nosotros los industriales que fabricamos y también vendemos en frontera”, opinó.
“Nosotros tenemos un mercado de tres millones y solamente Río Grande del Sur debe tener siete veces esa población. El costo de la energía es mayor en Uruguay, el costo de la mano de obra también. Y las regulaciones y los registros son notoriamente más caros en Uruguay que en Argentina o en Brasil”, añadió Caplán, destacando las desventajas competitivas que enfrentan las industrias nacionales en comparación con los productores de los países vecinos.
En cuanto a las propuestas de la CIU, Caplán subrayó la importancia de un trato impositivo igualitario para los productos fabricados en Uruguay. “Apuntamos a un trato preferencial como se le da al producto importado para poder vender con tasa cero, en caso de IVA o Imesi, en los lugares de frontera que ha definido el gobierno, o sea, los 60 kilómetros de los pasos de frontera. Eso va a acercar un poco el precio, no lo va a igualar. De todas maneras, ya hay gente que trabaja porque hay diferencias también de calidad del producto nacional que se comercializa en esa zona”, señaló.
Los registros y las medidas de fondo
Además, Caplán hizo hincapié en las diferencias en los costos de registro sanitario entre Uruguay y sus vecinos. “Por ejemplo, un cosmético común y corriente en Uruguay está pagando hoy 30 UR que son US$ 1385. Eso acá lo pagan todos los productos igual, por la renovación o producto nuevo y tiene una vigencia de cinco años. En Argentina, un producto nacional paga US$ 370 y no tiene vencimiento, para un mercado de 40 millones de habitantes, pero el importado paga US$ 620. Y en Brasil hay categorizaciones por tamaño de empresas, entonces una microempresa paga US$ 30 por un registro y el vencimiento es a diez años, una mediana paga US$ 240”, agregó, destacando las diferencias abismales en los costos y la vigencia de los registros sanitarios.
Por otro lado, el empresario destacó un tema recurrente en las pequeñas empresas que operan en la frontera, especialmente en sectores como la cosmética y los alimentos. “Tanto ANDE como las intendencias hacen ferias para emprendedores en la parte cosmética o alimentos. Estimulan a pymes que fabrican alfajores o champú con determinadas características. Pero es ilógico que esas empresas puedan pagar US$ 1400 por cada producto, una que tenga 5 o 6 va a pagar más de US$ 8000 para poder venderlos. Entonces sucede que se vende sin registro, sin control y eso también es tolerado. Sería mucho más lógico que hubiera un arancel diferenciado para que se puedan legalizar y no tenerlos trabajando en la ilegalidad, porque termina vendiendo en negro y si tiene empleados no teniéndolos en caja”, indicó.
Caplán también mencionó una la atención creciente sobre el impacto ambiental y los costos que las empresas deben asumir debido a la legislación vigente. “Hoy en día hay una gran preocupación por el medio ambiente. El Ministerio de Ambiente lo destacó en junio el mes del ambiente y se firmó un acuerdo entre la CIU y ese ministerio con los bancos por un proyecto que se llama Plan Vale, para la recuperación de los envases de un solo uso para que puedan ser reutilizados. Es un proyecto que endeudó al Plan Vale en US$ 50 millones y ese costo lo pagamos todos los que tenemos marcas acá, cada vez que lanzamos un producto al mercado. Obviamente el producto que va a entrar de contrabando o contrabando autorizado no va a pagar nada, pero el envase ese hay que recogerlo y quienes vamos a pagar por eso somos los que estamos instalados y ya pagamos”, advirtió.
También se refirió a la compleja situación social en la frontera, donde las dinámicas de compra y tráfico afectan tanto a los consumidores como a los comercios. “Nosotros entendemos lo que es la situación social en la frontera, gente que va de un lado al otro, que la canasta la hace del lado brasilero porque encuentra productos más baratos, el pequeño tráfico que existe. Pero es indiscutible que además de eso hay un contrabando organizado que trae enormes cantidades de productos y uno los ve tanto en las ferias de Canelones y de Montevideo, como a través de las redes sociales en todos lados”, sostuvo Caplán.
Finalmente, Caplán mencionó que las soluciones estructurales deben abordar tanto los costos de registro como las diferencias salariales y energéticas en las regiones fronterizas. “Adecuar los costos de los registros, buscar la forma de que los costos salariales sean diferenciales en cuanto a las regiones y ópticas dentro de la industria, los costos energéticos que regula el Estado, con beneficios y ventajas para la industria y hagan que uno pueda tener una industria relativamente competitiva en un país que tiene ya un problema de tamaño respecto a los grandes que tenemos de vecinos”, concluyó.
“En ese sentido nosotros estamos muy abiertos y tenemos una economía abierta. El MEF dice que no somos de los más abiertos que hay, pero sí lo somos en nuestra región. Es mucho más fácil traer un producto de Argentina o Brasil a Uruguay, que exportar a esos dos países que siempre encuentran alguna traba pararancelaria para frenarlo. Hay que adecuar estas cosas y tratar de ver medidas espejo para proteger a la poca industria que tiene acá, que le da trabajo hoy en día a 160 mil personas, hace no tanto eran 300 mil, y que aspiramos a que no siga existiendo este tipo de problemas que generan el desempleo que todos queremos combatir”, dijo Caplán.
