La situación carcelaria sigue siendo de extrema gravedad y el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, señaló que el camino que ha emprendido para solucionar el problema “está dando buenos resultados”.
Un día después de la interpelación realizada por la muerte de seis reclusos en un incendio intencional en la cárcel de Punta de Rieles el 25 de setiembre, Martinelli participó de la colocación de la piedra fundamental de tres módulos nuevos a construirse en el penal de Libertad. Según explicó en estos se podrán albergar unos 1700 reclusos y las obras demandarán un año y medio, por lo cual está previsto que se inauguren a mediados de 2026. Se trata de celdas prefabricadas, de 12 metros cuadrados.
El ministro del Interior dijo que “con estas políticas sociales que estamos implementando dentro del sistema penitenciario de rehabilitación y estos nuevos modelos de cárceles que vinimos a mostrar hoy, este tipo de hechos que todos lamentamos (como el incendio que provocó seis víctimas) deberían disminuir y ojalá que, en algún momento, deberían de dejar de existir”, y aseguró: “Estamos absolutamente convencidos de que vamos por el camino correcto”. Tampoco descartó que, de ganar la coalición de gobierno, siga en el cargo “aunque sea un año más” mientras se discute el presupuesto quinquenal.
Interpelación de 10 horas con coincidencias
El ministro venía de una interpelación de 10 horas la cual se realizó en la Comisión Permanente del Poder Legislativo. El llamado terminó con una moción que tuvo en algunos puntos consenso entre gobierno y oposición.
La interpelación se había convocado a solicitud de la diputada Bettiana Díaz (Frente Amplio), quien dijo durante el llamado a sala que lo que ocurre en las cárceles se trata de una “vergüenza nacional”. La legisladora realizó al ministro 76 preguntas sobre diferentes aspectos de la situación carcelaria y las visitas de niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual a ofensores sexuales.
Durante la interpelación la diputada dijo que “el Plan Dignidad Carcelaria era para tener un sistema carcelario totalmente distinto. Este sistema es totalmente diferente, pero en peores condiciones”, no obstante reconocer que “antes las cárceles no eran hoteles cinco estrellas, pero el problema es que están cada vez peor”. Acotó que gracias a que los familiares de presos publican permanentemente las noticias de incidentes dentro de las cárceles, “mucha gente se entera antes por Facebook de lo que pasa que por la comunicación de las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación”.
Sobre los fallecidos en los centros penitenciarios indicó que en 2021 se registraron 86 muertes, un aumento de 79% con respecto al año anterior y el 40% de las muertes que se dan en las cárceles son en los primeros seis meses de reclusión. A esto se suma “un número importante de muertes” por tuberculosis, mientras que en una de las muertes naturales “existieron negligencias asistenciales o fallas institucionales estatales”. Para Díaz “no ha quedado clara cuál fue la política del gobierno en materia de cárceles. Casi nada de lo propuesto ha sucedido”.
En su intervención el ministro Martinelli indicó que algunas de las preguntas de Díaz estaban amparadas bajo la reserva del secreto por razones de seguridad y fueron declarados reservados desde la administración del exministro Eduardo Bonomi. El ministro sostuvo que “los uruguayos están cansados de ver a los políticos pelearse, echarse responsabilidades en temas que, además, son de suma preocupación y si uno se pone a mirar en los distintos programas de gobierno sin dudas que hay muchísimas coincidencias”. Pero Martinelli recordó el pasado.
“En los 15 años de gobierno del Frente Amplio hubo también episodios terribles. De los más conocidos son las 12 personas fallecidas en un incendio en Rocha y los tres homicidios el 19 de febrero de 2020 en el Comcar, apenas 10 días antes de que el Frente Amplio entregara el gobierno”. Sostuvo que “lamentablemente no hay ministro del Interior que no haya tenido que lidiar con la muerte dentro y fuera de un establecimiento penitenciario. Los problemas del sistema carcelario son de muchísima larga data y este ministro está siendo interpelado por una situación que se arrastra desde hace mucho más que 20 años. En algún sentido el Frente Amplio se está interpelando también a sí mismo”.
Tras la larga jornada se presentó una moción que fue votada en parte por toda la comisión permanente. Se efectuaron en la misma una serie de recomendaciones como ser tomar las medidas administrativas de urgencia para la contratación de servicios, obras, refacciones y contrataciones de personal que sean necesarias para mejorar la situación de acuerdo con los estándares penitenciarios previstos en las normas nacionales e internacionales. También la incorporación de mayor cantidad de funcionarios técnicos especializados. Otro punto votado por todos los legisladores es el apoyo para continuar con los programas de formación del Centro de Formación Penitenciaria y se aconsejó mejorar el equipamiento de los trabajadores civiles y policiales en los centros penitenciarios. También propusieron la creación de una comisión bipartita para estudiar la insalubridad en el trabajo penitenciario, sus aspectos sanitarios y presupuestales.
La diputada Díaz dijo tras la votación que “este va a ser un problema para atender para la próxima administración, gobierne quien gobierne”. Agregó que “el sentido de la responsabilidad nos hace tener una visión superadora y acompañar las propuestas que hablan de las condiciones de privación de libertad de las personas, de las medidas de urgencia necesaria, de acciones interinstitucionales, sino también de las condiciones de trabajadores del sistema”. También destacó: “Nos parece importantísimo que con el ministro en sala podamos estar aprobando esta serie de recomendaciones a implementar en el mediano y largo plazo para poder mitigar el riesgo que existe sobre la vida de las personas privadas de libertad como de las personas que trabajan en el sistema”.
Por su parte Martinelli sostuvo: “Nos vamos de acá con muchas cosas positivas para construir políticas públicas de largo plazo”.
