Abogados penalistas advierten sobre condenas dudosas y reclaman mecanismos para responsabilizar a fiscales y jueces. Alertan también sobre cercenamiento de la libertad de opinión de los defensores y múltiples arbitrariedades en la administración de justicia.
Desde la Asociación de Abogados Penalistas se están planteando cambios en el Código del Proceso Penal. Para esto se están efectuando contactos con los partidos políticos y se piensa presentar a los parlamentarios antes de fin de año.
Una de las principales reformas planteadas es efectuar un ordenamiento del Código, el cual lo consideran desordenado y con varias contradicciones por los cambios que se le han efectuado con el correr de los años. Se estima que en tres años se le han efectuado unas quince reformas.
El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagúndez, sostiene que todas las semanas pasa algo en las audiencias del foro penal, «donde muchas veces se quiere interpretar las gigantescas lagunas que hay en el Código del Proceso».
Para Fagúndez, la Fiscalía cuando va a juicio tienen determinadas actitudes hacia las pruebas, «donde no le interesa averiguar la verdad, sino el condenar a la persona». «Por otro lado, estamos viendo en varias sentencias, que los jueces no están a la altura de las decisiones, en el sentido que existiendo dudas, igual condenan. Y la ley indica que el juez ante la duda tiene que absolver. Esto es lo más grave que está pasando, o sea están condenando personas aún con la duda», agregó.
El abogado dijo a La Mañana que debido a esta situación, o sea el condenar sin toda la prueba, se debería legislar para poder condenar también a fiscales y jueces cuando se cometen este tipo de errores.
Sobre el accionar de la justicia frente al nuevo Código del Proceso Penal (CPP), Fagúndez indicó que un hecho grave fue la reciente prohibición por parte de una jueza a los abogados de la Operación Océano a realizar declaraciones a la prensa sobre el caso, porque se estaría violando la reserva que hay sobre el caso.
Todo surgió porque uno de los abogados, Víctor Della Valle, señaló en declaraciones al diario El País que una persona mayor de edad estaría incurriendo en el delito de proxenetismo con una de las víctimas menores y ese hecho no estaba en las denuncias presentadas por la fiscalía.
«Fue unánime la posición de los abogados penalistas en el sentido que la jueza basándose en esa reserva no puede atacar la libertad de opinión de los defensores. En mi opinión la jueza no puede decir que la reserva del caso alcanza esta situación denunciada por Della Valle. Ese tipo de advertencia puede ser vista como una toma de posición sobre la supuesta víctima, cuando el juez se tiene que encargar de las garantías del justiciable, porque de las cuestiones de la víctima se encarga la fiscalía», sostuvo el entrevistado.
«Tendríamos que dejar claro en el CPP que el derecho penal no es para las víctimas, es para el que infringe la ley. Las garantías son para estos, o sea para que no lo maltraten, no lo obliguen a confesar y que el abogado sea el primero que hable con él. Y esto último no se está dando, ya que muchas veces el que habla primero con el acusado es un fiscal y no el abogado defensor», explicó Fagúndez.
Denuncian más arbitrariedades
Los hechos se comenzaron a gestar en abril, cuando un hombre fue detenido y acusado de hurto. Se le impuso entonces prisión preventiva por 90 días, la cual culminaba el 29 de junio al mediodía. El 28 de junio la jueza y la fiscal llamaron a sala al acusado para resolver la sentencia, pero la abogada defensora del mismo, Ana Patrone, no estaba presente.
La citación informando a Patrone de la audiencia se le había cursado dos días antes, el sábado 26 de junio, vía mail. Por casualidad, la abogada se encontraba el 28 de junio en la sede judicial por otro caso y es ahí que se le avisa que la audiencia de su cliente se estaba realizando. La abogada informó entonces que había concurrido a la sede penal por otro caso, que nunca había visto la citación y que podría concurrir a esta audiencia cuando culminara la que tenía en su agenda. Al salir de esta, sobre la hora 18, llegó a la sala donde se sustanciaría la audiencia, pero todos se habían retirado.
Al día siguiente, el 29 de junio, la jueza citó nuevamente al detenido, a la fiscal y los abogados defensores, los doctores Ana Patrone y Gerard Domínguez. En esa ocasión, se solicitó por parte de la fiscal una nueva prórroga de prisión preventiva al acusado. Los abogados defensores se opusieron ya que la prisión preventiva finalizaba a las 12 horas y la audiencia había sido citada para las 14:30. No obstante, la jueza decidió extender la prisión preventiva hasta el 20 de setiembre.
Tras presentarse el caso ante el Tribunal de Apelaciones de 2do Turno, se decidió el pasado 27 de julio la inmediata liberación del detenido y se declaró nulo todo lo actuado, porque el día 28 de junio se llevó a cabo la audiencia sin la presencia del abogado defensor, tal como establece el Código Penal. El Tribunal de Apelaciones también cuestionó en su sentencia que la citación para la audiencia del día lunes 28 se hubiera enviado un día inhábil, o sea el sábado 26.
Al comentar los hechos, el doctor Gerard Domínguez dijo a La Mañana que «hubo una tremenda arbitrariedad y soberbia por parte de la jueza y una equivocación al coordinar con el fiscal, cuando este es una parte en el proceso, como son los abogados defensores».
«Lo que vemos últimamente es una confusión en los roles. Durante mucho tiempo el juez era también parte del proceso, y ahora hay una parte acusatoria que es el fiscal. Por lo tanto, observamos que muchas veces no se cumple con la función de un juez imparcial, donde cada uno asuma su rol, o sea el fiscal en la parte acusatoria y los defensores, defendiendo a los acusados, estando en el medio el juez», señaló Domínguez.
Por esta situación se presentó una denuncia penal y administrativa ante la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. El abogado Carlos Bustamante lo hizo en representación de sus colegas Domínguez y Patrone. Bustamante afirmó que existió una arbitrariedad como fue manifestado en el dictamen del Tribunal de Apelaciones, a lo que se suma una violación a las reglas del debido proceso y una jueza «que no tuvo una actitud imparcial».
En declaraciones a La Mañana Bustamante señaló que había puesto en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación como se desarrollaron los hechos, y serán estos quienes consideren si deben tomar medidas contra la jueza y la fiscal. La denuncia penal es por un eventual abuso de funciones. Bustamante también señaló que el acusado podría demandar al Estado, porque la medida cautelar de prisión preventiva fue más allá de la fecha en que finalizaba.
Cabildo Abierto no votó venias para nuevos fiscales
El Senado aprobó, con el voto contrario de Cabildo Abierto, las venias para tres nuevos fiscales. Al fundamentar su voto negativo, el senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) expresó que el concurso para promover a los nuevos fiscales tenía bases que en algunos casos fueron impugnadas, «no asegurándose la debida imparcialidad a los concursantes».
«Todos estos procedimientos han estado dirigidos a postergar a los fiscales con larga experiencia, quizás obedeciendo a designios personales del señor Fiscal General, o alguna motivación de orden político», manifestó el legislador.
Agregó que toda la trayectoria del Fiscal General, Jorge Díaz, ha estado signada por una particular conflictividad, sancionando a fiscales que han apelado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, logrando anular dichas sanciones y ahora afrontando el Estado juicios por sumas muy importantes.
«El Fiscal General de la Nación realizó declaraciones señalando que si no se le aprueba el presupuesto solicitado para este servicio descentralizado, será una muestra de desamor. No queremos erotizar la política, pero entendemos que su trayectoria al frente de la fiscalía general de la Nación ha sido desacertada, que reitera, lamentablemente, desaciertos que se han cometido en el pasado por otros jefes de ese servicio», sostuvo el senador cabildante.
Domenech aclaró que el voto negativo no pretendía rozar la calidad moral de los postulantes ni su calidad técnica, «pero no se puede acompañar una venía que no responde a un procedimiento cristalino». Advirtió que se han interpuesto recursos ante el Tribunal de lo Contencioso por parte de algunos concursantes, lo que en el momento de la sentencia puede determinar «la caída de un castillo de naipes». El legislador recordó que Cabildo Abierto había solicitado tiempo atrás el cese del Fiscal General.
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