El enigma de la des-conexión ganadera, el más reciente libro de los investigadores Carlos Petrella y Carlos Tessore, fue presentado por el historiador Juan Luzuriaga y el contador Jorge Xavier en la Fundación de Cultura Universitaria el martes 2 de diciembre. Luego del encuentro, los autores conversaron con La Mañana sobre el proceso de investigación de este caso que ha calado hondo en la sociedad uruguaya.
¿Se encontraron con algo inesperado en el transcurso de la investigación?
Carlos Petrella (CP): La gran novedad de la investigación fue que empezamos a intuir que además de que se ponía de manifiesto la presencia final de un esquema Ponzi, que se trata, en definitiva, de una estafa, empezaron a aparecer indicios de lavado de activos, cuyo estudio ahora está en manos de la Justicia.
Carlos Tessore (CT): Nos sorprendió encontrarnos con una empresa comercialmente muy desarrollada en el sector ganadero uruguayo que había llegado a ese nivel con un pobrísimo manejo de la información acerca de los resultados de su gestión. Tanto fue así que ni siquiera sabía dónde estaba exactamente el ganado ni cuántos animales tenía. Nos sorprendió que una empresa que manejó 400 millones de dólares y tenía más de 4000 inversores hubiese llegado a ese nivel de desarrollo de negocios que alcanzó, sin que los organismos oficiales de contralor del Estado hubiesen intervenido. Hoy sabemos que la falta de control fue parte del caldo de cultivo para el desarrollo de la crisis de Conexión Ganadera, hasta un punto en que la supervivencia de la empresa fue prácticamente imposible.
En el libro ustedes hablan de un “deslizamiento progresivo” hacia la ilegalidad. ¿Qué falló en este caso? ¿Por qué no se detectó antes?
CT: Efectivamente, detectamos, como usted dice, un “deslizamiento progresivo” hacia la ilegalidad. El momento de ruptura de una administración legal a una ilegal es objeto de controversias. Los administradores de Conexión Ganadera vieron cómo se reducía el espacio estratégico de viabilidad del negocio y sus posibilidades de maniobra operativas. Primero acudieron a medidas de ajustes del modelo que se vieron superadas, como por ejemplo la reducción de las tasas que pagaban hasta un mínimo del 7%, junto con la necesidad de acelerar la entrada a inversores deseosos de colocar su dinero. Recordemos que durante mucho tiempo continuaron agregándose inversores que estaban en “listas de espera”. Todo eso que auspiciaron los administradores no fue suficiente para generar mayores recursos y, en un determinado momento, un esquema Ponzi fue la principal tabla de salvaguarda para poder financiarse, ya que otras opciones que por trascendidos se exploraron, aparentemente mostraron ser inviables.
CP: Aparecen crecientemente en las críticas al colapso de Conexión Ganadera las debilidades de los sistemas públicos de contralor que evidentemente no operaron como sería deseable. Los organismos que supuestamente debieron estar escaneando el horizonte, aparentemente no captaron la situación crítica que atravesaba la empresa en toda su magnitud. Todo parece indicar que la inacción de algunos controladores estatales fue lo que permitió que Conexión Ganadera se desarrollara sin necesidad de dar explicación de su situación.
¿En qué medida incidió en este caso la escasa cultura financiera que hay en Uruguay?
CT: Es necesario tener presente que, de los más de 4000 inversores de Conexión Ganadera hasta ahora identificados, se ha estimado que el 95% eran realmente pequeños inversores, sin experiencia en inversiones y sin formación financiera. En definitiva, sin tener una clara percepción de los riesgos que se estaban asumiendo ni reconocer cómo esos riesgos podían ser gestionados. Precisamente, esta situación fue un catalizador para que Conexión Ganadera pudiera prosperar y llegar a crecer sin tener mayores dificultades operacionales, y al mismo tiempo aplicar un esquema Ponzi sin mayores tropiezos en su instrumentación.
CP: Queda claro que los pequeños inversores no tenían idea que se estaban metiendo en la boca del lobo al invertir en algunos fondos ganaderos. Es obvio que las operaciones a futuro siempre generan riesgos. El problema se produce cuando el inversor no tiene la menor idea de esos riesgos. Cuando un agente inversor con dinero y sin experiencia interactúa con un captador de capital con experiencia, pero sin dinero, se produce un gran cambio cualitativo y cuantitativo. El primero posiblemente gana experiencia y el segundo se enriquece.
¿Cómo han visto el proceso judicial en torno a este caso?
