Los dos casos más emblemáticos son el del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Entre ambos organismos, suman un total de 1.300 ONG con las que tienen convenios.
La coalición multicolor asumió con el compromiso de auditar cada repartición del Estado. La pandemia del Covid-19 postergó algunos planes, pero en los últimos meses se han dado a conocer resultados de auditorías que dan cuenta de irregularidades en diversos ámbitos, que las actuales autoridades se disponen a corregir.
Uno de los casos más sonados tuvo lugar en el Mides, donde, entre otras cosas, se dejó al descubierto la falta de controles en torno a las ONG y cooperativas contratadas por ese Ministerio, que son alrededor de 500.
A principios de mayo se conformó la Unidad de Auditoría Interna del Mides que, si bien fue creada en el año 2013, nunca se había puesto en funcionamiento. A tan solo una semana, los auditores detectaron un desvío de casi 10 millones de pesos por el impago de alquileres de refugios que debían efectuar las ONG, según informó El País.
Unas 15 organizaciones no habían pagado por el arrendamiento a los propietarios de los locales donde funcionan los refugios, dinero que les proporciona el Mides. Sin embargo, los dueños no advirtieron el faltante dado que recibían el dinero a través del Ministerio de Vivienda, que actúa como garante ante los impagos. Quiere decir que el monto de esos alquileres fue desembolsado dos veces por el Estado.
A esto se le suma un reciente caso transcurrido en el INAU, donde la cantidad de ONG que tienen contratadas asciende a 800. El Directorio del organismo resolvió presentar una denuncia penal contra dos ONG tras haber encontrado hechos de apariencia delictiva.
Se trata, específicamente, de faltantes de dinero. En una de las organizaciones sociales la fuga es de 16 millones de pesos y, en la otra, de 13 millones de pesos. No hay comprobantes que justifiquen esas pérdidas y, a su vez, en una de ellas se da la particularidad de que un funcionario del INAU figura como apoderado, lo que es incompatible e ilegal, según el presidente de la institución, Pablo Abdala.
Hace falta un marco jurídico que regule integralmente las ONG
Las ONG contratadas por el Estado desarrollan, sobre todo, actividades en materia de políticas sociales. Sin embargo, según se desprende de un estudio realizado en 2014 por el abogado Javier Palummo para la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong), Uruguay no tiene un marco jurídico adecuado que regule integralmente a las organizaciones de la sociedad civil.
Cuando las ONG son financiadas con dineros públicos, también surgen problemas. Si bien las mismas están reguladas por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), por ser proveedoras del Estado, los regímenes pueden cambiar de acuerdo a cada dependencia del Estado.
Tal como dijo Palummo en ese momento en declaraciones a No toquen nada, estos vínculos deberían tener una normativa “que contemple la especificidad de este tipo de contrataciones”, debido a que “es una realidad que muchas de las ONG de nuestro país reciben fondos de parte del Estado”.
En 2017, el entonces presidente de Anong, Pedro Delprato, señaló a El País que las auditorías sobre las ONG dejan “poco margen para evaluar los métodos y las formas de encarar un proyecto”. También contó que la asociación le solicitó al Mides que supervisara el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, lo que no se estaba haciendo.
La Mañana intentó comunicarse con las actuales autoridades de Anong para conocer su punto de vista al respecto, pero no tuvo éxito.
Debilidades encontradas en el Mides y propuestas para asegurar el control
Trabajar con ONG también tiene sus fortalezas y así lo entienden en el Mides. El secretario general de la cartera, Nicolás Martinelli, explicó a La Mañana que las organizaciones sociales le permiten al organismo brindar servicios o ampliar su alcance. Por ejemplo, si el Ministerio se pusiera a gestionar los refugios con funcionarios propios, sería un trabajo mucho más complejo que si lo terceriza a través de las ONG.
Además, tiene la ventaja de poder realizar contrataciones para desarrollar actividades por un corto período de tiempo, sin agrandar el caudal de funcionarios públicos.
El Directorio del INAU acaba de crear la Unidad de Contralor Financiero y Contable, que se dedicará al contralor de los convenios.
Igualmente, advirtió que es necesario reforzar los controles, más que nada, en lo que refiere al sistema de rendición de cuentas, al que calificó de “perverso”.
