La propuesta que fue presentada primero a los principales partidos políticos y luego a toda la población, establece aumentar a 65 años la edad jubilatoria –con excepciones– a partir de los cinco años de aprobada la ley; y prevé converger gradualmente los distintos subsistemas hacia un único régimen. El Poder Ejecutivo busca un amplio consenso para un acuerdo nacional.
Tras el extenso trabajo de la Comisión de Expertos en Seguridad Social presidida por Rodolfo Saldain, el Poder Ejecutivo elaboró un anteproyecto para modificar el actual modelo, conformado por varios subsistemas y convergerlo hacia un Sistema Previsional Común. Este será aplicable al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Caja Notarial de Seguridad Social y Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, detalla el documento.
La iniciativa presentada propone que los nacidos a partir del año 1967 deban cumplir con una edad mínima de 65 años (aumenta cinco) y 30 años (se mantiene igual) de trabajo para jubilarse. No obstante, el anteproyecto estipula dos excepciones: “La causal jubilatoria anticipada por la naturaleza de la actividad ocupadas en puestos de trabajo de la industria de la construcción o en la actividad rural, en los que se requiera un alto grado de esfuerzo físico para su desempeño, de acuerdo a lo dispuesto cuenten con un mínimo de sesenta años de edad y treinta años de servicios computables”.
El presidente Luis Lacalle Pou expresó en su cuenta de Twitter que el propuesto es “un sistema sostenible y más solidario”. Desde el Poder Ejecutivo se espera que exista un acuerdo dentro de la coalición de gobierno antes del 31 de agosto.
En primer lugar, el documento se presentó el miércoles 27 a los líderes de los partidos que integran la coalición de gobierno en la residencia de Suárez y Reyes. Tras la reunión, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, advirtió “problemas graves” en los distintos subsistemas existentes, por lo que “no podemos seguir mirando hacia el costado”. Iturralde aseveró: “Estamos absolutamente convencidos de que este sistema que se va a proponer en mucho más justo que el vigente”. Además, aclaró que la reforma no afectará a ningún jubilado; quienes tengan derechos adquiridos al día de hoy, los mantienen y mantendrán los próximos cinco años para poder jubilarse de acuerdo a estas mismas reglas, explicó.
Gobierno considera inevitable la reforma y busca un gran acuerdo político
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que “la idea es consagrar valores de equidad, integralidad y de sostenibilidad”. El líder del Partido Independiente indicó que “se inicia un proceso de diálogo” en el que cada partido político analizará e incorporará sus propuestas y ajustes sobre los contenidos del anteproyecto. En ese sentido, Mieres señaló que el gobierno buscará un acuerdo de Estado, con todo el sistema político y lamentó que el Frente Amplio (FA) no haya presentado una propuesta alternativa.
En tanto, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, en diálogo con radio Sarandí, se mostró cauteloso, dado que el texto será analizado por expertos colorados como Renán Rodríguez, Ariel Davrieux y Ana Inés Zerbino. Sin perjuicio de ello, opinó que el proyecto es “ambicioso” y “puede generar debates”. Si bien expresó que actualmente no hay una situación de “angustia” inmediata, Sanguinetti señaló que “cuanto más demoremos va a ser peor después el ajuste”. Por eso valoró que “si empezamos con un sistema gradual, si establece una progresión de edades que empiece dentro de cuatro años y que termine en 2035 con 65 años de edad, no estamos hablando de ninguna cosa drástica que no se pueda absorber”, explicó. “Habrá que ver en el tránsito qué sistema se les da a los militares”, señaló el expresidente. Apuntó a que en la actividad militar también hay “edades específicas” y “uno no se imagina un soldado jubilándose a los 65 años”, consideró Sanguinetti.
Por su parte, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo a Telemundo que el documento “merece un serio y responsable estudio”, en el que se quiere “escuchar a todos los colectivos afectados por este anteproyecto de ley” antes de emitir una “opinión definitiva”. Manini expresó que “la reforma de la seguridad social es necesaria” y advirtió que de no hacerse “en pocos años más el sistema todo va a colapsar y no se van a poder afrontar las obligaciones que por ley tiene cada una de las cajas”. Recordó que esta reforma afectará a todo el Uruguay y a futuras administraciones, y por eso requiere una “política de Estado” en la que todo el sistema político llegue a un acuerdo. “No puede ser que haya medio país proponiendo una reforma y otro medio país dedicándose a tirarle piedras a la reforma”, dijo Manini.
Oposición y PIT-CNT plantearon cuestionamientos a propuesta del Gobierno
Tras recibir en la sede del FA el viernes 29 de julio al presidente Lacalle Pou y a Saldain –quienes entregaron el anteproyecto al presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira–, el partido se reunió el lunes 1° de agosto para hacer un primer análisis del texto elaborado por el Ejecutivo para la reforma de la seguridad social.
Pereira se excusó de emitir una opinión concreta hasta que los demás partidos políticos que forman parte de la coalición de gobierno tomen una posición común. Quien sí se refirió al anteproyecto fue el exministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Señaló que se trata de un “perjuicio muy grande” y que el gobierno “recorta o se ahorra cientos de millones de dólares” en dos años y medio. Murro apuntó a que “gran parte de lo que el gobierno califica como logro de mejora del déficit fiscal y del ahorro del gasto público, se hace a costa de las 800 mil personas” que han sufrido una gran pérdida en sus jubilaciones y pensiones”, apuntó Murro.
Desde el PIT-CNT expresaron su “honda preocupación” por el anteproyecto para la reforma de la seguridad social que entienden “recorta derechos”. Su presidente, Marcelo Abdala, cuestionó que “no existe un solo planteo que ubique la mejora de los ingresos de la seguridad social”. “Sube la edad de jubilarse para amplísimos contingentes de trabajadores, aumenta de manera concomitante los años de trabajo para vastísimos sectores de trabajadores y reduce prestaciones, jubilaciones”, señaló.
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