En vísperas de las sesiones de la apertura de la nueva legislatura, los cambios en la seguridad, plasmados en el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración, ya son tema de debate. Si bien, los dirigentes de la coalición se excusaron de no poder emitir opiniones aisladas, hasta que los equipos técnicos culminen con la etapa de estudio del documento; políticos de otros partidos, abogados y funcionarios policiales se manifestaron sobre las nuevas medidas de seguridad previstas en dicho texto.
Tras el nuevo asesinato de un efectivo policial, el domingo de madrugada en San Carlos, Gustavo Zubía expresó en twitter que “en esta situación de vulneración de las más elementales formas de convivencia, “los de siempre”, se atreven a quejarse de las medidas que se proponen para detener esta salvajada diaria”. Y cuestionó, si “¿puede sostenerse desde alguna posición de respeto a los DD.HH., que no hay que reprimir en serio, con las muestras diarias de ataques y muertes a policías? ¿Desde qué mentalidad se “marea” con el engañoso “ser joven no es delito? Un sinsentido permanente” finalizó el ex fiscal y legislador electo por el Partido Colorado.
En tanto, el actual director nacional de la Policía, Mario Layera, que pasará a retiro en marzo, expresó su parecer sobre algunos puntos que modifican el procedimiento policial. Sobre la ampliación de la legítima defensa dijo que significa “un cambio de paradigma de lo que aplicó en este tiempo los gobiernos del Frente Amplio (FA)”. Con respecto al artículo que establece los ex policías puedan actuar como si estuvieran en actividad, manifestó saber “que muchos policías retirados quieren participar y seguir actuando, porque tienen ese sentimiento de colaborar con la seguridad”, pero al mismo tiempo advirtió que “por algo pasó a una situación de retiro, lo que significa que las condiciones físicas para actuar en situaciones críticas no son las mismas que se requieren para un policía en actividad”.
Layera entiende que actualmente “estamos en una situación de violencia muy importante para lo que es nuestra sociedad”; y mencionó que la seguridad debería ser “una política de Estado”, algo que “trascienda el eventual gobierno” dijo.
En esa misma línea se expresó, en diálogo con La Mañana, un ex jerarca policial. Opinó que, si bien estas medidas “pueden ser positivas para mejorar la seguridad, no alcanza solo con las nuevas disposiciones legales y la voluntad del gobierno”. Para revertir la inseguridad “tiene que existir una conciencia clara en todos los componentes de la sociedad”, ya que “las medidas para disminuir el delito van a ser indudablemente resistidas por los delincuentes” manifestó el ex policía.
Críticas desde el FA apuntan a “regresión en derechos” y “populismo”
Por otra parte, el secretario de derechos humanos de Presidencia, Nelson Villarreal, dijo a Radio Uruguay que el proyecto de ley muestra afirmaciones que “generan regresividad de derechos”. Hay que ver qué se entiende por “autoridad”. “Ser firmes respecto a la delincuencia no implica violentar los derechos” señaló.
Uno de los tantos frenteamplistas que manifestó su crítica fue Rafael Paternain. Con ironía, expresó que el proyecto “es popular”, porque “condensa todos los lugares comunes del único y operativo populismo en el país: el punitivo”. Paternain sostuvo que “las promesas de represión y el ejercicio de la autoridad sin miedos son siempre signos de demagogia y de una política sin ideas”.
Los abogados penalistas, Diego Camaño y Juan Fagúndez, advirtieron por su parte que algunas restricciones, derogaciones y modificaciones al nuevo CPP precipitarán en una “mayor prisionalización” y “más problemas” de funcionamiento a las fiscalías.
“Con menos herramientas y sin atractivos para negociar, -los fiscales- deberán enfrentar más juicios, lo que significa aumentar exponencialmente su trabajo y bajar su efectividad”, aseguró Camaño. En tanto, Fagúndez explicó que los cambios que propone el gobierno electo van a “detonar” el sistema de justicia, debido a que actualmente el 90% de los juicios se resuelven por intermedio del juicio abreviado. Instituto legal, actualmente vedado para los delitos de más de 6 años de pena, que la nueva normativa impulsada lo bajaría para penas de 3 años.