En cuanto a las tercerizaciones, destacó el inconveniente de que la ONG, al ser una asociación sin fines de lucro, por lo general no cuenta con fondos para abonar los despidos cuando tiene que reducir su personal, y eso hace que el organismo público termine –por la Ley de Tercerizaciones- pagando el despido. Ante esto, opinó que las ONG deberían tener cierto margen de dinero en garantía para poder hacerse cargo de esos costos.
“Nosotros hemos encontrado un montón de debilidades, por eso estamos auditando el Departamento de Rendición de Cuentas del Mides, donde se han detectado dificultades en la presentación de facturas, recibos, inventarios de bienes, los alquileres impagos, entre otros”, puntualizó.
En los pliegos de licitación también se hallaron problemas, pues tenían un sistema por el cual les abonaban cuatro o cinco meses por adelantado a las ONG o cooperativas, que recién debían rendir cuentas al cuarto o al quinto mes.
Eso implicaba que recibieran una gran cantidad de dinero, que muchas veces lo utilizaban para “tapar agujeros” de obligaciones que las mismas organizaciones tenían con otros organismos y, al momento de tener que afrontar los gastos relativos al servicio que brindaban en el Mides, no tenían fondos disponibles.
Así, se atrasaban con las rendiciones de cuentas, con el pago de alquileres, que lo terminaba abonando Vivienda, o de salarios, de lo cual el propio Mides se tenía que hacer cargo por subrogación.
En tanto, en cada licitación había un 10% de gastos de administración cuyas cuentas no debían rendirse. “Esa plata la gastaban en lo que querían o se la quedaban. Hoy estamos cambiando los pliegos para que se rinda todo”, aseveró. También planean establecer las rendiciones con mayor frecuencia, no pagar cuotas por adelantado, que el Ministerio abone los alquileres directamente a los propietarios de los locales y mejorar el sistema de software para poder tener controles más efectivos. Para Martinelli, la regulación pasa más por el lado administrativo que por la vía legal.
Pérdida millonaria en INAU llega a la Justicia y hay problemas con 50 ONG
Algo similar le sucedió a Pablo Abdala cuando asumió como presidente del INAU. De hecho, se topó con debilidades muy importantes en lo que respecta al contralor. En una auditoría se constataron irregularidades de distinta entidad, en relación a múltiples convenios vinculados a unas 50 organizaciones.
“Los dos casos que se conocieron esta semana son de una gravedad extrema, por eso tomamos la medida de ponerlo en conocimiento de la Justicia Penal, pero hay decenas de situaciones, atrasos en las rendiciones de cuentas, acumulación de partidas en forma indebida”, describió el jerarca en conversación con La Mañana.
Esto no necesariamente quiere decir que se trate de conductas deshonestas, agregó, pero, de todas formas, sostuvo que son problemas que deben corregirse ya que generan un costo muy alto para el organismo.
Abdala coincidió con Martinelli en la necesidad de reforzar los controles administrativos. Para ello, el Directorio del INAU acaba de crear la Unidad de Contralor Financiero y Contable, que se dedicará al contralor de los convenios. Hoy el mismo se ejerce a nivel de las direcciones departamentales y eso implica que haya criterios diferentes. La nueva división, por el contrario, es nacional y de supervisión general.
Entre esa unidad, la auditoría y la Dirección General del INAU, se garantiza poder actuar en tiempo real, ante el menor indicio de que haya atrasos o irregularidades, lo que antes no sucedía, indicó.
Asimismo, dijo que no se descarta trabajar sobre posibles modificaciones legales. “Es cierto que no hay un marco jurídico que regule de manera más precisa la actuación de las ONG, porque, además, hay una diversidad muy grande de organizaciones sociales”, apuntó. Sin embargo, remarcó que su mayor preocupación hoy está en el plano de la gestión administrativa.
Sobre eso, informó que en el proyecto de Presupuesto Nacional se incluirá un artículo –ya acordado con el Poder Ejecutivo- para unificar los criterios en el pago a las ONG, puesto que hoy hay distintas formas de determinar los montos que se abonan por la atención de cada niño, según los diferentes proyectos.
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