CP: El proceso judicial ha sido objeto de un intenso análisis y crítica. Las investigaciones han avanzado a través del sistema penal acusatorio vigente en Uruguay, centrándose en la figura de la estafa agravada y la apropiación indebida y lavado de dinero. Parte de las actuaciones que son públicas muestran que los investigadores de Fiscalía se han enfrentado a desafíos significativos, principalmente en lo que refiere a la posibilidad efectiva de lograr la recuperación de activos, lo que ha reforzado la percepción de impunidad en la opinión pública. Las actuaciones judiciales siguen avanzando actualmente. Por ahora solo se están viendo los primeros resultados.
CT: El caso Conexión Ganadera es un ejemplo de la dificultad de la Justicia Penal para abordar ciertos delitos económicos complejos transnacionales. La notoria escasez de recursos logró enlentecer el accionar y dificultó poder llegar a tener una visión general de las operaciones de intermediación financiera que se estaban desarrollando. Si bien la Justicia uruguaya ha logrado formalizar ya a algunos responsables y avanzar en el desarrollo del juicio, queda mucho por hacer. Se ha imputado a los tres directores en una primera etapa, resta estudiar lo que han hecho más de 30 involucrados que van a ser investigados en los próximos meses. Algunas de las debilidades de contralor se han hecho evidentes cuando uno de los directores imputados con prisión domiciliaria intentó y abrió una cuenta en el exterior aparentemente con la intención de operar desde allí. La situación fue resuelta, pero tal vez existieron muchos más episodios de similar naturaleza que pasaron por debajo del radar. Uno de los muchos desafíos pendientes es la reparación del daño causado a las víctimas por los administradores de Conexión Ganadera, lo que posiblemente será la vara con la que la sociedad medirá la efectividad final de la respuesta del Estado una vez que la crisis haya culminado. Los inversionistas son en general justificadamente pesimistas en cuanto al capital que pueda ser finalmente recuperado. Los inversores en el contexto de esta quiebra son acreedores quirografarios que son los últimos en la línea de cobro, después de que se les haya pagado a los acreedores privilegiados y a los acreedores garantizados.
¿Hubo información a la que les costó acceder?
CT: Hay información que todavía permanece oculta. Las actuaciones judiciales muestran lo difícil que es avanzar en el entendimiento de las responsabilidades de los principales actores y en la reparación de los agentes perjudicados. Los sistemas de comunicación han informado repetidamente sobre algunos hechos relevantes, sobre todo de las actuaciones judiciales en curso, pero la información suele ser muy fragmentaria.
CP: En realidad, manejamos fundamentalmente información pública en el inicio de nuestra investigación. Luego fuimos profundizando al entrar en el laberinto de las actuaciones de los agentes de Conexión Ganadera, los inversores y los organismos de contralor. Entrevistamos a varios agentes muchas veces con compromisos de reserva, que nos proponemos respetar. También accedimos a documentos relacionados con la gestión. En general, el manejo de información mediática sobre el caso suele ser poner foco en algunos hechos puntuales y resulta ser escasamente contextualizada. Por otra parte, la información de organismos oficiales sobre la crisis ha sido muy escasa y podría decirse que tardía. Obviamente, la información filtrada por los administradores ha apuntado a defender su gestión y sobre todo a deslindar responsabilidades individuales o familiares.
¿Se contactaron con damnificados en el proceso de investigación?
CP: Lo hicimos en varias ocasiones. Pero acordamos no citar respuestas que nos fueron dadas con reserva.
Durante la presentación, Jorge Xavier mencionó que en el libro se abordan aspectos psicológicos y éticos. ¿Podrían profundizar al respecto?
CP: Aparece el compromiso de los administradores de Conexión Ganadera de altas rentabilidades fijas por sus inversiones en ganado. Al final el valor menor asegurado era del 7%, pero continuaba siendo muy bueno comparado con lo que ofrecen los bancos. Puede ser que eso fuera excepcionalmente posible en algún período de la existencia de la empresa, pero sabemos que se fueron produciendo cambios en los costos de los insumos y en la disponibilidad de mano de obra y se fueron reduciendo los productores dispuestos a participar. ¿Cómo pudo ocurrir esto sin que los expertos lo detectaran? Hoy sabemos que los estados contables no eran transparentes. Confirmamos que no había auditorías ni balances y muchos datos necesarios para juzgar profesionalmente el estado de situación de la empresa no estaban disponibles. Debemos reconocer que los balances y las operaciones de la empresa no reflejaban adecuadamente la realidad. Aparentemente, la actividad ganadera genuina de Conexión Ganadera con el paso del tiempo se convirtió en una fachada para el desarrollo de una operación financiera fraudulenta. Hemos identificado que se produjo un abuso de confianza de los administradores. La empresa utilizó su prestigio y el aura favorable del tradicional sector ganadero para captar fondos de pequeños y grandes inversores, muchos de los cuales eran profesionales universitarios o personas sin experiencia en el rubro, pero atraídos por una inversión segura y rentable. Los directores y socios tenían la obligación profesional y ética de gestionar los fondos de los inversores con diligencia considerando su mejor interés, pero eso aparentemente no ocurrió. Las actuaciones judiciales finalmente determinarán si los administradores incurrieron en apropiación indebida y usaron los activos de la empresa para beneficio personal, como por ejemplo la adquisición de propiedades y acciones a nombre de familiares.
