Exigen que se cumpla el 20% de publicidad estatal que prevé el artículo 774 de la Ley de Presupuesto Quinquenal aprobada en diciembre de 2020. Su reglamentación se presentó el 30 de junio en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, pero aún no fue confirmada por el Poder Ejecutivo.
Un pedido histórico de los medios de comunicación del interior que no fue atendido por anteriores legislaturas finalmente tuvo el visto bueno de los actuales parlamentarios que incorporaron a la Ley de Presupuesto Quinquenal en el Senado, una normativa en la que se establece un mínimo del 20% del total de la publicidad oficial se deba distribuir entre los medios del interior del país, que hasta ahora recibían un promedio de 2% de los anuncios pautados por los entes del Estado.
El artículo 774 de la Ley de Presupuesto Quinquenal aprobada el 18 de diciembre estableció que “deberá destinarse al menos un 20% del monto total de la publicidad oficial de alcance nacional a medios de comunicación, programas o producciones informativas o periodísticas comerciales o comunitarios, con realización y producción propias y radicados en localidades del interior”.
En el caso de entes autónomos y servicios descentralizados integrantes del dominio industrial, comercial y financiero del Estado –destinados a servicios que se encuentren en regímenes de libre competencia– se previó un monto mínimo de 10% para destinar a medios del interior.
Además, la nueva norma estipuló que se deberá destinar al menos un 0,5% por cada departamento del interior del país y que todos los organismos obligados deberán publicar un informe detallado sobre el cumplimiento de los referidos porcentajes.
Esta nueva disposición legal fue celebrada en su momento por la Organización de la Prensa del Interior (OPI) que hace años venía reclamando la concreción de una “mejor y más justa distribución de la riqueza”, dado que podrían tener acceso a un volumen de publicidad oficial muy superior al obtenido hasta ahora, que en el caso de la prensa escrita del interior era en promedio un 2% y en muchos organismos 0%.
Entre los tantos legisladores que opinaron sobre esta situación, el entonces senador colorado Tabaré Viera advertía que existía una “desigual adjudicación de estos recursos, ya que, considerando la distribución de la población y las empresas de comunicación en el Uruguay, casi la totalidad de la publicidad es contratada en los medios de la capital”.
En tanto el diputado frenteamplista Tany Mendiondo, en una columna en el portal Medio Mundo, fue autocrítico indicando que en gobiernos progresistas no se pudo revertir “el reparto de la publicidad del Estado a través del centralismo de agencias y organizaciones con el seguro destino de la inmensa cantidad de los recursos a los medios capitalinos y algún esmirriado derrame para el interior”.
El «poderoso pulpo absorbente»
Sin embargo, a casi un año de la aprobación de la nueva normativa, nada ha cambiado; y como decía en 1966 el entonces presidente de la OPI, José Lamas, Montevideo sigue siendo un “poderoso pulpo absorbente” en el ámbito de los medios de comunicación.
En diálogo con La Mañana, el actual presidente de la OPI, Diego Guerrero, valoró la iniciativa legislativa “tendiente a corregir la desigual e injusta asignación de publicidad oficial, que ha sido durante muchos años distribuida prácticamente en su totalidad entre unos pocos medios de comunicación de Montevideo, sin tener en cuenta la enorme importancia de los medios del interior en general y muy especialmente de la prensa escrita del interior”. No obstante, advirtió que lo estipulado en el artículo 774 de la Ley de Presupuesto no se está cumpliendo. “Estamos lejos. Varía según el organismo, pero en ningún caso se cumple”, señaló el presidente de la organización.
En una entrevista realizada en este semanario a mediados de setiembre, el tesorero de CORI, Agustín Estol, respecto a la publicidad estatal en las radios del interior, mencionó que está “totalmente quieta” y mencionó que aún está viendo cómo reglamentarse el 20% de la publicidad estatal en el interior que ha sido uno de los grandes temas que ha preocupado tanto a CORI como a las demás agremiaciones de medios del interior, dado que “la publicidad estatal da mucho oxígeno”, aseguró.
Guerrero indicó que “la pandemia por el covid-19 ocasionó dificultades económicas y financieras en numerosos medios de prensa escrita del interior” y que actualmente los medios afectados “realizan un esfuerzo considerable por recomponer su situación”. Aunque reconoció que, si bien la pauta comercial privada disminuyó a causa de la pandemia, “gradualmente comienza a recuperarse, a medida que mejora la situación de las empresas industriales, comerciales y de servicios que resultaron más afectadas”.
El pasado 28 de julio, la OPI emitió una solicitud de acceso a la información al Ministerio de Economía y Finanzas, exigiendo la presentación de un detalle de los gastos en publicidad ejecutados en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, que especifique en qué porcentajes fue destinado a medios del interior, tal como lo prevé la nueva norma. Sin embargo, el ministerio solo brindó información global de los ejercicios referidos, excusándose “no contar con la información detallada de acuerdo a lo solicitado”.
Reglamentación pendiente de firma del Poder Ejecutivo
El pasado 30 de junio, el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, presentó en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes la reglamentación del referido artículo 774. Se llegó a la misma “luego de reuniones con el señor ministro (de Industria), con las agencias de publicidad y con las distintas gremiales”.
En la reglamentación –que se puede acceder en la web del Parlamento– se busca que la publicidad llegue al interior del país según “criterios y principios que son fundamentales como la equidad, la pluralidad, la diversidad y la no discriminación de los medios”, como establece el artículo 2° del decreto reglamentario que, en ese momento, el propio diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez mencionó que, “probablemente sea firmada –por el presidente Luis Lacalle Pou– en el correr de la próxima semana”. Pero eso finalmente no ocurrió.
Consultados por La Mañana dos de los integrantes dicha comisión, el colorado Martín Melazzi y el cabildante Sebastián Cal, dijeron desconocer el motivo de la demora.
Cien medios dependen de la viabilidad de los cableoperadores del interior
Consultado por La Mañana, el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo, manifestó que durante el último aniversario de la cámara, el secretario presidencial, Álvaro Delgado, le dijo que están trabajando en la reglamentación, y que se pretendía involucrar a todos los actores del interior, las distintas gremiales de medios para que den su opinión y ahí sí, la iban a reglamentar.
“Me imagino que las propias empresas del Estado deberán tener algún problema de cómo aplicarlo”, opinó Melo y agregó que la reglamentación original “era muy genérica” y “no establecía responsabilidades de las empresas” sino que preveía “simplemente una advertencia de que se cumpla con la ley”. Era “muy light”, dijo.
“Ahora se está trabajando e involucrando a las agencias, a los medios, a todos los sectores; que es la forma más eficiente de lograr algo que, no vamos a estar todos de acuerdo, pero es la forma más eficiente de trabajar con todos los sectores que están involucrados”, manifestó Melo.
Sobre cómo debe ser el reparto, sostuvo que sería bueno “a través de las gremiales –que conocen la realidad de los medios– con una figura que sea “ajustada a derecho”, y un criterio debe contemplar que “una parte de esa publicidad estatal debe ser común a todos los medios como incentivo y apoyo, y otro porcentaje debiera repartirse en función de la incidencia que tienen los medios”. Pero “no solo el rating”, porque “la incidencia de un canal local en la población, no hay manera de medirla”, porque un medio del interior implica otras cosas más, explicó.
Por otra parte, Melo aseguró que más de 100 medios del interior y dos mil trabajadores dependen del futuro de las empresas de cable. En ese sentido esperan que finalmente se apruebe el nuevo proyecto de ley de medios que se pretende retomar en diciembre (que en uno de sus artículos prevé habilitar a los cableoperadores a ofrecer servicios de internet) debido a que el modelo tradicional “está agotado” y necesitan esa modificación para poder reinventarse en un nuevo esquema de negocios sustentable.
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