La falta de competitividad y los altos costos de producción en Uruguay siguen siendo problemáticas vigentes, según el diagnóstico del economista Pablo Moya. Entrevistado por La Mañana, el especialista explicó que se necesitan reformas estructurales para reducir los costos y cuestionó el “impuesto Temu” por entender que no es un mecanismo adecuado en el contexto actual. Además, alertó que el reciente decreto de fronteras perjudicará a la industria nacional.
¿Cómo ha visto, en términos generales, el manejo económico de este gobierno durante 2025?
No ha habido mayores sorpresas, ha habido una continuidad en lo que tiene que ver con los anuncios por parte del Banco Central del manejo de la política monetaria con lo que venían haciendo los gobiernos anteriores. Y por el lado de las finanzas públicas, sucedió lo que se presuponía y ahora se confirmó con la votación de la Ley de Presupuesto. El gobierno tiene muy poca caja como para poder implementar medidas más disruptivas, por lo que este año ha transcurrido sin grandes modificaciones.
¿Se esperaba que fuera diferente?
Creo que todos teníamos una expectativa de que quizás el gobierno, en base a anuncios previos, podía imprimirle a esta administración, sobre todo en el primer año, algún rumbo económico diferente. Con un ministro de Economía con conocimiento de las necesidades del sector privado, esperábamos algún tipo de estímulo o por lo menos entender la problemática que vive el sector privado.
¿Por qué cree que no se ha realizado ningún anuncio de ese tipo?
Esta primera etapa el gobierno se vio en una peor situación en cuanto a las finanzas de lo que era anteriormente. Por otro lado, tratan de poner mayor foco a políticas de seguridad y de educación, ajustando esos pocos recursos, cuando en realidad las medidas que por lo menos el sector privado está esperando no son de una demanda de recursos inmediata. ¿A qué voy con eso? Todos los que analizamos los números macroeconómicos del país, lo que les demandamos a los gobernantes son cambios estructurales para hacer más eficiente y menos costoso producir en Uruguay. Cuando el Estado es uno de los principales proveedores de servicios como combustible, energía, telefonía –aunque en este caso hay competencia en algunos subrubros–, y por el otro lado te cobra impuestos, ese peso del Estado debería ser un poco menor para que las empresas produzcan bienes y servicios de manera más competitiva. No se necesita un gran análisis para realizar ese diagnóstico.
Lo que la gran mayoría estamos esperando es que cada administración de gobierno entienda que se deben empezar a procesar esos cambios, pero siempre naufragan por equis motivo, no se concretan. Se necesita realizar esas reformas estructurales para abaratar el costo de producción, y de ahí el costo laboral, el costo de bienes y servicios. Cuando hablo del costo laboral no me refiero a una pérdida de derechos, lo que no quiero es que el costo sea tan alto que producir no me permita competir con el resto del mundo o que solo sea a través de nichos de mercado por grandes posiciones dominantes. Hay mercados que solo los pueden afrontar quienes tienen una posición financiera muy fuerte en el caso doméstico, y en el caso internacional vamos perdiendo competitividad.
¿En qué áreas son más urgentes y necesarias las reformas que mencionaba?
Todos decimos que tenemos que hacer reformas educativas, de seguridad social, laborales, pero, como decía, quedan en el veremos. La realidad de Uruguay no está tan mal en relación con el resto del mundo, pero internamente las mejoras son leves: quizás estamos mejor a nivel de inflación, pero, salvo empujes puntuales, el producto sigue creciendo a una tasa muy baja, la deuda presenta incrementos y el déficit fiscal tiene una rigidez a la baja. Eso se ha repetido en las últimas administraciones de gobierno. Obviamente, la inflación de hoy no es comparable con la de hace 15 o 20 años, pero sí el manejo que se ha tenido de los resultados fiscales y de la deuda.
¿Qué opinión tiene sobre los impuestos incluidos en la Ley de Presupuesto, sobre todo, en el caso del llamado “impuesto Temu”?
Ya tenemos, como te decía hoy, una carga impositiva alta. Poner impuestos en función de situaciones puntuales no hace a la lógica de tener un sistema tributario homogéneo. No estoy de acuerdo con ir poniendo impuestos puntuales porque eso lo que hace es generar distorsiones en un sistema general. Abrir de forma indiscriminada la economía genera una distorsión para todo aquel que está establecido en Uruguay, porque las empresas tienen que competir. Cuando se firman los tratados de libre comercio hay pasos donde uno va protegiendo a los sectores para que precisamente no se vean amenazados de la noche a la mañana, y hay una adecuación. Lo mismo pasa con el comercio. Cuando se abrió la importación de todo tipo de bienes a través de las franquicias, los comercios instalados pegaron el grito en el cielo, entonces, tiene que haber una armonización o una lógica de fijación o estructuración de los impuestos, no es simplemente por ponerlo. No por gravar una actividad puntual es que se tienen que generar los impuestos, no debería ser así.
¿Qué reflexión le merecen los posibles impactos que traerá el reciente decreto de fronteras?
En la línea de lo que te decía, primero se hace un diagnóstico de que, por así decirlo, existe contrabando, entonces, como existe contrabando y los organismos de fiscalización son ineficientes, vamos a legalizarlo. Básicamente, en buen romance, significa eso. Dentro del diagnóstico se es consciente de que existe en algunos casos superposición de controles y de requerimientos sobre los bienes a importar, pero no se suprimen; se suprimen solo para una lista específica de bienes y en un contexto muy particular, con lo cual las empresas establecidas en Uruguay que proveen esos bienes –en algunos casos desde el interior del país y en otros desde Montevideo– se encuentran en una situación de competencia muy desigual, no tienen que registrar el producto en el LATU, no están obligadas a poner los octógonos, pero estamos hablando de alimentos.
Yo entiendo que lo que se pretende es una ayuda para bajar la canasta de ciertos bienes, pero ¿los precios de esos bienes son altos simplemente porque no existe competencia o es porque existen mercados casi monopólicos y por eso a nivel local no se bajan? ¿O es porque en relación con la región somos más caros en transporte, energía, leyes sociales, seguridad social, por lo cual las empresas locales no pueden proveer un bien más barato? Entonces, no me parece que sea esta la manera de bajar de forma permanente el precio de los bienes, porque desde el punto de vista económico, la frontera se corrió 60 kilómetros hacia adentro para estos bienes. No estoy de acuerdo con que este sea el mecanismo, castigando a las empresas establecidas que pagan los tributos y tienen una estructura armada y de la noche a la mañana se encontraron con esto. Si ya no se le vendía prácticamente ni una galletita a la frontera, con esto menos, se va a vender cero. Aparte, si estamos reconociendo que no podemos controlar ese ingreso de alimentos, ¿qué nos garantiza que parte de esos bienes no van a terminar en Montevideo, por ejemplo, en el ámbito ilegal?
O sea, ¿esto va a terminar impactando en la propia industria nacional?
Claramente. En frontera capaz que vendían un producto en mil, ahora van a vender cero. Y hoy uno va a cualquier feria en Montevideo o en Canelones y ve los productos de frontera.