CT: Vivimos en una era de disrupción constante donde los modelos predictivos tradicionales ya no aplican. Los entornos BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) nos ofrecen un nuevo paradigma para entender esta realidad. La ansiedad en BANI no se refiere a un trastorno clínico individual, sino a un estado psicológico colectivo y estructural que surge cuando los actores (individuos o colectivos) perciben que los cimientos de su realidad son frágiles (brittle) y pueden considerarse hasta amenazantes. Los efectos se manifiestan como una especie de sensación a veces indefinida y hasta abrumadora de temor e impotencia ante un entorno caracterizado por información inabarcable y amenazante, sobresaturación de datos contradictorios, que suelen ser alarmistas o incompletos (crisis climáticas, pandemias, inestabilidad geopolítica), lo que genera la sensación de que siempre falta algo por saber y que eventualmente una catástrofe puede estar a la vuelta de la esquina. Aparece la pérdida de control y predictibilidad y las herramientas tradicionales de planificación se tornan insuficientes. El futuro esperable ya no es necesariamente una proyección lineal del pasado, creando una incertidumbre profunda sobre las consecuencias de cualquier acción.
Por su parte, Juan Luzuriaga se refirió a la estafadora de Turquía que fue condenada a 132 años de prisión: “En ese país, el que la hace la paga, tal vez a veces hay que ver esos ejemplos”, afirmó. ¿Coinciden con esta apreciación?
CP: En un Estado de derecho como el uruguayo, el sistema judicial nacional es quien debe determinar responsabilidades civiles y penales en última instancia. Está claro que muchas veces hay vacíos legales para actuar o que, pudiéndose actuar, las penas aplicables por el sistema podrían ser muy benévolas, según la opinión de algunos actores perjudicados. Posiblemente todo este tipo de delitos que se denominan de “guante blanco” requieran ajustes en la legislación uruguaya de cara al futuro. Solo mencionamos un aporte: no hay evidencias de que el aumento de las penas opere como disuasor de los futuros delincuentes. Respecto de la afirmación de que “el que la hace la paga”, es un buen principio, pero su aplicación en Turquía o en Uruguay no es comparable. Se trata de sociedades que son muy distintas.
Siempre se destaca a Uruguay como un país de instituciones sólidas y transparencia. ¿Podría decirse que el Estado quedó manchado a nivel mundial por este caso?
CP: Hablar de una “mancha” es algo muy genérico. Cuando se requiera profundizar en las valoraciones de determinados impactos de la crisis, sería bueno ser más precisos. No considero que se afecte institucionalmente a los organismos de contralor como tales. A lo sumo podrían cuestionarse algunas actuaciones u omisiones de esas instituciones. Pero lo que ha ocurrido con el colapso de Conexión Ganadera no puede minimizarse. Por lo pronto, las instituciones de contralor público uruguayas se han visto interpeladas. Pensamos que este caso ha afectado la confianza de una forma que sería necesario estudiar.
CT: Los mayores impactos y muy probablemente también perjuicios en el largo plazo causados por la crisis de Conexión Ganadera van a producir efectos sobre la imagen país. El Estado ha estado desarrollando recurrentemente una política de fortalecer su imagen, de que Uruguay es un país eficiente, respetuoso de la ley y específicamente del cumplimiento de los contratos tanto nacionales como internacionales. La crisis dejó al descubierto un desempeño totalmente ineficiente e ineficaz, puesto que como país no fuimos capaces de detectar lo que estaba ocurriendo con Conexión Ganadera, precisamente la estafa más grande de la historia uruguaya reciente. A esto tenemos que agregar algunas señales de actos de corrupción en diversos organismos del Estado que aparentemente la crisis dejó en evidencia, pero que todavía no se han confirmado, así que hay que actuar con prudencia al formular acusaciones. Todo lo mencionado, si se confirmase, echaría por tierra, por lo menos parcialmente, la política de fortalecimiento de la imagen país con la que varios gobiernos nacionales se han embanderado en las últimas décadas.
