La Ley N° 19.210 fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 29 de abril de 2014. La normativa establece la obligatoriedad, en forma gradual, de instrumentar los pagos de remuneraciones, honorarios, pasividades, beneficios sociales y otras prestaciones mediante transferencia bancaria, en instituciones de intermediación financiera o mediante instrumentos de dinero electrónico. Las transacciones mayores a 5 mil dólares y los pagos realizados por el Estado, a proveedores de bienes y servicios, también son regulados por la Ley de Inclusión Financiera.
En varias oportunidades, el Ministerio de Economía y Finanzas salió en defensa de la ley esgrimiendo que tiene como objetivo permitir el acceso universal de todos los ciudadanos a los sistemas financieros básicos. Además, entienden que genera mayor transparencia al reducir la informalidad, la evasión fiscal y el lavado de activos. En esa misma línea, la bancada oficialista impulsó en 2017 una actualización de la ley contra el lavado.
Por otro lado, varios dirigentes de la oposición se han mostrado contrarios a muchos aspectos de esta nueva normativa, sobre todo por su carácter obligatorio. El candidato presidencial por el Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, fue de los primeros en salir al cruce y prometió modificar esta ley si llega al gobierno. Incluso, su sector nacionalista “Todos” presentó en 2017 un proyecto de ley para flexibilizar la norma, pero según dijo el propio Lacalle no se pudo avanzar en este tema porque el documento “quedó durmiendo en los cajones del Parlamento”.
Diferentes políticos opositores apoyaron e impulsaron la recolección de firmas para poder modificar la ley vigente mediante un plebiscito. Pero se abrieron dos frentes con algunos matices de fondo y ambas iniciativas se restaron esfuerzos.
Nuevo proyecto de ley fue presentado por diputado colorado
El diputado del Partido Colorado (PC), Conrado Rodríguez, presentó el 14 de agosto ante la Comisión de Hacienda del Parlamento un proyecto de ley para derogar la obligatoriedad planteada en la Ley de Inclusión Financiera y Promoción del Uso de Medios de Pago Electrónico. El legislador indicó que dicha ley “apuntó a controlar los movimientos de la actividad económica y tuvo un evidente fin recaudatorio”. Si bien dijo no estar en contra de toda la ley que regula el sistema financiero en el país, pretende con este proyecto de ley modificatorio “defender el derecho constitucional de los ciudadanos a elegir”.
El legislador por el partido colorado indicó que su proyecto se inspira en las demandas de los habitantes del interior del país que muchas veces “ven como un obstáculo la inclusión financiera y no perciben los beneficios anunciados”.
Rodríguez plantea que “los beneficios percibidos deben ser mayores a las trabas que tenían los más excluidos para el ingreso al sistema financiero”.
El representante colorado además entiende que la normativa actual “impone la utilización de medios de pago, instituciones y formas contractuales, limitando a las personas”. Por eso el diputado pone énfasis en que esta medida “debe ser de carácter voluntario y no impuesto”.
Partidos tomaron nota e incluyeron el tema en sus programas
“Libertad Financiera” reza el elocuente subtítulo del capítulo sobre economía del programa de gobierno elaborado por el PN para el período 2020 – 2025. En el texto menciona que la Ley de Inclusión Financiera ha coartado la libertad de las personas en el manejo de sus propios recursos”.
El documento expresa también que esta “es una norma que tiene serios problemas de implementación, porque se basa en supuestos jurídicos y técnicos que no se ajustan a la realidad de miles de personas, comercios y empresas de nuestro país”.
Por lo mencionado, el PN propone “modificar la Ley a los efectos de eliminar la obligatoriedad de efectuar pagos y realizar transacciones a través del sistema de intermediación financiera”. En el final del texto concluye: “Queremos libertad financiera para que la gente pueda elegir como quiere administrarse”.
El PC, por su parte, incluyó como ítem programático una “Evaluación de Ley de Inclusión Financiera en función de beneficios para trabajadores y comercios”.
Si bien el documento menciona que “Ciudadanos ve con buenos ojos el avance del uso de medios electrónicos de pago, ya sea dinero electrónico o tarjetas de crédito y débito”, también entiende que “el gobierno eligió reforzar estas tendencias mundiales a través de imposiciones en la Ley de Inclusión Financiera, ya sea por la obligatoriedad del cobro de remuneraciones y honorarios a través de medios electrónicos o por las limitaciones al uso de efectivo en determinadas transacciones”.
Por ese motivo, en el programa se manifiesta que “a cuatro años de la aprobación de esta Ley y ya habiendo alcanzado una masa crítica de usuarios de medios de pago electrónicos, lo que corresponde es rever las limitaciones que contiene y plantearse si siguen siendo necesarias”. Por eso, los Colorados proponen que “los trabajadores puedan elegir cobrar remuneraciones y honorarios en efectivo, si así lo desean; mientras que comercios puedan diferenciar el precio final de sus productos según el medio de pago utilizado, haciendo más conveniente el efectivo, si así lo desean”.
En tanto, el Partido Cabildo Abierto manifiesta en su programa de gobierno estar “de acuerdo con la bancarización voluntaria de los ciudadanos, en contraposición con el actual sistema vigente”.
Informe identificó inequidad territorial de acceso a cajeros, redes de cobranza y medios de pago electrónicos
Según datos del Banco Central del Uruguay proporcionados por Presidencia, desde la implementación de la norma existen casi 600 mil nuevas cuentas bancarias y más de 800 instrumentos de dinero electrónico. Estos últimos, fueron incentivados por el beneficio que conlleva el uso de este medio de pago, que adicionó a partir de 2017 una rebaja del 2% y permite a los usuarios obtener un descuento total de 4 % del IVA para todas las compras menores a 15 mil pesos.
Sin embargo, un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), realizado en 2016, concluía que en Uruguay existían “indicios de fuertes inequidades territoriales en el acceso a algunos servicios financieros básicos”.
El informe arrojó que Artigas es el departamento con menor cantidad de terminales de pago electrónico (POS) y cajeros automáticos en relación a su población. Cada 10 mil habitantes -mayores de 14 años-, el departamento más al norte del país cuenta con una densidad de 4,5 dispensadores de efectivo y 87 POS. Datos similares mostró Treinta y Tres, con 4,5 cajeros y 99 pos cada 10 mil habitantes. En tanto, Salto y Cerro Largo contaron con los peores registros de densidad de locales de redes de cobranza, con 2,5 cada 10 mil habitantes.
El estudio constató que Florida, Lavalleja y Maldonado, con más de 5 locales de redes de cobranzas cada 10 mil habitantes, son los departamentos con mayor proporción. Mientras que Lavalleja, Maldonado y Montevideo cuentan con la densidad más grande de cajeros automáticos por población (9 cada 10 mil). Además, estos dos últimos departamentos, debido a su gran actividad turística, son las zonas con más POS del país (266 y 196 cada 10 mil respectivamente).
