La Confederación de Cámaras Empresariales presentó su documento Agenda para el Desarrollo 2025-2030, en el que efectúa propuestas en diversos ámbitos. La Mañana dialogó con el presidente de este grupo de cámaras, Diego O’Neill, para conocer más la visión que se tiene sobre el funcionamiento actual de Uruguay y cuáles son sus perspectivas de desarrollo.
O’Neill explicó que desde su creación en 2016 la Confederación ha entendido como algo central de su misión “hacer aportes a la discusión y el debate de las políticas públicas de las reformas que el país”. Señaló que para el actual documento hay 29 gremiales que se ponen de acuerdo, lo cual demuestra “una señal de madurez y de seriedad”.
En 2019 se había presentado un documento similar a los candidatos de aquel entonces. En una comparación sobre lo propuesto y lo logrado, como puntos en los cuales no se avanzó se encuentra el atraso cambiario (ya señalado hace cinco años), el generar una mesa de trabajo con los actores privados para enfrentar la burocracia, eliminar el monopolio en la venta de combustibles, definir metas para los directores de empresas públicas y su destitución si no lo lograban y reducir las tasas de imposición a la renta empresarial, entre otros.
Al comentar las propuestas de 2019 y lo que se logró, O’Neill destaca la reforma de la seguridad social, la reforma educativa y la creación de la regla fiscal, donde para reducir el déficit fiscal “ha habido esfuerzos, pero no con los resultados que nosotros hubiésemos deseado”. Dentro de otros temas, como ser la reducción de la plantilla de funcionarios públicos, se considera que “no existieron mayores avances”.
Para la Confederación, un punto central es la reducción del déficit fiscal “y para reducirlo es necesario bajar el gasto público, si no se considera al principal componente de ese gasto que es la masa salarial y, por lo tanto, no se actúa sobre la plantilla de funcionarios, no va a ser eficiente en esa reducción”.
Recomendaciones por crimen organizado
Entre los temas planteados por la Confederación de Cámaras Empresariales está el de la seguridad. Al respecto Diego O’Neill señala que “el crecimiento de la delincuencia y del crimen organizado, puede afectar la estabilidad social y la institucionalidad, entonces nos parece que es un tema que hay que atender con mucha seriedad y con mucho profesionalismo”.
Es por eso por lo que junto al informe se presentó un documento titulado Criminalidad y crimen organizado en Uruguay: algunas recomendaciones para la reducción de violencia, en el que se analiza este fenómeno y se dan pautas de cómo tratarlo. Fue elaborado por Gonzalo Croci, quien es doctor en Ciencias de la Seguridad y el Crimen por el University College London.
“Las herramientas principales del crimen organizado son la corrupción y la violencia. A menudo se utiliza la violencia para intimidar a rivales y resolver deslealtades y conflictos internos, imponer el control sobre territorios, rutas y mercados ilegales y coaccionar a empresas y a particulares”, se indica en el informe, acotándose que “reducir esta capacidad de coerción del crimen organizado debilita su influencia y devuelve el poder a las autoridades legítimas”.
Se señala que los homicidios están muy concentrados en Montevideo, que tiene una tasa promedio de 13,5 y experimenta más de la mitad del total de homicidios del país. Dentro de Montevideo también hay una importante concentración de homicidios, particularmente en las áreas metropolitanas, por ejemplo, en las seccionales 24 (Casabó, Cerro, Cerro Norte y La Paloma entre otros), con una tasa promedio de 27 homicidios entre 2012 y 2022 y la 17 (Incluye barrios como Casavalle, Piedras Blancas, Manga y Marconi), con una tasa promedio de 25 homicidios en el mismo período. En el documento se agrega que “profundizando en las características de los homicidios, las víctimas y los victimarios siguen tendencias similares a las del resto de la región: 85% de las víctimas son hombres y 63% tienen entre 15 y 29 años”. Además, las armas de fuego son el instrumento por excelencia en los homicidios cometidos, representando el 63% de los homicidios. Según datos del Small Arms Survey 2018, Uruguay es el país con mayor tasa de armas de fuego en América Latina (una tasa de 34,7 armas cada 100 habitantes), seguido de Venezuela (con una tasa de 18.5).
Otro aspecto que se destaca es que “cuando se habla de grandes cargamentos de cocaína, son muy escasos los episodios de violencia. La violencia se concentra en el mercado local del microtráfico, ya que al no existir confianza entre los grupos criminales la violencia se convierte en una herramienta esencial”, llegándose a la conclusión de que el actual aumento de la violencia está más relacionado con los cambios en el equilibrio de poder entre los grupos delictivos que en las rutas de suministro de los mercados ilegales.
“En otras palabras, la violencia como proxy indirecto del crimen organizado muestra una imagen parcial de la realidad, ya que existen una multiplicidad de actividades ilegales que no generan homicidios”, señala Croci. A esto agrega que las causas del crecimiento de violencia “están relacionadas con una profunda fragmentación social y la incapacidad de las instituciones públicas para adaptarse a las cambiantes dinámicas del crimen organizado” y “los homicidios están muy concentrados en áreas fragmentadas de la sociedad, donde el Estado está ausente”.
Para enfrentar este fenómeno, se hacen varias recomendaciones entre ellas “retomar el control carcelario”, desde donde se dirigen gran parte de los crímenes, la creación de una “unidad de inteligencia penitenciaria especializada en crimen organizado” e invertir en programas de rehabilitación y reinserción. También destaca que un estudio mostró que los tratamientos de rehabilitación tenían una reducción media de la reincidencia de entre el 10% y el 40%. Asimismo, se recomienda mejorar la eficacia policial, mejorar el sistema penitenciario, controlando los mercados ilegales, optimizando el control fronterizo y portuario, reduciendo las capacidades de infiltración del crimen organizado a las instituciones públicas con unidades de control interno en la policía y fiscalía y reduciendo la capacidad de blanquear capitales.
En materia educativa
Otros de los documentos prestados por la Confederación de Cámaras Empresariales, tiene referencia con la educación. Fue elaborado por Renato Opertti, quien recuerda que según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa solo uno de dos jóvenes entre 21 y 23 años ha egresado de la educación media al 2022. El informe del Ineed apunta a una situación de alta inequidad social y territorial, ya que las tasas de egreso son del 22,5% y del 82%, respectivamente, en el primer quintil, y en el quintil más alto, y del 58,4% y del 45,5% respectivamente en Montevideo y en el Interior.
Opertti plantea el combinar una política de infancia desde cero en adelante con “una educación unitaria, diversa y flexible de 3 a 18 años”, articulada en torno a centros de educación básica (3-14 años) y de la adolescencia y la juventud (15-18) de impronta socio-comunitaria. También “universalizar modos educativos híbridos, con foco en las edades de 6 a 18, a través de la complementariedad entre presencialidad y virtualidad con el objetivo de expandir, democratizar y sostener las oportunidades de aprendizaje de todos los alumnos, atendiendo de manera personalizada sus expectativas y necesidades”.
A esto agrega el realizar “una fuerte y sostenida inversión pedagógica (estrategias de enseñanza y aprendizaje) y docente en lograr que la mayoría absoluta de los alumnos desarrollen y evidencien competencias en las alfabetizaciones fundacionales –lengua, matemáticas y ciencia–, y con un foco prioritario en apuntalar los aprendizajes de la lectura y de la escritura en los sectores más vulnerables”.
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