Desde hace dos décadas en Italia está vigente una ley que se aplicará en las próximas elecciones que establece la “imparcialidad” de la información política. En esa legislación se inspira una propuesta de Cabildo Abierto llevada a la Comisión de Industria de Diputados para el tratamiento de una nueva ley de medios.
La denominada ley sobre par condicio, aprobada por el Parlamento italiano en febrero de 2000 dispone “la igualdad de acceso a los medios de información durante las campañas electorales –y de referéndum– y para la comunicación política”.
Recientemente, tras la renuncia del primer ministro italiano, Mario Draghi, el presidente Sergio Mattarella disolvió el Parlamento y anunció la celebración anticipada de elecciones, el 25 de septiembre, para conformar la Cámara de Diputados y Senadores.
Un decreto presidencial del 21 de julio de 2022, relativo a la convocatoria de los próximos actos electorales, dispuso la entrada en vigor de las disposiciones de la ley sobre par condicio que rige los programas de comunicación política, de información, los mensajes políticos autogestionados (gratuitos y pagados) y las encuestas políticas y electorales en la radio y televisión locales emisoras.
El presidente decretó: “Desde la fecha de convocatoria de los mítines electorales y hasta la finalización de las operaciones de votación, queda prohibido a todas las administraciones públicas realizar actividades de comunicación, con excepción de la que se realice en forma impersonal e indispensable para el eficaz desempeño de sus funciones”.
El impulsor de la ley 28/2000 es Vincenzo Vita, un político y experto en comunicación. En la exposición de motivos presentada al Senado sobre finales del siglo pasado, manifestó que el principal objetivo era: “facilitar el desarrollo de la vida democrática, protegiendo el derecho de los ciudadanos a ser informados de la personalidad y los programas de los actores políticos, y el derecho de las fuerzas políticas a gozar de igualdad de oportunidades de comunicación”. El documento expresaba que “este objetivo se persigue asegurando el debido énfasis en la necesidad del público de una información correcta, completa y objetiva y, al mismo tiempo, garantizando a todos los actores políticos la oportunidad de expresar sus opiniones al público”. En términos más concretos: “hacer frente a las elecciones con las mismas reglas para todos, garantizando la máxima imparcialidad en el plano comunicacional”.
Es menester entender el contexto político en el que la centroizquierda, de la cual formaba parte Vita, se veía amenazada por el ascendente partido de centroderecha, Forza Italia, liderado por Silvio Berlusconi, que pretendía repetir el triunfo de 1994 utilizando a su favor la maquinaria comunicacional detrás del Grupo Mediaset.
Por este motivo, otro de los objetivos de la ley era “evitar los anuncios remunerados durante la campaña electoral”, porque se creía que si se permitían harían que la desproporción entre el poder de las cadenas de Berlusconi y el resto del mundo de la radiodifusión crearía condiciones desiguales entre los contendientes políticos.
La propuesta cabildante
A mediados del año pasado, Cabildo Abierto presentó una propuesta inspirada en la ley italiana, denominada “De la comunicación política y la publicidad electoral”. Sebastián Cal, el representante del partido en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados, la presentó en el marco de la discusión del proyecto de la nueva ley de medios; y también se entregó al ministro de Industria, Omar Paganini. El documento cabildante tenía como principales cometidos:
1. Garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una comunicación política de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada
2. Garantizar a los actores políticos el derecho a acceder a los servicios de radio y televisión en forma proporcional a su representación parlamentaria
La iniciativa tenía un capítulo donde se establecían modificaciones relativas al acceso gratuito a la publicidad electoral, sus períodos de otorgamiento y distribución entre los lemas. Otro capítulo hacía mención del derecho a la comunicación política imparcial y equilibrada, en el que se pretendía “garantizar a los actores políticos el derecho a acceder a los servicios de difusión regulados por la presente ley en forma proporcional a su representación parlamentaria, con la finalidad de emitir sus mensajes y difundir sus opiniones, valoraciones e informaciones”.
“Los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos”, se señalaba.
Además, la iniciativa tenía un apartado referido a las competencias de la Corte Electoral en el contralor de la imparcialidad y el equilibrio en la información política. Por este motivo, se preveía crear la Junta de Garantías en la Comunicación Política como órgano desconcentrado de la Corte Electoral para esos cometidos específicos.
La iniciativa, que nunca llegó a ser un proyecto formal, no prosperó en la interna de la coalición de gobierno, en el marco de una dilatada y estancada discusión por la nueva ley de medios, por lo que la propuesta por ahora “quedó en nada”, según aseveró Cal a La Mañana.
Desde Cabildo entienden que no hubo un análisis equilibrado en la comisión y que desde distintos medios se obstinaron en descalificar la propuesta cabildante, interpretándola como que iba en contra de la libertad de expresión.
Ante esta situación, Cabildo Abierto presentó una carta que se publicó el 10 de julio del año pasado, en la que el presidente del partido, Guillermo Domenech, expresaba que “Cabildo Abierto no puede aceptar que se lo catalogue como lo que no es. (…) No se puede aceptar las caricaturas, los calificativos y la búsqueda de depreciación de su accionar político”.
A su vez, Domenech señaló que “curiosamente el ataque a un proyecto que busca garantizar la imparcialidad, pluralidad y equilibrio, se hizo sin imparcialidad, ni pluralidad, ni equilibrio, sin contar con ningún representante de Cabildo Abierto para que explicara la iniciativa”; y que “además, se hizo con total desconocimiento de cómo se maneja el tema en el mundo democrático y desarrollado”, sostuvo el senador.
El cabildante recordó que la propuesta se inspiraba en el modelo de Italia, “una de las siete mayores potencias democráticas del mundo” y que su finalidad era “profundizar la democracia y ser garantista de las minorías políticas y con menor poder económico”.
La ley italiana “fue impulsada por un amplio conjunto de partidos políticos democráticos y tuvo la férrea oposición de Forza Italia, el partido liderado por Silvio Berlusconi, quien es, a su vez, el propietario de la mitad de las redes televisivas italianas”, señaló Domenech. Advirtió que “la lectura del debate parlamentario y del debate político de la época en Italia muestra que la oposición a la ley fue desatada por los propietarios, directivos y periodistas de aquellos medios de comunicación que usaban su poder para beneficiar a unos partidos y candidatos, y a la vez perjudicar a otros partidos y candidatos”; y que “naturalmente la ley fue también combatida por los partidos y candidatos beneficiados por esos mismos medios de comunicación”.
Desde Cabildo Abierto se señala que la iniciativa presentada lejos estaba de pretender afectar o impedir la libertad de prensa, sino que se refiere a situaciones extremas, cuando una actitud se vuelve sistemática y generalizada, llegando al extremo de desvirtuar el sentido de una comunicación plural y afectando gravemente el interés público. Un aspecto más justificado aún si se trata de concesiones que el Estado hace de ondas del espectro electromagnético, que pertenecen a todos los ciudadanos. Y mucho más aún, si una importante cantidad de estas ondas quedan en pocas manos.
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