La designación del teniente general Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa constituye un hecho inusual en la historia reciente argentina y, al mismo tiempo, un punto de inflexión en la discusión sobre cómo debe conducirse el instrumento militar en una democracia. No se trata simplemente del nombramiento de un militar: es la decisión de que, por primera vez en décadas, la conducción política del área recaiga en un profesional cuya vida entera transcurrió dentro del estudio, la planificación y la gestión de la Defensa.
El gesto tiene, además, un profundo contenido político. En un contexto de restricciones fiscales severas, donde los recursos para modernización, sostenimiento y equipamiento siguen siendo escasos, el mensaje presidencial hacia las Fuerzas Armadas se interpreta como un claro apoyo, dentro de lo que permite la coyuntura, y de absoluta confianza. Es, en términos simbólicos, un reconocimiento explícito del valor profesional de las Fuerzas Armadas y de la necesidad de que las decisiones críticas del sector estén guiadas por conocimiento técnico y experiencia directa.
La pregunta inevitable es si esta decisión es compatible con el control civil democrático, piedra angular de la institucionalidad desde 1983. La respuesta es afirmativa, siempre que se entienda que el control civil es un sistema, no una persona. El presidente, el Congreso, la Justicia, los organismos de control, los medios y la sociedad civil integran un entramado de supervisión política que no se altera por el perfil del ministro.
En varios países con democracias sólidas, desde Estados Unidos hasta Portugal, la conducción de la defensa ha sido ejercida ocasionalmente por militares, sin que ello implicara un retroceso institucional. Lo determinante es la fortaleza del entramado democrático y la claridad de las reglas del juego. En ese sentido, la Argentina llega a este hito con un sistema de subordinación plenamente consolidado y sin amenazas al orden constitucional.
La designación de un ministro con trayectoria operativa, académica y de conducción puede aportar, además, un elemento que la política no ha logrado sostener en décadas: realismo estratégico. Las Fuerzas Armadas conocen mejor que nadie el estado del instrumento militar, sus carencias, sus capacidades y sus necesidades urgentes. Y en un país donde la improvisación, la discontinuidad y la rotación doctrinaria han sido la norma, la presencia de un profesional al frente del Ministerio abre la posibilidad de ordenar prioridades, estabilizar criterios y modernizar la gestión.
Este giro no implica militarizar la política, sino profesionalizar la Defensa. Del mismo modo que Salud, Energía o Economía requieren especialistas, la Defensa, uno de los sectores más complejos y vitales del Estado, necesita conducción técnica, información precisa y experiencia comprobada. La política sigue marcando los fines; el ministro aporta conocimiento y liderazgo para alcanzarlos.
A muchos políticos les inquieta imaginar que una “caja” deje de usarse del modo tradicional, en manos de un correligionario que, apenas nombrado, se dedica a crear cargos, sumar asesores y acomodar a todo el que pueda. Por eso, en estos días veremos a más de un intelectual o periodista ideologizado, la mayoría bastante desinformados, opinando con total soltura sobre el tema, mientras buena parte de la “casta” se rasga las vestiduras ante la sola idea de perder un enclave de poder que creían eterno para los suyos.
En una democracia madura, lo relevante no es la procedencia del funcionario sino la calidad del sistema que lo limita, lo controla y lo guía. Y en un país que ha relegado por décadas su política de Defensa, la decisión presidencial puede interpretarse como un reconocimiento de que ya no se puede seguir administrando la inercia, es necesario reconstruir capacidades, modernizar estructuras y dar previsibilidad a un área crítica del Estado.
La llegada de Presti es, en definitiva, un hito histórico. No porque implique un cambio de paradigma en el control civil, que permanece intacto, sino porque introduce un signo de madurez política: admitir que la Defensa requiere conducción profesional, continuidad y planificación, y que el país no puede darse el lujo de seguir postergando lo que garantiza, en última instancia, su soberanía y su existencia como nación.
*Presidente del Foro Argentino de Defensa
