En un acto celebrado este lunes 8 de diciembre en la Torre Ejecutiva, el Ministerio del Interior presentó la síntesis de los Encuentros por Seguridad, un proceso participativo que generó 92 propuestas concretas para nutrir el Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP) 2025-2035.
El documento, aún en versión beta, sistematiza casi 150 horas de diálogo entre agosto y noviembre de 2025 con actores de diversos sectores. El ministro del Interior, Carlos Negro, calificó el proceso como “un espacio exitoso en convocatoria, desarrollo y producto”, y destacó el valor de los insumos obtenidos para continuar los trabajos. “Tenemos claro que la seguridad no puede esperar, por eso trabajamos a diario en consecuencia”, afirmó durante la ceremonia de cierre.
Un proceso participativo plural
Los Encuentros por Seguridad fueron convocados el 28 de julio por el presidente Yamandú Orsi y el ministro Negro con el objetivo de diseñar una política de Estado en seguridad pública. El coordinador del plan, Emiliano Rojido, explicó que durante cuatro meses se trabajó “en forma intensa, con generosidad y pluralismo”.
Participaron representantes de la academia, organizaciones sociales, el sector productivo, empresas, agencias del Estado y todos los partidos políticos con representación parlamentaria, excepto Identidad Soberana. El proceso incluyó 37 reuniones que dieron como resultado un documento con 92 propuestas de diversa naturaleza: cambios normativos, fortalecimiento institucional, iniciativas programáticas, educativas y de concientización.
El gobierno se comprometió a utilizar estos insumos para elaborar el plan definitivo que se presentará en marzo de 2026.
Siete ejes estratégicos
A partir del diálogo sectorial, se priorizaron siete ejes temáticos que estructurarán el PNSP:
Homicidios: se identificó que no es un fenómeno homogéneo, requiriendo estrategias diferenciadas para violencia de género, crimen organizado y conflictos interpersonales. Existe consenso absoluto en que el sistema penitenciario es el principal reproductor de violencia y reincidencia.
Violencia basada en género y contra niños, niñas y adolescentes: se diagnosticaron problemas de revictimización institucional, fragmentación de datos y falta de programas sostenidos sobre masculinidades hegemónicas.
Control de armas de fuego y municiones: los desafíos centrales son el tráfico transfronterizo, un sistema obsoleto de control de municiones y retrocesos normativos en trazabilidad.
Narcotráfico: Uruguay evolucionó de país de tránsito a centro logístico y de almacenamiento, con creciente infiltración del crimen organizado en la economía y el Estado.
Ciberdelitos y fraudes informáticos: este es el fenómeno criminal de más rápido crecimiento, con una profunda asimetría de capacidades entre delincuentes y el Estado.
Sistema de justicia criminal: fue descrito como un “embudo penal” crónicamente sobrecargado, con un modelo de investigación “caso a caso” insuficiente.
Sistema de prevención del delito y la violencia: se diagnosticó que Uruguay no tiene un sistema de prevención, sino programas fragmentados sin liderazgo, gobernanza ni presupuesto sostenido.
Consensos destacados y propuestas clave
Durante la presentación, Rojido subrayó los acuerdos alcanzados en varios frentes. Sobre los ciberdelitos y fraudes informáticos, definidos como “el problema del futuro”, hubo consenso general. Mientras las denuncias de rapiñas y hurtos se redujeron, las estafas digitales aumentaron, afectando rentas empresariales, datos públicos y el patrimonio personal.
En materia de coordinación público-privada, se destacó que Uruguay cuenta con unos 23.000 guardias privados. Una mejor articulación con las fuerzas públicas podría, según Rojido, “duplicar la capacidad de vigilancia en calle”. Las empresas del sector se mostraron dispuestas a colaborar incluso con cámaras y tecnologías.
El rol de la sociedad civil también fue un punto de concordancia. No se trata de delegar la política pública, aclaró el coordinador, sino de aprovechar la “inteligencia comunitaria” de las organizaciones que trabajan en territorios donde el Estado tiene poca presencia. “Poseen un enorme conocimiento del territorio, tienen la confianza de la ciudadanía, llegan donde el Estado no llega y pueden orientar los recursos públicos para tener mejores resultados”, enfatizó.
Otras propuestas consensuadas que surgieron de los Encuentros incluyen:
- La creación de un Registro Único Nacional de Armas de Fuego (Runaf) para una trazabilidad completa.