El problema en contexto
En febrero de este año el Indicador de Precios de Frontera Artigas-Quaraí, elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), señaló que la diferencia promedio de precios de una canasta representativa entre las ciudades fronterizas es de un 79%. Este aumento se concentra principalmente en productos como pasta de dientes, que resulta ser un 224% más cara en Uruguay que en Brasil y en otros productos de consumo básico, como el aceite, yogurt y la manteca, que se encuentran a precios más bajos en Artigas. La situación es más pronunciada en sectores como el tabaco y las bebidas alcohólicas, con diferencias de hasta un 210% en los cigarrillos y 85% en los vinos. En términos generales, la brecha se ha ampliado con respecto al año anterior, con los alimentos y bebidas no alcohólicas destacando como los productos con mayor disparidad de precios.
El aumento de los precios en Artigas respecto a Quaraí se ha atribuido a factores como la evolución del tipo de cambio, que ha favorecido al real brasileño y a las altas tarifas públicas en Uruguay, particularmente en lo relacionado con los combustibles y otros bienes de consumo. Este desequilibrio ha generado preocupación entre los comerciantes y consumidores locales, que enfrentan un mercado significativamente más caro en comparación con el lado brasileño de la frontera.
En respuesta a esta situación, el gobierno uruguayo a través del MEF ha implementado un conjunto de medidas fiscales diseñadas para aliviar la carga económica en los departamentos fronterizos con Brasil. A principios de junio, el MEF anunció un paquete de medidas que incluye rebajas impositivas, subsidios y beneficios para pequeñas y medianas empresas.
Entre las medidas más destacadas se encuentran la eliminación del IVA mínimo y la reducción del 50% de la tasa básica de IVA en comercios ubicados a menos de 20 kilómetros de la frontera, la reducción de hasta un 75% de los aportes patronales para nuevos empleos en áreas cercanas a la frontera y la exoneración total de tributos a la importación para determinados productos que incluye la creación de un régimen especial de importación en el que los comercios minoristas de ramos generales ubicados a menos de 60 kilómetros de la frontera puedan importar productos de la canasta básica.
Además, se amplió la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) para la nafta, con el objetivo de hacerla más competitiva frente a los precios más bajos en Brasil. Estas medidas están pensadas para estimular el consumo dentro de Uruguay y mejorar la competitividad de los comercios locales.
La Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), liderada por Alfredo Freitas, ha valorado positivamente estas medidas, aunque enfatiza que la clave es la implementación y la medición continua de sus resultados. Freitas destaca que la visita de autoridades del MEF a la frontera ha sido crucial para que se comprenda la realidad local y los problemas específicos de la región. Según Freitas, el objetivo es que las medidas no solo beneficien a los empresarios, sino también al consumidor final, quien se verá favorecido por la reducción del IVA en productos vendidos en la frontera. “Si logramos que el consumidor compre del lado uruguayo, el Estado no pierde IVA, lo gana” explicó Freitas a La Mañana, destacando la importancia de que las medidas sean evaluadas con base en resultados tangibles.
Freitas también indicó que, aunque las medidas no resuelven todos los problemas de la frontera, marcan un avance significativo y brindan una oportunidad para corregir las disparidades a largo plazo. “Las medidas son buenas, pero lo mejor es que está todo para estudiar, se va a tener que ir midiendo en forma continua”, dijo, y agregó que la implementación de un sistema de importación directa para algunos productos es un paso importante para reducir los costos y mejorar los precios para los consumidores.
Por otro lado, el economista Julio de Brun se mostró más crítico con las medidas, particularmente en lo que respecta a la exoneración de tributos a la importación para determinados productos de la canasta básica. Según De Brun, esta medida puede ser vista como una forma de “contrabando legalizado” y refleja la necesidad de abordar problemas estructurales en la economía uruguaya, como los altos costos de importación. “Es un contrabando legalizado porque cuando no se puede controlar estas situaciones y los productos deben ingresar al país en determinadas condiciones, lo que me parece que busca el MEF es la forma para empezar a legalizar el asunto”, explicó De Brun entrevistado por La Mañana. A su juicio, las medidas no abordan las causas fundamentales de los altos costos en Uruguay, como las tarifas públicas y la política impositiva, que siguen siendo un desafío a nivel nacional.
De Brun también cuestionó la política tarifaria sobre los combustibles, señalando que la rebaja del Imesi podría generar distorsiones adicionales en el mercado de combustibles. “Es como si a usted un ventilador lo estuviera molestando y en vez de apagarlo pone otro ventilador en sentido contrario. Lo que va a tener es doble viento, no menos viento o menos aire que lo moleste”, sostuvo, argumentando que las medidas no solucionan los problemas de fondo y que podrían incluso crear nuevas distorsiones en la economía.
