La baja de los Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos durante el primer semestre de 2021 no sorprendió a las autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). A través de un artículo que busca agregarse a la Rendición de Cuentas se pretende cambiar la estructura de trabajo de las fiscalías especializadas en búsqueda de mejores resultados. La Mañana entrevistó al titular de Senaclaft, Jorge Chediak.
Ante la baja de los Reportes de Operaciones Sospechosas durante el primer semestre de 2021, ¿entienden que este fenómeno se debió únicamente a la merma de la actividad económica o en algunos casos particulares pudieron haber repercutido otros aspectos?
Es un tema que no solo nos ha preocupado sino ocupado ya desde hace bastantes meses, desde que nuestra contraparte en el Banco Central, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) diera su memoria anual con la baja. En principio, la diferencia de percepción estaba en que nosotros estábamos advertidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que es el organismo internacional que integramos, de que esto iba a pasar.
En abril de 2020, ellos señalaron en la evaluación regional que uno de los efectos de la pandemia, influenciando en la actividad económica, iba también a conllevar una baja en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Entonces, en nuestro país y hasta donde sabemos en la región, la realidad se comportó tal como había predicho el organismo especializado. Bajaron los reportes, y sobre todo en el sector no financiero. No solo bajaron los reportes, sino que además son pocos.
La mayor parte de los reportes de operaciones sospechosas, más del 80%, son de los sujetos obligados del sistema financiero, básicamente en los bancos; y el 20% restante es de los sujetos obligados no financieros. Es más o menos el mismo perfil que se repite en la región; y la explicación estaría dada porque realmente la vía de ingreso del dinero a la actividad económica de cada país es en general por el sistema financiero. Entonces ellos (las entidades financieras) son los que básicamente están en mejores condiciones de hacer primero el análisis, son los que temporalmente lo hacen primero, y reportan primero. Tenemos esa situación en que un grupo acotado de entidades bancarias hace muchísimos más reportes de operaciones sospechosas que nuestros 13.500 obligados del sistema no financiero.
En cuanto al narcotráfico internacional, en los últimos años se han detectado grandes cargamentos de droga procedentes de Uruguay, en otros casos en el puerto de Montevideo antes de embarcar. ¿Cuánto se ha avanzado en investigaciones de lavado de activos detrás de estos casos?
Otro problema análogo al que señalábamos con los ROS, es que Uruguay también tiene un número muy acotado de investigaciones exitosas de lavado de activos en relación a delitos precedentes de alto monto; básicamente narcotráfico. Tenemos muy pocos casos para mostrar la eficacia del sistema internacionalmente.
El microlavado puede ser sencillo de investigar, a pesar de que tampoco tenemos demasiados casos. Pero el lavado de cantidades importantes provenientes de delitos precedentes que han dejado muchísimas utilidades con su envergadura –cuando además presumiblemente participan profesionales para ayudar a ocultar ese origen ilícito de los fondos e ir trasladándolo hacia la actividad económica normal como si fuera de origen lícito–, allí la dificultad en ese rastreo del origen ilícito para poder probar el lavado de activos es muy grande. Eso nadie tiene dudas, además requiere una mirada profesional de parte de equipos multidisciplinarios que ayuden al fiscal y al juez a seguir esa ruta del dinero; a interpretar el camino de enmascaramiento del origen ilícito que se ha hecho. Y bueno, el resultado hasta ahora en Uruguay es un número muy acotado de formalizaciones, y menos aún de condenas definitivas por algunas de las modalidades de lavado de activos. Tenemos muy pocos casos.
En Diputados no prosperó una propuesta que ustedes pensaban era buena incluir en la ley de Rendición de Cuentas para optimizar el trabajo de las fiscalías en investigaciones de lavado. ¿De qué se trata esta iniciativa y cuáles fueron las divergencias que evitaron que prospere en Cámara Baja?
Si bien nosotros hemos estado defendiendo el artículo, porque la redacción definitiva surgió de la oficina en coordinación con el Ministerio del Interior, la paternidad de la iniciativa es del Ministerio del Interior y la voluntad política es del Poder Ejecutivo, no es nuestra. Partiendo de un fenómeno, lo decimos una y otra vez, en el cual no hay diferencias de criterio. No hay una opinión de fiscalía, una del Ministerio del Interior y una de la Senaclaft distinta en señalar a que son pocos los procedimientos penales y las condenas, en relación al lavado de activos. El Dr. Jorge Díaz fue de los primeros en decirlo públicamente el año pasado.
En lo que hay alguna diferencia de enfoque es en cómo mejorar la eficacia del sistema judicial en general (Fiscalía y Poder Judicial) para que esa situación cambie. Había una propuesta inicial de Fiscalía de desagregar territorialmente, que básicamente apuntaba a desconcentrar la competencia en los juzgados de Crimen Organizado. Creo que nunca se llegó a consultar al Poder Judicial al respecto. Desde el Poder Judicial, la evaluación que hacíamos, al menos en mi época, es que la creación de los juzgados de Crimen Organizado había sido tremendamente exitosa. Había sido una muy buena idea porque permitía tener inicialmente un par de sedes –luego tres– con recursos, con posibilidades técnicas y funcionales de hacer investigaciones complejas; pocas, porque no tenía el trabajo diario de los jueces penales en general, al menos hasta noviembre de 2017, pero sí las complicadas, las que tienen que ver justamente con el crimen organizado. En su momento se habían establecido también fiscalías especializadas como espejo de esa solución del Poder Judicial.
Por supuesto sin dudar para nada de la capacidad de los fiscales en el interior de la República, no se puede dejar de lado el tema de la imposibilidad presupuestal de dotar a todos de equipos multidisciplinarios que le den apoyatura en la investigación de estos temas; razón por la cual parece muy razonable y lógico concentrar estas investigaciones en las fiscalías especializadas de Montevideo.
Atendiendo a la opinión contraria de Fiscalía en ese sentido, lo que sí apadrinó la Senaclaft fue esta solución intermedia, en la cual dejábamos la inmediatez de las primeras y más urgentes diligencias en el territorio a los fiscales de cada uno de los departamentos. Estos fiscales tienen esa mayor accesibilidad, tienen esa inmediatez que permite la recolección de evidencia inmediata, para que siguieran con esa parte de la investigación y luego se remitieran esos expedientes a Montevideo para que, ya con más apoyatura técnica, la fiscalía especializada –sobre todo en narcotráfico que es el delito precedente estadísticamente más frecuente en los temas de lavado de activos–, fuera quien llevara hasta su término la solución de estas causas.
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