1. Un programa quinquenal de ajuste fiscal
Algunos modelos económicos caben al dorso de un sobre. No pretendo verificarlo con este artículo, pero sí ofrecer unos números gruesos que puedan servir como guía de planificación de la política fiscal para el próximo periodo de gobierno a la manera de barandillas de seguridad que eviten un despiste de la economía al mejor estilo Mariokart. La meta consiste en llegar al 2029 con el déficit fiscal del sector público en equilibrio.
Hoy el gasto público (gobierno central/BPS) representa el 30% del PIB, mientras que la recaudación se ubica en el 27%. Suponiendo que el PIB totalice US$ 80 MM en 2024, las cifras respectivas de gasto e ingresos será de US$ 24 MM y 21,6 MM, resultando un déficit de US$ 2,4 MM. El cuadro simula el camino de expansión del PBI total a una tasa anual del 2%, con igual crecimiento de la recaudación. El gasto, en cambio, se mantiene congelado en US$ 24 MM.
Cabe enfatizar que estas cifras corresponden al gobierno central y el BPS. Consolidando estas cifras con el resto del sector público, el déficit consolidado anual se eleva aproximadamente en un punto porcentual, a la vez que el cociente deuda consolidada/PIB se incrementa en 11 puntos porcentuales.
O sea que congelando nominalmente el gasto del gobierno central/BPS se finaliza el quinquenio con un delicado equilibrio fiscal (que requerirá transferencias internas del GC al BPS). El resto del sector público deberá someterse a un rigor similar para emular dicho resultado. Con las cuentas equilibradas y el cociente deuda consolidada/PIB estabilizado por debajo de 80%, el país podrá enfocar un camino de expansión con perspectivas más dinámicas.
2. Competitividad y comercio exterior
Queremos un país que produzca más y venda mejor al mundo. El comercio internacional es la clave del crecimiento ya que permite ampliar los mercados cuya demanda se pueda atender con la producción nacional. Para ello debemos:
- Ser competitivos, tanto en la eficiencia de nuestra tecnología, como en el costo de nuestros factores e insumos y en la cotización de nuestra moneda.
- Buscar y conquistar nuevos mercados tanto para nuestra oferta tradicional (agregándole valor) así como para nuevos sectores de actividad productiva en los que identifíquenos condiciones de ventaja comparativa.
- Sin perjuicio de alinearnos geopolíticamente con países cuyos valores compartimos, nuestro relacionamiento externo debe enfocar primordialmente la relación comercial.
- Mejorar marcadamente la calidad de nuestra mano de obra mediante reformas educativas que permitan generar conocimiento y especialización tanto en producción como en comercialización.
3. Política de ingresos y empleo
En última instancia, la meta de la gestión económica del Estado debe ser contribuir a crear las oportunidades para que todos los hogares alcancen un nivel de ingresos que les permita una vida digna, a la vez de abrigar esperanzas de un mejor futuro para quienes se esfuercen en lograrlo. Pero esto no se puede dar por decreto, sino por la evolución de las empresas, los mercados y las habilidades laborales. La formación de los salarios dignos no puede ser independiente del sistema, sino que debe tener el respaldo de una economía pujante. Existe un papel para el Estado tanto en procurar el dinamismo económico como en asesorar a las partes contratantes en el mercado laboral, según la naturaleza y la escala de las actividades y los sectores. No puede primar un enfoque de “talle único” para los acuerdos laborales.
4. Inversiones y producción
Sin inversión, ya sea privada o pública, tampoco hay crecimiento económico. La inversión pública es necesaria para proveer infraestructura nacional que provea al sector privado la energía y apoye al transporte y las comunicaciones en todas sus modalidades. Abaratar los costos de transporte es esencial para la integración regional, incluso para el transporte carretero entre nuestros países vecinos.
El propulsor de la inversión privada, en cambio, es la rentabilidad percibida de un proyecto con relación a su costo incurrido (tasa de retorno). Una economía semi estancada no atrae inversión, ya que las perspectivas de ganancia son magras mientras que las alternativas de colocación financiera son menos complejas y de rendimiento menos riesgoso.
La práctica usual en situaciones fiscales de ajuste deficitario consiste en postergar los planes de inversión para liberar fondos utilizables en los gastos corrientes, con el consecuente impacto negativo en el potencial de crecimiento futuro del país. En este contexto –y a diferencia del gasto corriente– el endeudamiento público puede contribuir al crecimiento futuro, justificando la financiación que la posibilitó. El endeudarse para financiar gasto corriente –en cambio– es simplemente hipotecar el futuro.
5. Control del gasto público
A nuestro entender el carácter deficitario de nuestras cuentas públicas es la principal fuente de los problemas que enfrenta nuestro país en arribar a la prosperidad:
- El financiamiento de los déficits fiscales mediante la emisión monetaria y el endeudamiento público son causas de la inflación y el sobreendeudamiento, que a su vez retroalimentan el desequilibrio inicial.
- Si a ello agregamos el empleo de una política monetaria contractiva (tasas de interés altas), al impacto recesivo resultante se le añade el proceso de atraso cambiario.
- Todas estas influencias negativas en la economía, junto a la falta de inversión, terminan por perpetuar el desequilibrio fiscal y condenar el país al estancamiento.
6. Redistribuciones del gasto
Sería contradictorio adoptar al equilibrio fiscal como la meta económica del próximo quinquenio y a la vez proponer una serie de medidas que impliquen aumentos del gasto o reducciones en la recaudación del Estado. Máxime cuando la presión fiscal está en su actual nivel del 27% del PIB. Por ello la secuencia de las medidas a implementar deberá planificarse cuidadosamente. Por ejemplo, al tiempo que se apoye con exoneraciones impositivas a las iniciativas en áreas y mercados nuevos, debería reducirse el apoyo existente vía “gasto tributario” a sectores que ya han superado su etapa de “infancia” y se encuentran en condiciones de rentabilidad.
Todo beneficio fiscal recibido por una empresa o un sector representa una transferencia de recursos de otra parte de la economía. Al Estado no le llueve la recaudación del cielo, sino que proviene de los contribuyentes. Estos merecen la transparencia de saber quiénes se benefician.
Similarmente, la necesidad de incrementar los presupuestos de seguridad, educación y salud deberá financiarse principalmente mediante la redistribución de los ingresos fiscales desde áreas que no sean de tan marcada esencialidad. A falta de un fuerte aumento en los ingresos fiscales –que no se vislumbra como factible hasta que la economía recupere su vigor– se deberá apelar a la redistribución.
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