Jorge Díaz recibió en Fiscalía a Larrañaga para delinear trabajo conjunto
Al día siguiente de que se diera a conocer el contenido del borrador de la Ley de Urgente Consideración por parte de Luis Lacalle Pou, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, recibió en la Fiscalía al ministro del Interior designado, Jorge Larrañaga. Las dos instituciones empezaron a trabajar en conjunto para delinear de qué manera van a combatir a la delincuencia en el próximo periodo de gobierno.
Las modificaciones al Código del Proceso Penal (CPP), previstas en el anteproyecto presentado por la futura administración, que incluyen varias de las iniciativas sobre seguridad propuestas por Larrañaga, chocan en varios aspectos con la visión de Díaz, impulsor del nuevo CPP que rige desde noviembre de 2017. Empero, el funcionario judicial más emblemático de los últimos gobiernos aclaró que “Policía y Fiscalía juegan en el mismo equipo, el que defiende a la sociedad”.
Si bien, el fiscal evitó opinar sobre el documento, manifestó que harán un “análisis jurídico” del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración, “sobre todo de las consecuencias que eso implica; y del impacto que tiene en la Fiscalía y en la carga de trabajo de los fiscales”. Dicho informe será presentado al gobierno entrante, con las modificaciones que la institución judicial considere necesarias. Entre los temas que más preocupan al sistema judicial y estuvieron sobre la mesa en el encuentro del pasado jueves, están la “inflación de juicios” y la “saturación carcelaria” que podrían generar algunos de los cambios punitivos anunciados, como la tipificación de nuevos delitos y la disminución de los juicios abreviados.
Por su parte, Larrañaga, afirmó que el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración “está abierto” a los “aportes” de distintos partidos y especialistas. También dijo que en la reunión hablaron “de la creación de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural” y de “la lucha contra el abigeato”, entre otros temas.
Plazos previstos para el envío al Parlamento, aprobación y promulgación
Según mencionó el presidente electo, Luis Lacalle Pou, el 20 de febrero es la fecha límite fijada, para terminar con la discusión y comenzar a redactar la versión final del proyecto de ley que será ingresado al Parlamento Nacional el 2 de marzo. Los proyectos de ley de urgente consideración pueden ser enviados por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras legislativas; y deberán ser aprobados por las mismas en un plazo no mayor a 90 días. La cámara que recibe el proyecto por primera vez tiene 45 días para tratarlo y votarlo, mientras la otra tendrá 30. Los 15 días restantes se utilizarán en el caso de que se le realicen cambios y el documento modificado deba ser tratado nuevamente en la cámara donde ingresó. Si no hay sanción dentro de esos 90 días, el texto redactado quedará aprobado tácitamente. Luego, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días más para promulgar la ley.
Principales cambios en materia penal del anteproyecto de la LUC
- Ampliación de la figura de la legítima defensa para funcionarios del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional y extensión espacial para los civiles, con especial hincapié en establecimientos rurales.
- Aumento de penas por violación y abuso sexual especialmente agravado; y para quienes compren armas hurtadas a funcionarios policiales o militares.
- Incorporación de agravante de homicidio, en los casos de asesinato de guardias de seguridad, equiparándolo con las otras fuerzas de seguridad.
- Aumento de 5 a 10 años, la pena máxima para los menores infractores.
- Para los mayores de edad, la eliminación de las salidas transitorias para los que cometieron delitos tales como rapiña, homicidio agravado, lesiones graves o gravísimas, extorsión, secuestro y narcotráfico.
- Actuación judicial inmediata para quienes ocupen espacios públicos.
- Tipificación de nuevos delitos: resistencia al arresto y agravio a policías.
- Pena para la fuga de un preso, aunque esta sea sin violencia mediante.
- Sanción penal para los reclusos que destruyan las instalaciones carcelarias.
- Principales cambios para el procedimiento y el trabajo policial
- Obligación de identificarse cuando un funcionario policía lo requiera.
- Autonomía administrativa para interrogar e investigar a un imputado.
- Creación de la figura del agente encubierto y colaborador de investigación.
- Inclusión de la presunción de inocencia para los policías en su actuación.
- Otorgamiento de mismas facultades de acción para los policías retirados (respecto a los activos) que enfrenten un hecho delictivo violento.
- Creación de un nuevo instituto: Dirección Nacional de la Seguridad Rural.
- Aumento de horas del servicio 222, que pasan de 50 a 100 horas mensuales.
