La realidad de la Caja Bancaria es crítica y el tiempo “apremia”, de acuerdo con el secretario general del sindicato bancario, Fernando Gambera. En diálogo con La Mañana, el vocero sostuvo que hace falta voluntad por parte del sector privado para contribuir a resolver el problema. Además, relató cómo se llegó a la situación actual y opinó que probablemente haya habido presiones de la banca privada internacional, “que tiene una voracidad impresionante por la ganancia”.
¿Cómo describiría la situación que atraviesa la Caja Bancaria? ¿Qué factores explican el déficit actual?
Es una situación que estaba prevista. Según los cálculos actuariales del 2008 para acá, luego de la reestructura a través de la Ley 18.396, que fue la que capitalizó la caja, ya se sabía que entre el 2020 y el 2030 aproximadamente, iba a haber un déficit financiero que iba a afectar algo de reservas como consecuencia de un pelotón muy numeroso de una generación que se retiraría. Eso estaba previsto, las reservas le iban a dar a la caja para sortear esa década y desde 2033 en adelante iba a tener superávit de nuevo y a recuperar las reservas. Lo que nadie pudo prever fue la situación generada por la pandemia y decisiones políticas que se tomaron al mismo tiempo. La pandemia tuvo las mismas consecuencias que en otras ramas de actividad: seguros de paro, pérdida de puestos de trabajo, aceleración de la introducción tecnológica que sustituyó mano de obra. Y la decisión política del gobierno de no renovar las vacantes en el Estado, particularmente en el Banco República, está teniendo consecuencias sobre el propio banco también. De 2020 a 2023 cayeron cerca de 2000 puestos de trabajo, lo que implica un deterioro mucho más rápido de las reservas de la caja.
Hace más de un año que lo advertimos, que veíamos esa tendencia, y fue ahí cuando empezamos a plantear que solo con un decreto del gobierno bastaba para aumentar la Prestación Complementaria Patronal (PCP) a lo que dispone la ley, al 4 por 10 000 (0,04%). En realidad, es dejar de hacer una bonificación, porque si la ley establece 4 por 10 000 y le cobrás un 2,5 por 10 000 (0,025%) —como sucede hoy—, es que alcanzaba y la estabas bonificando, pero a partir del deterioro de la pandemia debió haberse quitado esa bonificación y con eso las reservas estarían menos afectadas.
Sobre tu pregunta, con todo este contexto, la situación de la caja hoy es de un déficit financiero en el entorno de los US$ 660 millones, es un presupuesto anual de la caja que lo debe financiar en 10 años y después se empieza a recuperar, o sea que tendría que haber esfuerzo de las partes, esto es, empresas y trabajadores y jubilados, que permita ayudar a recorrer ese camino. El esfuerzo siempre implica plata de cada una de las partes. Y de parte del Estado, del resto de los uruguayos, simplemente se necesita una garantía que le permita a la caja endeudarse mediante algún mecanismo como títulos para compensar el problema financiero que tiene.
¿Por qué cree que no se tomaron medidas antes de llegar a este déficit si hay una visión compartida de que es una situación límite?
Por una combinación de cosas. Por un lado, desde que asumió este gobierno, el tiempo se consumió bastante en todo el proceso de debate del régimen general y toda la conflictividad que eso generó, donde se favoreció a las AFAP y casi todo el peso de la financiación y de los cambios recayó sobre los trabajadores. A su vez, una buena parte del gobierno, de acuerdo a definiciones político-ideológicas, no quiso tocar la PCP, que hoy es el 28% de los ingresos de la caja. Suponemos que hubo una presión importante de parte de la banca privada internacional, que tiene una voracidad impresionante por la ganancia, que vio aumentada su productividad, tecnología mediante, con ganancias que son récord histórico, incluso durante los años de pandemia. Naturalmente siguen presionando para no destinar parte de esas ganancias a financiar la situación deficitaria de la caja.
¿Cómo analizan ustedes el comunicado de ABPU donde hablan de una situación límite? ¿Comparten esas preocupaciones?
Las compartimos, pero desde otro ángulo. La situación límite para nosotros es en este sentido: si las partes involucradas que son los bancos privados y públicos, jubilados y trabajadores y el gobierno en esa cuotaparte que decía, no llegamos a una fórmula que nos permita salir, un día va a tener que concurrir el Estado a cubrir lo que no pueda pagar la caja progresivamente, y a partir de ahí el mal será muchísimo peor, porque serían los uruguayos quienes estarían poniendo para una situación en la que no tienen nada que ver, no son parte. Nosotros hablamos de situación urgente en el sentido de evitar ese mal peor que es que el Estado tenga que cubrir pagos que no se cumplan en algún momento.
¿Con ese cambio en la PCP se solucionaría el problema actual, o no sería suficiente?
No, hoy ya no alcanza, pero ayuda, y es una forma de mostrar la voluntad de las empresas de poner su cuotaparte. Nuestra cuotaparte seguramente sea cambiar parámetros, acordar a la baja en aras de preservar un instituto jubilatorio que creemos que es importante y que es ejemplo. El problema es que los tiempos empiezan a apremiar y esa actitud de que las partes pongan esfuerzos en partes iguales no se termina de concretar. Es hora de que empiecen a aparecer esas voluntades.
Mencionaba la pérdida de puestos de trabajo, pero, por otro lado, la directora ejecutiva de ABPU, Bárbara Mainzer, en una entrevista con La Mañana dijo que el régimen de seguridad social de los bancos es tan costoso que desestimula la contratación de personal y eso a su vez atenta contra la sustentabilidad de la caja. ¿Qué lectura hace sobre esos dichos?
Que son un poco sesgados, porque en el sector privado el 70% de nuestros afiliados ya no son empleados de un banco –que además son cada vez menos en plaza–. Ese 70% pertenece a un universo de 70 empresas que componen el sistema, que son colaterales de distintos servicios. Las más grandes son propiedad de los bancos, pero no emplean a la gente en los bancos. Esas empresas tienen las condiciones que tenían en BPS, o sea, lo único que tienen diferente es la PCP, que es en base a lo que refleja el activo de sus balances, por tanto, incorporan tecnología, capital o lo que sea que refleje en el balance, y van a aportar en función de eso. Y un dato no menor es que la PCP hoy es la décima parte de lo que recaudan por comisiones –por abrir una cuenta, por usar el cajero–. En ningún número que analices de las empresas financieras se pueden concluir situaciones tan dolorosas como plantea la ejecutiva de la ABPU.
Mainzer dijo también que históricamente el sistema bancario ha otorgado beneficios, pero que el mundo cambió y por eso las relaciones laborales tienen que adecuarse a la situación actual. Agregó que tener un sistema menos rígido va a incentivar el empleo.
Eso significa que ella quiere que se pueda echar al que se le ocurra a la empresa cuando quiera, en eso no es que seamos rígidos, esa es la base de nuestra razón de ser. Todo lo demás es negociable, pero esa libertad de empresa que reivindican a nivel mundial es la de emplear con contratos que son un papel pintado, y no se trata de rigidez o flexibilidad. Sí deberíamos tomar conciencia las dos partes de que hubo una transformación en el mundo del trabajo y eso supone que introduzcamos otros temas en la negociación colectiva.
¿Por ejemplo?
Uno fundamental es la formación continua. Eso también implica dinero y voluntad de mantener trabajadores con condiciones de empleabilidad en función de sus saberes. Ese tendrá que ser el nuevo escenario de negociación colectiva.
TE PUEDE INTERESAR:
