¿Qué herencia recibe el gobierno entrante por parte del FA?
Es bastante claro que recibe un país que tiene un nivel de ingresos de los hogares muy elevado respecto a 15 años atrás, que ha generado pautas muy altas de consumo y por lo tanto de demanda de la gente, donde la aspiración generalizada es como mínimo mantener los niveles que tiene. Incluso se creó la idea de que todos los años el salario real tiene que estar por encima, es decir, no solo mantener la inflación, sino mejorar. Eso condiciona mucho desde el punto de vista político y social.
Por otro lado, recibe un país altamente tecnificado. Desde comienzos de los ‘80 Uruguay viene en un proceso ininterrumpido en materia de tecnologización de las comunicaciones. Fue el primer país de toda América en tener el 100% de la telefonía digital y es de los países del mundo que tiene más fibra óptica por habitante. Cuando un país llega a estos niveles de tecnificación, eso también condiciona mucho políticamente.
Lo mismo ha pasado en materia energética. Uruguay tiene una producción de electricidad muy elevada, que normalmente excede el consumo. Aparte la sociedad hoy no tolera los cortes de luz, que podían ser habituales hace unas décadas, porque hay una exigencia de otra eficiencia.
¿Y en materia económica?
Desde el punto de vista económico es un país que claramente sigue en crecimiento, nunca dejó de crecer, pero ya lo hace a niveles muy bajos, y con un déficit fiscal importante. Esta herencia genera una lucha política en un sentido muy profundo, que tiene mucho de ideológico, sobre cómo se debe abatir el déficit fiscal.
Curiosamente, las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) coinciden con las posturas más de izquierda del FA, en que la clave para reducir el déficit sin afectar a la sociedad es mediante la eliminación o disminución de exoneraciones tributarias. Cuando eso fue planteado desde sectores como el Partido Socialista, el MPP, el Partido Comunista, fue duramente rechazado por el equipo económico. Ahora es el FMI el que dice lo mismo, que las exoneraciones tributarias, incluyendo las zonas francas, superan el déficit fiscal.
Lo otro es que deja una herencia muy positiva en cuanto al impacto que va a tener UPM en el crecimiento del producto y del empleo.
Otra herencia importante que recibe es la mejora en el área de la salud. El Sistema Nacional Integrado de Salud ha creado un esquema de mejoramiento, aunque dentro del mismo hay fallas importantes en la atención. Además hay desniveles, es decir, no es lo mismo el Maciel o el Hospital de Tacuarembó que otros hospitales.
¿Cree que pudieron corregirse las irregularidades en ASSE?
Da la impresión de que esas irregularidades no afectaron el funcionamiento, sino más bien los recursos. Creo que eso se pudo corregir con la gestión encabezada por Marcos Carámbula. Probablemente lo que falta corregir sea un poco más de eficiencia en el funcionamiento de ASSE.
¿Qué desafíos deberá enfrentar el nuevo gobierno?
Uno de los mayores desafíos para este gobierno es el tema de la vivienda. Ha sido muy bajo el nivel de construcción para el déficit habitacional que hay en Uruguay, es decir, gente que vive en asentamientos, en viviendas en mal estado, y parejas jóvenes con dificultades para poder independizarse, por el precio del alquiler, y sobre todo por el precio de adquisición de viviendas. Hoy es más barato comprar en España o en Italia que en Montevideo, y los ingresos son menores. Este tema es clave y no sé qué posibilidades tiene el nuevo gobierno de solucionarlo porque es muy difícil hacerlo sin dinero, sin inversión y sin bajar los costos, que son elevadísimos.
El otro tema es la seguridad. La campaña electoral lo simplificó mucho, porque parecía que en el mundo desaparecía el narcotráfico y la delincuencia si se retiraba Bonomi, pero ahora tienen el desafío de demostrar que era así, que cambiando al ministro se van a obtener resultados. Particularmente el Partido Nacional (PN) generó algunas ilusiones que le pueden resultar de difícil cumplimiento y que manejó con mucha facilidad, por ejemplo, que la seguridad pública se arreglaba solo con voluntad de mando.
¿Se podría decir que sucedió algo similar con el tema de las tarifas públicas?
Fue una constante del PN en los últimos cinco años decir que las tarifas públicas no debían aumentarse, y seguramente vamos a tener como debut del gobierno entrante un incremento importante. No creo que funcione decir que es por culpa del gobierno anterior, porque la gente se enoja con el que aumenta las tarifas. Ahí se manejó la idea de que era solo un tema de voluntad hacerlo, y eso le significa una presión de resultados al gobierno que puede ser complicada.
¿Cómo cree que se manejó Lacalle Pou desde el punto de vista comunicacional luego de haber sido electo presidente?
La candidatura de Lacalle Pou fue por lejos la mejor manejada comunicacionalmente, realmente fue una construcción de muy alta profesionalidad. Eso lo llevó a manejar un nivel muy alto de comunicación, al punto que desde el 16 de diciembre, que se anunció el gabinete, hasta hoy, casi no ha habido noticias del gobierno saliente. El gobierno, para los artículos y los análisis periodísticos, era el gobierno electo. Se pasó produciendo noticias, con todo lo que eso implica. El 1º de marzo no fue el día uno, lo fue el 16 de diciembre.
¿Eso es algo que no suele pasar en las transiciones?
No, no ha pasado. Sin duda la del 84-85 fue la de mayor expectativa porque había un cambio muy grande, de un régimen militarista a un régimen político plural, democrático. Las transiciones posteriores ocurrieron con mucha sordina; fueron muy intensas, pero sin generar tanto impacto, y sobre todo sin generar ansiedades. Aquí desde que se eligió al gobierno hubo una ansiedad por nombrar el gabinete, los entes autónomos, por presentar la ley de urgencia. Se mantuvo un nivel de comunicación excesivamente alto y eso genera un desgaste.
¿Qué opinión le merece el borrador de la ley de urgente consideración?
Corresponde al programa del PN, no se basa en el “Compromiso por el país”, entonces acá lo que hizo (Lacalle Pou) fue poner todo, para que en cada marcha atrás que diera pudiera decirles a los demás: “yo retrocedo en esto, ¿ustedes qué conceden?”. Pero eso es una negociación privada, no pública. La imagen es que le tiran abajo la mitad de la ley y eso es un costo para el presidente electo. Me parece que se ha confundido la técnica de negociación privada con la pública. Es un desgaste que se proponga algo que luego va a ser recortado. Por ejemplo, ya se ve que lo de los hidrocarburos no camina.
Además, no solo es el programa del PN, sino que incluye temas expresamente eliminados del borrador de “Compromiso por el país”, como el de los combustibles, que ahora tiene claramente el rechazo del Partido Colorado (PC) y de Cabildo Abierto (CA). La idea que se tenía sobre los cambios a la inclusión financiera va camino a ser algo bastante menor. No se ha hablado todavía sobre comunicaciones e internet, pero ha habido algunas señales de CA preocupado por la concentración de medios de comunicación. En materia de educación al parecer no va a quedar el esquema actual pero tampoco el de la ley; se va a ir a algo más intermedio. Lo que se está viendo es que de aquella ley tan poderosa van quedando muchas cosas trascendentes por el camino. En realidad es una ley a la que no se le ve nada de urgente.
El gobierno también ha sido muy criticado por el FA por usar un mecanismo de este tipo para más de 450 artículos. ¿Usted cree que no se justifica en este caso?
En general se sostiene que la calidad de la democracia y del funcionamiento parlamentario disminuye con las leyes ómnibus porque las discusiones se dificultan. O sea, acá se va a hablar de la fabricación de chorizos, del monopolio de los combustibles, de las comunicaciones, del gobierno de la educación, del Código del Proceso Penal, de los derechos individuales. En 90 días una discusión de esas es no discutir nada. Eso es una crítica general a las leyes ómnibus, y ni hablar a esto, que es un ferrocarril lleno de vagones.
Es contradictorio decir que este es un gobierno con sólida mayoría, con 18 votos en el Senado y 56 en Diputados, y enviar una ley de urgencia. Este mecanismo está hecho para un Parlamento remiso, poco disciplinado o un gobierno al que le cuesta formar mayorías y trata de impedir una mayoría hostil, y con la urgencia logra empujar la aprobación de las leyes. Pero este gobierno tiene mayoría. Por eso fue un desacierto cuando el FA con una mayoría absoluta y disciplinada enviaba leyes de urgencia. El FA fue el que más usó las leyes de urgencia, de la forma más injustificada que podía existir.
¿Qué piensa de las críticas que ha recibido esta ley desde el movimiento sindical? Por ejemplo, el sindicato de docentes de Secundaria tiene previsto un paro para el 12 de marzo en rechazo a esa normativa.
“Al FA le apareció una amenaza que no tenía en esos sectores bajos, que fue Cabildo Abierto. Eso hizo que gente disconforme encontrara expectativas”
Lo del sindicato de Secundaria fue un poco sorprendente porque puso la carreta delante de los bueyes, es decir, llamó a una huelga contra un borrador. Por lo menos que esperen a que esté el proyecto de ley o a que se pronuncien los socios de la coalición sobre el borrador, sobre todo en una serie de disposiciones que se sabe que son las que tienen más dificultades de ser avaladas por la totalidad de sus miembros. Esto ya es ir a una conflictividad con una piel excesivamente sensible.
¿Cómo debe pararse el gobierno en ese sentido?
El nuevo gobierno tiene que cuidar tres cosas. Una es contar con mayoría parlamentaria, y eso es un arte. Ahí los procedimientos son muy importantes, porque si no se logra que cada uno de los 56 diputados y de los 18 senadores se considere a sí mismo por igual como responsable y defensor del oficialismo, la coalición no va a funcionar bien. Por ahora el método no ha funcionado, por eso Sanguinetti y Manini se reunieron para dar una señal pública, pero además lo dijo cada uno: es necesario crear un ámbito de diálogo a nivel de la coalición, o sea, que esto sea una coalición.
La segunda amenaza es generar hechos que impliquen una conflictividad social que le cree problemas al gobierno. Es claro que este va a ser un gobierno que en algunos caminos que tome puede generar conflictos sociales, sobre todo los más importantes, los de tipo sindical, que le acoten mucho la acción.
Lo tercero, que ya fue manejado por el presidente del PIT-CNT, es que los gobiernos tienen que cuidar que si la mayoría parlamentaria no refleja la mayoría del país de ese momento (no la que lo eligió, que obviamente la representa), puede usarse el instrumento del referéndum, si el tema es suficientemente importante.
¿Cómo será el rol del FA como oposición, tras 15 años en el gobierno?
El FA tiene que posicionarse en un esquema nuevo, porque pasó a la oposición después de haber sido gobierno. Una cosa es ser oposición cuando nunca se fue gobierno, porque todo lo que se tiene es un imaginario. Otra cosa es haber sido gobierno; ahí se confronta el nuevo gobierno con el que ya ejerció y que ahora pasa a la oposición. Ese es un rol completamente distinto, incluso con menos imaginario del que había antes, o sea, ya gobernó, ya hizo lo que pudo o quiso hacer.
Lo segundo es que el FA tiene el riesgo de que las urgencias cotidianas, entre otras, las elecciones departamentales, le tapen lo importante, que es que se pregunte a sí mismo algo que da para una investigación científica muy profunda, que es por qué perdió las elecciones. Las condiciones objetivas, sobre todo materiales y económicas, no daban para que el FA perdiera. Sin embargo fue muy clara la contundencia con la que perdió, sobre todo en octubre. Hubo varias causas, pero tampoco se puede decir que solamente fue por la seguridad o que fue por Sendic.
¿Influyeron los errores de campaña?
Nadie pierde el gobierno después de 15 años por errores de campaña electoral. En una elección se vota al oficialismo en primer término por su gestión, y en segundo lugar, por los candidatos y la campaña. Un gobierno verdaderamente exitoso, con la población satisfecha, gana con un horrible candidato y un desastre de campaña. Y el mejor candidato y la mejor campaña no salvan a un gobierno que tenga el rechazo de la población.
¿El gobierno del FA tenía el rechazo de la población?
No había un rechazo de la población, pero sí una disconformidad muy fuerte con el gobierno y con el FA, que no apareció en la campaña electoral. La desilusión con el FA se empezó a ver de manera clara, masiva, dos años antes. Pero además, a lo largo de los últimos 10 años crecieron las desilusiones. El FA mantuvo el 48% perdiendo votos en las capas medias y ganándolos en las capas más bajas, es decir, ya había una desilusión, pero reilusionaba en otro lado y compensaba. Y ahora lo que se produjo fue que se concentraron las dos desilusiones.
Sin ninguna duda el FA tiene que analizar por qué perdió, porque el posicionamiento de la oposición va a ser exitoso o no según responda a las causas. Dentro de esas causas el FA tiene dos segmentos sociales muy fuertes. Por un lado tiene un divorcio con la gran mayoría de las clases medias emprendedoras, profesionales, que fue un lugar de dominio de la izquierda en Uruguay. Eso se expresó claramente en la votación de Punta Carretas, Pocitos, Buceo, donde perdió muy fuerte.
El otro segmento es el de los sectores más bajos. El problema de estos es que son conjuntos de personas que tienen poca capacidad de autodefensa, que deciden apoyarse en liderazgos muy fuertes, en una institución, en un partido o en una figura que sientan que los va a defender y que tenga autoridad. Al FA le apareció una amenaza que no tenía en esos sectores bajos, que fue CA. Eso hizo que gente disconforme encontrara expectativas, más que en CA, en el liderazgo de Manini, que efectivamente le sacó un porcentaje bastante importante al FA. Eso no decidió la elección, pero ayudó a que el FA quedara en niveles proporcionalmente bajos de votación en octubre.
