El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó el informe de Deuda Externa correspondiente al primer trimestre del 2024, que evidencia que la deuda externa bruta ya representa el 72% del PIB, registrando un aumento interanual del 17% en la deuda neta y del 13% en la deuda bruta. La Mañana consultó a Marcos Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, para conocer los riesgos que esto implica para la economía uruguaya.
La deuda neta del sector público –deuda bruta menos los activos de reserva– alcanzó los 33.573 millones de dólares al cierre de marzo, representando un 43% del PIB. Esto significa un aumento del 6% respecto del último trimestre del 2023 y del 17% en la interanual con el mismo trimestre del 2023. Los activos de reserva del dicho sector totalizaron a fin de marzo en 22.739 millones de dólares, un 6% de aumento comparado al trimestre anterior. En términos interanuales, el aumento fue de 8%.
En 2019, la deuda neta fue de 27.634 millones de dólares, representando alrededor del 45% del PIB. En 2020, la deuda aumentó a 30.120 millones de dólares, mientras el PIB se redujo a causa de la pandemia, alcanzando el 56.14%. En 2021, la deuda pública llegó a 32.726 millones de dólares, ascendiendo a 37.979 millones en 2022.
El informe del BCU indica que el aumento de la deuda neta en los primeros tres meses del 2024 se debió a un aumento de la deuda bruta, que superó el incremento de los activos netos de reserva, ascendiendo a 56.312 millones de dólares. Esto significa un aumento trimestral del 6% e interanual del 13%. La deuda bruta aumentó en pesos (+9%) y en dólares (+2%) respecto al trimestre previo. Comparado con el mismo trimestre del año anterior, la deuda bruta nominada en pesos subió un 18% y en dólares un 8%, mientras que en euros retrocedió un 20%.
A principios de 2023, el FMI recomendó reducir la deuda del sistema público no financiero a un rango de entre el 50 y 55% del PIB, advirtiendo que se registraban niveles históricamente altos. En un comunicado de mayo de 2024, aclararon que “si bien la actual regla fiscal logró estabilizar la relación de deuda a PIB en circunstancias difíciles, se necesitan esfuerzos adicionales para garantizar que la relación de deuda a PIB se sitúe en una trayectoria descendente sostenida”, planteando “objetivos más bajos en los pilares de resultado estructural y de endeudamiento neto en la regla fiscal”.
Un diagnóstico
El contador Marcos Soto explicó a La Mañana que el origen de la deuda es un problema fiscal. “Cuando las cuentas públicas no cierran, alguien tiene que financiar esa brecha” y la manera “más saludable”, frente a otros mecanismos como la emisión monetaria, es contraer deuda, algo natural para los países que crecen en su economía. No obstante, Uruguay incrementa su gasto por encima del crecimiento “lento” de la economía, lo que lleva a un mayor endeudamiento con relación al PBI. “Cuando la deuda bruta crece más rápido que los activos disponibles, incrementa la deuda neta, que es el indicador real que tenemos de endeudamiento. El FMI también pone el ojo sobre la deuda bruta, que, en definitiva, son los compromisos que el país tiene”, aclaró Soto.
Para el contador, los indicadores presentados son “una luz amarilla” porque “implican un deterioro fiscal adicional al esperado”. Más allá de la deuda bruta y neta, entiende que también hay un incremento de la “deuda flotante”, es decir, deudas del Estado con proveedores particulares, algo que no necesariamente integra la deuda pública.
Las únicas alternativas para virar la trayectoria serían lograr que la economía crezca a mayor ritmo que la deuda para mejorar la relación deuda-producto, o mejorar el déficit fiscal, es decir, mejorar las cuentas públicas. Esta última opción sería la más controlable. “El país puede hacer todos los deberes, pero el crecimiento puede no darse por otros factores externos. Hay una variable que no controlamos del todo, que es el crecimiento, pero hay otra variable que sí deberíamos controlar más, que es el déficit. Indudablemente, Uruguay tiene el desafío de recomponer sus cuentas públicas, trabajando sobre los ingresos y los gastos”, analizó Soto.
El peso de las decisiones políticas
El año pasado, el gobierno implementó modificaciones tributarias como la reducción del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto a la asistencia de la seguridad social (IASS). Soto recordó que, en aquel momento, los especialistas advirtieron que las cuentas públicas “no estaban en un estado de consolidación” que permitiera dichas renuncias fiscales, equivalentes a unos 200 millones de dólares. Hoy, “se están viendo las consecuencias”.
Para Soto, la regla fiscal del tope de endeudamiento “se va a cumplir, pero muy ajustadamente”. A su entender, si bien el incremento de la deuda es preocupante, “no borra la gestión de los pasivos”, que “sigue siendo buena y profesional”. El endeudamiento en moneda propia genera “un menor riesgo de exposición de tipo de cambio” frente a un eventual fortalecimiento del dólar, y a su vez, el endeudamiento de Uruguay consta de compromisos a mediano y largo plazo, lo que “genera cierta tranquilidad”.
El contador entiende que el gobierno “ha mantenido cierta inercia de las lógicas pasadas”, con una estructura de presupuesto “rígida” que se mantiene desde las últimas cuatro décadas. “Hoy, las cuentas no muestran una reducción estructural del gasto ni una reducción nominal de partidas. Hubo una reducción real en la pospandemia, pero ahora la menor inflación generó mayores gastos en términos reales. Aquel ajuste fiscal que se hizo no fue estructural, sino más bien coyuntural, provocado por una situación específica”, aseguró.
Para avanzar hacia un ajuste estructural, es necesario “resetear y repensar el diseño del presupuesto nacional con nuevas lógicas”, procurando “eficiencias en el gasto” y “modernizando las prioridades”, concluyó Soto.
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