- El fortalecimiento de la capacidad de “seguir la ruta del dinero” para desarticular las finanzas del crimen organizado, dotando de más recursos a la Senaclaft.
- La expansión de las medidas alternativas a la prisión y el restablecimiento de la suspensión condicional del proceso.
- La formación especializada en cibercrimen y forensia digital para jueces, fiscales y policías.
- La construcción de una arquitectura de gobernanza para la prevención, con liderazgo claro y participación presupuestada de ministerios sociales.
El debate político: críticas y propuestas alternativas en la oposición
Sin embargo, este proceso de diálogo amplio convocado por el gobierno contrasta con el intenso y polarizado debate político-partidario que se desarrolla en paralelo. Mientras se buscaban consensos técnicos y sectoriales, la oposición presentó sus propias propuestas y formuló críticas de fondo, revelando fisuras tanto hacia el oficialismo como en su propia coalición.
A fines de 2025, el Partido Nacional (PN) presentó un paquete de 35 “propuestas concretas” centradas en un endurecimiento penal. La respuesta más contundente provino del ministro del Interior, Carlos Negro, quien descalificó el documento públicamente. Negro lo tildó de ser una “mini LUC” –en referencia a la polémica Ley de Urgente Consideración– y lo definió como un “pensamiento mágico penal”. Desde su perspectiva, este enfoque carece de evidencia de resultados en la reducción del delito y, en cambio, agrava problemas estructurales como el hacinamiento carcelario.
El presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, replicó calificando al ministro de “soberbio”. No obstante, la controversia también puso al descubierto una falta de coordinación dentro de la coalición opositora. El senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, manifestó que muchos de sus pares se enteraron de las propuestas blancas “por la prensa”. Aunque compartía la preocupación por la inseguridad, Viera matizó que “la solución no solo viene por el endurecimiento de medidas”, poniendo en duda la efectividad única de un enfoque punitivo.
Paralelamente, Cabildo Abierto presentó su propio documento de aportes, que combina un fuerte énfasis en el control territorial con reformas al sistema penitenciario. Sus propuestas más destacadas incluyen la creación de comisarías de alto impacto, la implementación del trabajo obligatorio no forzoso para reclusos, y la construcción de al menos dos nuevos penales de máxima seguridad en el interior del país.
Balance de gestión y anuncios
En su alocución, el ministro Negro hizo un balance de los primeros nueve meses de gestión, destacando “resultados inocultables”. Mencionó una baja del 5,3% en el total de delitos a nivel general y afirmó que en este período se obtuvieron “mejores resultados que en todo el gobierno anterior”.
Entre las acciones destacadas, enumeró operativos que “descabezaron” a principales bandas de narcotráfico y crimen organizado, incautaciones de drogas, investigaciones de homicidios y cibercrimen.
Para lograr una “mejor Policía”, Negro confirmó que, en el marco de la Ley de Presupuesto, se procura otorgar incrementos salariales al personal policial, a lo que se suma la incorporación de más de 1500 efectivos. También recordó la creación de la Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial, mejoras en la formación, el fortalecimiento de la Policía Comunitaria y la extensión nacional del programa Pelota al Medio a la Esperanza.
En cuanto a inversiones tecnológicas, el ministro detalló la instalación de 2700 nuevas cámaras, la adquisición de drones, la próxima colocación de cámaras en peajes, la construcción del anillo digital fronterizo y la suma de nuevos dispositivos 911, como el inaugurado en Ciudad Vieja en diciembre. También hizo énfasis en los dispositivos de respuesta a víctimas de violencia de género.
Hacia un plan de Estado
Tanto Negro como Rojido insistieron en la necesidad de que el PNSP trascienda los ciclos gubernamentales. El ministro afirmó que se necesita “una estrategia continua, que trascienda ciclos gubernamentales, se base en evidencia, sea coordinada y se desarrolle con indicadores claros”.
El documento beta presentado este lunes permanecerá abierto a comentarios y sugerencias de las instituciones participantes durante dos semanas. Luego se incorporarán los ajustes correspondientes y se publicará una versión final de la síntesis, que servirá como base para la redacción del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, cuyo lanzamiento está previsto para marzo del próximo año.
Participaron también del acto la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde; y el director nacional de la Policía, José Azambuya.
