Como lo demuestran cifras circuladas en los últimos meses en relación con el alto nivel de endeudamiento de los hogares, para una parte muy importante de nuestra población la inseguridad económica es tan acuciante como la inseguridad física a la que se encuentra sometida.
Los hogares más frágiles son los que más sufren los flagelos de la inseguridad económica como la inseguridad física y son quienes más requieren protección del Estado. Pero este falla en este contexto, dejando expuestos a miles de hogares del segmento de deudores de bajos ingresos, que solo acceden al crédito proporcionado a tasas inverosímilmente altas por cierto sector de la industria financiera en nuestro país.
Corresponde en este sentido señalar que Cabildo Abierto fue de los primeros en percatarse de la gravedad del problema e intentar soluciones desde el inicio del actual periodo de gobierno.
El tema no estaba en la agenda pública, pero cada vez más en los diálogos con las fuerzas vivas se escuchaban relatos de familias en angustia por haber caído en atrasos de pago que hacían multiplicar la deuda por capitalización y tasas de mora impensablemente altas, llevando a situaciones de inexistencia civil.
Hubo esfuerzos de Cabildo Abierto en llevar el tema al espacio público, pero sin eco en sus socios de la coalición. En otras tiendas misteriosamente desaparecieron los apoyos informales. Fue como si un manto de silencio había descendido sobre el tema, encajonado ya con las minutas de alguna comisión legislativa.
Ante la falta de apoyos se optó por la vía del plebiscito, cuyas firmas habilitantes en estos días ingresaron a la Corte Electoral. El principal aspecto legal intenta reformar nuestra Constitución (que prohíbe la usura) mediante una definición que enmiende o reemplace la Ley 18.212 responsable del actual mecanismo existente que determina la tasa de usura para el mercado que nos ocupa.
A su vez se busca instaurar un mecanismo que permite reducir los adeudos a niveles mas acordes con la realidad del mercado, aplicando retroactivamente una restructuración de la deuda en función de los fondos recibidos y los pagos efectuados, reliquidándola en términos de unidades indexadas a una tasa del 2%.
El resultado de ello está por verse, pero en el ínterin ha habido algunos progresos: al ir tomando estado público la situación imperante, hubo ya a partir de 2023 una tendencia a reducir muy moderadamente las tasas de forma.
Luego, hace pocas semanas, algunas instituciones de plaza acordaron un plan voluntario para reestructurar deudas de hasta $ 100.000, con alivio total para deudas inferiores a $ 5000. Pasos pequeños en relación con el tamaño del problema, pero pasos positivos al fin.
Los ingredientes del cóctel
No sabemos cómo terminará esta historia, pero sí sabemos cómo comenzó. Una ley aprobada en diciembre de 2007 delegó al BCU el cálculo de las tasas medias de interés para aplicar a distintos sectores del mercado financiero. A estas tasas se les agrega un spread de 55 y 80 puntos porcentuales, respectivamente, para conformar las tasas de usura (techo) y de mora (capitalización).
Pero el BCU no fijaba las tasas: simplemente recogía y procesaba la información proporcionada por los bancos, quienes eran en realidad los que decidían el nivel de tasas. Los abusos se generalizaron en el segmento de las administradoras de créditos, en gran parte propiedad de los bancos tradicionales de plaza. Con este razonamiento circular, los prestamistas terminaban fijando ellos las tasas de usura y mora. Algo así como poner al zorro a cuidar el gallinero.
Agreguemos un sector de la población que accede repentinamente al crédito para consumo, pero sin la suficiente formación financiera como para comprender los compromisos que asumía, y a la vez, bombardeada por incitaciones publicitarias al consumo con todo el ingenio del marketing.
Al aplicar a este coctel explosivo un modelo comprobado de prestación depredadora habilitada por tasas de interés altísimas, se generó una morosidad extendida. En muchos casos los prestamistas recuperaban algún valor de estos activos improductivos, desprendiéndose de los documentos de adeudo mediante su venta a terceros.
A todo esto, ¿dónde estaba la supervisión bancaria? Parecería que la falta de una amenaza sistémica –dado que el monto comprometido relativo al total de activos del sistema era reducido– no justificó un mayor monitoreo de la situación por parte de las autoridades correspondientes. Existieron fallas de regulación y supervisión.
Uno debe preguntarse si el actual modelo de albergar la supervisión bancaria dentro del BCU sigue siendo la mejor opción, o si dicha función debiera migrar hacia un modelo de mayor autonomía. Esto es un viejo debate (Kemmerer vs Niemeyer) que quizás deba reabrirse.
¿Posibles acuerdos?
La experiencia sugiere que llegar a acuerdos interpartidarios en Uruguay solo ocurre bajo casos excepcionales. Tiene que existir una amenaza compartida para que los partidos se reúnan y trabajen juntos en la búsqueda de una solución. Por lo visto en este caso algunos pensaron que la situación no ameritaba tal extremo.
En Cabildo Abierto se viene promocionando la idea de finalmente constituir la Comisión de Economía Nacional como ámbito de intercambio de ideas tendientes a acordar políticas de Estado con apoyo interpartidario. Hasta ahora, poco interés.
Debería ser posible reemplazar la Ley 18.212 por un mecanismo que –en una economía con inflación del 5%– evite tasas reales de tres dígitos. ¿No nos damos cuenta de que jamás habrá inversión real con esas tasas? ¿Cómo van a despegar las pymes con esas tasas?
Agenda pendiente
Con vistas al futuro del sector financiero, podría considerarse los siguientes elementos:
- Asegurarse de que existe regulación apropiada para los distintos segmentos que integran nuestros mercados financieros y de capitales, especialmente con relación a la informalidad.
- Rever el actual modelo de supervisión del sistema financiero.
- Las tasas de interés son muy altas en Uruguay, considerando que la inflación local y las tasas mundiales están cediendo. El costo del capital es altísimo y aparece como desalineado frente a las demás variables.
- Fomentar el desarrollo de los mercados de dinero y capitales para competir con el sector bancario.
- Considerar la modalidad de capitalismo popular mediante el lanzamiento de ofertas públicas iniciales (OPI) atomizando parte del paquete accionario de empresas públicas, manteniendo control del Estado y tercerizando la gestión.
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