Uruguay es un país que puede jactarse de tener muy buenos índices en varios aspectos que hacen a la democracia en sentido amplio. En el contexto de nuestra querida, aunque siempre convulsionada, América Latina, el funcionamiento de las instituciones uruguayas y la confianza de su población en los pilares del sistema son efectivamente un activo a cuidar y por el cual sentir legítimo orgullo.
De ahí al mito de la excepcionalidad hay una gran diferencia. El mito de la Suiza de América le ha hecho mucho daño a Uruguay y el Dorian Gray criollo se enfrenta al espejo de una sociedad cada vez más fragmentada y envejecida, que desestimula los nacimientos y la inmigración. Existe un cierto tipo de conservadurismo tóxico que sigue afectándonos.
También está la tentación posmoderna y relativista de la izquierda y el progresismo que construye relatos sobre realidades ajenas al Uruguay, sobre las cuales insiste de manera obsesiva. Lo hace a través de la repetición mediática de consignas y la multiplicación de organismos de la sociedad civil, gracias al generoso financiamiento de cierta filantropía internacional.
Un buen parámetro de dónde estamos parados lo da la encuesta de Latinobarómetro, una de las dos principales referencias para América Latina, con mediciones desde hace 25 años en 18 países de la región y con un prestigio bien ganado, sin ocultar un pensamiento con tendencia a la izquierda. El informe de 2021 refleja los datos del último tramo de 2020, en plena pandemia, con cierta esperanza en las vacunas y en Uruguay ya transcurrido un año de las elecciones nacionales.
Es verdad que Uruguay es por lejos el país de la región que tiene mayor nivel de satisfacción con la democracia. Sin embargo, en 2018 se había hundido al nivel más bajo desde la recuperación democrática (61%) y subió a nivel promedio en 2020 (74%). ¿No decían algunos politólogos que el surgimiento de Cabildo Abierto era preocupante para la democracia?
En cuanto a confianza en las instituciones, los uruguayos ponen en los primeros lugares a la policía y las fuerzas armadas, solo por debajo de la Corte Electoral. Esto contradice las dudas permanentes que algunos sectores ciernen sobre aquellas instituciones, al instalar por ejemplo la idea de que hay un clima de represión, que no condice con la realidad.
Un punto interesante tiene que ver con el ítem ‘para quién se gobierna’. En América Latina el 75% considera que se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio contra el 22% para el bien de todo el pueblo. Esos números se acortan significativamente en Uruguay (54% y 39%) aunque se mantiene el orden. Lo llamativo es que para la mayoría de los latinoamericanos esos poderosos están vinculados principalmente al gobierno, mientras que en Uruguay esos poderosos están vinculados al gobierno, pero muy cerca se encuentran también las ‘grandes empresas’. De hecho, Uruguay ocupa el 4to lugar entre los países que ponen a las grandes empresas como los que tienen más poder detrás de Perú, El Salvador y Chile.
Otro dato valioso: si bien Uruguay está primero en libertad de expresión, los uruguayos otorgan a los medios de comunicación un poder significativo en comparación con la región, solo superados por Argentina.
Para cerrar, dos datos más que ilustran sobre la fragmentación social y la pérdida de la cultura del trabajo. En Uruguay la peor desigualdad es la de las oportunidades de trabajo y la principal discriminación es por la pobreza, mientras que es mucho menor la desigualdad por sexo y casi inexistente la discriminación por esa razón, a contramano de los relatos establecidos.
Por otra parte, una señal de preocupación radica en que Uruguay ocupa el primer lugar en América Latina en simulación de enfermedad para ausentarse del trabajo. 44% contestó que conocía a una persona que lo hizo recientemente. Además, en este ítem de fraude social, nuestro país también ocupa los primeros lugares del ranking en ‘arreglarse para no pagar impuestos’ y en ‘beneficiarse de un subsidio que no correspondía’. A tomar nota.
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