“Falta de disciplina, ley y orden”
El inspector mayor retirado Gustavo Sánchez Paleo integra el grupo asesor de seguridad de Cabildo Abierto. En diálogo con La Mañana dijo que en los gobiernos del Frente Amplio también sucedieron hechos graves en las cárceles y se mostró crítico con la actual situación de los centros de reclusión, a algunos de los cuales calificó como “un infierno, por la falta de disciplina, ley y orden”.
Uno de los puntos principales que cuestiona es que no existe dentro del ex-Comcar una segregación adecuada de los presos, separando a los primarios del resto.
A su vez reivindicó el trabajo realizado por Enrique Navas, como director nacional de cárceles. En 2010, Navas ya señalaba, en una entrevista en el programa En Perspectiva, que había un “estado de emergencia penitenciaria” que debía encararse en tres frentes: sobrepoblación, seguridad y salud.
Sánchez Paleo señala que es necesaria la segregación dentro del ámbito carcelario “y Navas era fanático de esto”. Durante su mandato como director de Cárceles, los módulos del Comcar estaban divididos de acuerdo con la peligrosidad de los reclusos. Para el asesor de CA “de acuerdo con la gestión, es como va a funcionar la institución”.
“El carácter que le daba Navas a la gestión o Julián Rodríguez [director de cárceles hasta 2008], no es lo mismo que la gestión del actual director, Luis Mendoza”, dijo nuestro entrevistado.
Señala que el primer problema del actual Instituto Nacional de Rehabilitación es la gestión y a esto acota que “las cárceles funcionan los 365 días del año y no se puede tener funcionarios que trabajen de lunes a viernes 8 horas”. A su vez cuestiona la cantidad de guardias que se destinan para los módulos, “habiendo casos en que queda un solo funcionario en la noche, para un módulo donde puede haber 1000 presos”.
Agrega que “falta personal ejecutivo en las cárceles, o sea lo que se denomina penitenciarios”. Es por eso por lo que considera necesario crear un escalafón penitenciario para personal superior y subalterno, con formación mixta (seguridad y rehabilitación) en los actuales centros del sistema de enseñanza policial del Ministerio del Interior y agrega que el personal deberá ser cuidadosamente seleccionado y altamente capacitado, desarrollando controles y auditorías que aseguren y prevengan situaciones de corrupción e influencia del crimen organizado.
Cárcel de máxima seguridad
Dentro de lo que Cabildo Abierto propone es la creación de una cárcel de máxima seguridad, fuera de lo que es el ex-Comcar. A este respecto Sánchez Paleo indica “el Partido Nacional puso una cosa en el programa, después en el documento Compromiso por el País, pero poco y nada hace, llevando como lugar de máxima seguridad el módulo 12 del ex-Comcar”, lo cual considera algo “totalmente inadecuado”. Recordó que en 2018 hubo un motín en ese módulo, en el cual 31 presos tomaron de rehenes a tres policías. También señala que al no tener un servicio de enfermería los presos deben salir de ese lugar para ser atendidos, teniendo contacto con otros reclusos.
En este sentido desde Cabildo Abierto se recomienda que la ubicación de una cárcel de máxima seguridad dependerá de un estudio territorial previo que pondere todos los factores de acuerdo con las prácticas internacionales. A la vez se deberá crear una legislación especial para el régimen de privación de libertad de alta seguridad, que contemple esta situación y brinde herramientas al Estado para aplicar este régimen dentro de un marco legal específico.
Sánchez Paleo señala que la creación de una cárcel de máxima seguridad debe ser acompañada por la segregación de los detenidos por peligrosidad.
Ante la pregunta del porqué no se aplicó por parte de esta administración de un sistema de separación de presos por su peligrosidad, manifiesta que “eso se desvirtuó durante los gobiernos del Frente Amplio, ya que señalaban que son todos iguales, y con ese criterio, lo que hicieron fue un tabula rasa, dónde en las cárceles mezclaron a todo el mundo”.
También manifestó que es necesario crear más “chacras policiales” para los primarios. En ese sentido desde CA se plantea que el trabajo debe ser algo obligatorio para los privados de libertad y que estos reciban una prestación equivalente a un 60% del salario mínimo nacional por sus actividades laborales, bancarizándose y descontándose retenciones y asignaciones para hijos menores. Dentro de este programa se establecerá un cronograma de horarios y actividades educativas, de lunes a sábados, en el horario matutino y podrán cursar y culminar primaria con acreditación de lecto escritura, secundaria, bachillerato y también educación terciaria y universitaria. Otro aspecto es el redistribuir el destino de los proventos originados en la venta del excedente de bienes producto del Plan de Dignidad Laboral para el aumento de la partida presupuestal denominada Peculio.
Ayuda al liberado
Otro de los puntos más polémicos que existe actualmente es que sucede cuando una persona privada de libertad la recupera. El programa de Cabildo Abierto plantea incrementar el personal de la Dirección Nacional de Libertad Asistida (Dinali) en relación razonable con la cantidad de personas con medidas sustitutivas, procurando el seguimiento personal de cada caso. A esto se agrega “una profunda reforma de los organismos y funciones de la atención y apoyo al liberado, estableciendo una red de organizaciones y convenios para ocupar al máximo posible y realizar un seguimiento personalizado de cada caso. Incluye la asignación de recursos económicos y en caso necesario, empréstitos con organismos extranjeros”. Para los asesores de seguridad de Cabildo Abierto es necesario ampliar la presencia de la Dinali en todo el territorio nacional, de forma que cada en departamento exista una dupla de técnicos sociales especializados en el abordaje de las distintas situaciones de los liberados procurando su inserción social y apoyando a equipos multidisciplinarios de cada Centro de Rehabilitación. También el realizar un trabajo social integral con las familias de los reclusos y con asistencia médica adecuada en los centros de máxima seguridad.
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