De un instituto debilitado y con escasos recursos, el INDA pasó a ser un ámbito fortalecido, tanto en recursos humanos como a nivel presupuestal, para dar mejor cumplimiento a su misión, de acuerdo con su director, Ignacio Elgue. Entrevistado por La Mañana, el jerarca detalló las políticas que se han llevado adelante para paliar la situación de inseguridad alimentaria y resaltó la importancia de avanzar hacia una atención integral.
¿Cómo encontró la situación de inseguridad alimentaria al asumir y qué se ha hecho para resolverla?
Encontré que no había datos nacionales oficiales, solo se disponía de informes parciales en grupos poblacionales específicos. La información disponible mostraba que la inseguridad alimentaria era un problema prevalente y que la pandemia por covid-19 podía agravar mucho esa situación. A su vez, encontré un instituto debilitado, con escaso personal y recursos en general para afrontar la pandemia. Montevideo disponía de cuatro servicios de comedor, alejados de las zonas de mayor pobreza.
En abril de 2020 vimos la necesidad de tener información de calidad, allí nos vinculamos con Unicef y propusimos incluir la medición de la inseguridad alimentaria en hogares con menores de dieciocho años. Luego trabajamos para incluir su medición en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), de manera de disponer de cifras nacionales, oficiales y con un mayor grado de desagregación de los datos. También en 2021 se hizo un diagnóstico de ollas en capital para dimensionar la cantidad de población que asistía. En 2022 y 2023 se incorporó un módulo de seguridad alimentaria en la ECH mediante un convenio, el INDA-Ministerio de Desarrollo Social (Mides) financió esta evaluación y se conformó un equipo técnico de trabajo entre el Ministerio de Salud Pública, INE, Universidad de la República y Mides-INDA. Por primera vez el país dispone de información nacional en esta temática para orientar decisiones. Esto nos ha permitido priorizar regiones, como Montevideo y Canelones y la región del noreste, donde la prevalencia de inseguridad alimentaria es mayor.
Hay muchísimas acciones. Por destacar algunas: se elaboró un plan de acción que requería trabajar para incrementar el presupuesto institucional que se aprobó en la Rendición de Cuentas de 2022. A partir de ese aumento presupuestal, en Montevideo y parte de Canelones este año implementamos el Plan de Alimentación Territorial (PAT) con veinticinco nuevos centros de servicios que brindan alimentación diaria. Se incrementó el apoyo a los gobiernos departamentales y se ajustaron las partidas económicas para la atención en comedores. Se aumentó el apoyo de los diversos dispositivos del Mides que atienden población vulnerable, de cincuenta centros en 2020 pasamos a apoyar casi 130 con diversas modalidades alimentarias.
En 2021 realizamos un convenio con una organización social para el rescate de frutas y verduras “imperfectas”. Nos comprometimos a financiar la logística de un rescate mensual de cuarenta toneladas de alimentos nutritivos, que de otra manera terminaban en la basura, y lo destinamos a población vulnerable.
Por otro lado, hemos fortalecido la presencia de licenciados en nutrición a nivel nacional. Cuando llegué al INDA en 2020 había solo cuatro nutricionistas territoriales, hoy tenemos diecisiete nutricionistas y dos licenciados en Trabajo Social territoriales, alcanzando un total de cuarenta técnicos especializados. Esto nos ha permitido orientar, asesorar, monitorear, capacitar y brindar educación alimentaria a muy diverso público que incluye casi quinientos CAIF, además hay que considerar que INDA se vincula con alrededor de 1.200 instituciones a nivel nacional.
¿Qué acciones se llevan adelante actualmente desde el INDA y qué otras políticas se podrían implementar para mejorar la gestión del instituto?
Estamos haciendo el proceso de vincular la población que atiende el INDA a los sistemas de información del Mides, donde aún falta avanzar más que nada a nivel nacional, porque en Montevideo hemos logrado un avance enorme. Esto permite una atención integral de las personas, más allá de la asistencia alimentaria. Si no avanzamos a una atención integral, la asistencia no logra revertir los problemas estructurales que causan la inseguridad alimentaria y la exclusión social.
En esta administración hemos aumentado las compras directas a la producción familiar y pesca artesanal. Esta política tiene por desafío mejorar el monitoreo del cumplimiento de la ley, no solo desde el Estado, sino también desde las organizaciones habilitadas. Sabemos que es una buena política, cuantos menos kilómetros recorra un alimento, mejor, por razones ambientales, sanitarias y económicas, pero su monitoreo es vital para su fortalecimiento.
¿Cómo se encuentra Uruguay en materia de soberanía alimentaria y cuál es su importancia para el país, sobre todo, en las personas más vulnerables?
En Uruguay la mayoría de los alimentos que consumimos se producen en el país, pero lamentablemente cada vez se consumen más productos ultraprocesados, que en su mayor parte no son producidos en el país. Esto trae muchos problemas de salud y también en la producción y en el ambiente. Cada vez se comen menos verduras y frutas, por ejemplo. El desafío es avanzar hacia la protección de la comida basada en alimentos de producción local-regional; educar paladares, sobre todo en los primeros años de vida; fomentar habilidades de cocina sin distinción de género, defender nuestra cultura gastronómica. En la población más vulnerable con inseguridad alimentaria se ha observado un alto consumo de ultraprocesados y esto es un grave problema. Por ello estamos haciendo esfuerzos para brindar mayor educación alimentaria basada en el fomento de habilidades en cocina, pero también estamos desarrollando experiencias de huertas comunitarias –este año tenemos dos proyectos en Rocha y Cerro Largo–. El reto es revincularnos con la producción y consumo de alimentos sanos y ricos.
¿Cuáles son las metas cumplidas y cuáles quedan pendientes?
En cuanto a las metas cumplidas, hemos logrado fortalecer al INDA, tanto en recursos humanos como a nivel presupuestal, para dar mejor cumplimiento a nuestra misión y cometidos institucionales, si bien aún tenemos falta de personal en áreas de administración, fundamentalmente. Hemos mejorado los sistemas de información y registro de usuario que, entre otras cosas, contribuyen a una mayor transparencia en el uso de recursos públicos y a una atención más integral de la población. Hemos contribuido a la generación de información de calidad que el país no tenía en la materia, para orientar decisiones basados en evidencia científica. Por otro lado, en lo que respecta a las metas pendientes, debemos continuar en la mejora de procesos de gestión a nivel nacional, mejorar sistemas de información y monitoreo de resultados.
¿Qué perspectivas tiene para el próximo año?
Con respecto a las perspectivas, puedo destacar el fortalecimiento de los procesos de gestión que estamos implementando, de manera que la institución logre cumplir con sus cometidos. En segundo lugar, avanzar hacia la implementación de nuevas fases en el PAT que incluyen capacitación para procurar rutas de salida de la exclusión en la población que atendemos. Por último, aspiramos a que el país avance hacia un descenso de la inseguridad alimentaria, donde nosotros tenemos un rol de atención y nuestra contribución para resolver los problemas estructurales que impactan en algunas de las causas, pero no en las principales.
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