La resolución del Poder Judicial de obligar al Ministerio de Vivienda a pagar una compensación de casi cuatro millones de pesos a una familia del asentamiento Nuevo Comienzo a la cual no se le pudo otorgar una vivienda, generó cuestionamientos por parte de Cabildo Abierto.
El senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, dijo “somos de la idea de que en estos tiempos excepcionales de pandemia no deben realizarse desalojos. Y en ese sentido estamos trabajando en un proyecto de ley”, pero cuestionó la decisión judicial.
El legislador manifestó, en la media hora previa de la Cámara Alta, que había recorrido en diciembre pasado el asentamiento Nuevo Comienzo.
“El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial es la repartición del Estado que tiene como función desarrollar políticas de vivienda para atender las necesidades habitacionales de diferentes sectores de la población, privilegiando el acceso a la vivienda, a los colectivos de menores ingresos. Para ello ha establecido protocolos y procedimientos a seguir con la finalidad de, además de proveer la solución habitacional, asegurarse que la misma sea una solución que perdure en el tiempo y permita crear comunidad”, manifestó Manini Ríos.
Recordó que para cumplir el fallo judicial del 6 de abril, que indicaba que el Ministerio de Vivienda debía entregar viviendas a tres familias, se debió cancelar la entrega de una vivienda prevista para una familia que había cumplido con todos los requisitos en un proceso que duró varios meses. Acotó que esa familia que quedó sin acceder a una vivienda, “tal vez tuviera las mismas necesidades que la beneficiaria del fallo de la justicia. Y seguramente tenía los mismos derechos”.
“Con fallos como estos vemos con preocupación una nueva forma de interferencia en las funciones que nuestra Constitución asigna a las distintas instituciones del Estado”, dijo Manini y puso énfasis en que desde el Senado “en esta casa quien reclama basa buena parte de su argumentación en disposiciones o dictámenes de organismos internacionales o juristas extranjeros. Una vez más, diversos actores que conforman nuestro sistema de justicia accionan en base a lo que se decide o se impulsa fuera del país, sin la ratificación de la ciudadanía y ni siquiera de este Parlamento. Es decir, independientemente de la voluntad de los uruguayos”.
“Nosotros tenemos un orden institucional realmente admirable. Vamos a cuidarlo”
Guillermo Domenech
El líder de Cabildo Abierto manifestó: “El Poder Judicial, con este tipo de sentencias, está asumiendo funciones que competen al gobierno en políticas de vivienda y así lo podrá ser también en políticas de seguridad, de trabajo” y “una cosa es que exista el derecho constitucional y otra es que un magistrado se arrogue el derecho de cogobernar, marcando prioridades a quienes fueron elegidos para desarrollar políticas que garanticen ese derecho, y menos amparando a quienes reclaman a partir de la comisión de un presunto delito de usurpación”.
Finalizó su exposición indicando que el sistema político “no puede aceptar calladamente este tipo de interferencia. Por el contrario, tiene la obligación de hacer cumplir estrictamente nuestra constitución y nuestro marco jurídico, es decir, la voluntad del pueblo uruguayo, asegurando que las instituciones del Estado puedan cumplir las funciones para las que fueron creadas”.
“Un tema de orientales”
Durante el programa “Todas las Voces” (canal 4), emitido este lunes en el cual se trató el fallo judicial a favor de las tres familias del Asentamiento Nuevo Comienzo, el senador Guillermo Domenech llamó a ser cautelosos en este tipo de acciones para no caer en una situación de “ley de la selva”. Señaló que se debe tener cuidado “cuando este tipo de problemas se desmadra, porque sabemos qué sucede cuando no se respetan las normas constitucionales, apelándose a algún error de la autoridad para obrar”.
Con la sentencia judicial “se benefició a tres familias en perjuicio de otras que estaban en la misma situación. Esto es grave porque se está sembrando desprestigio sobre los mecanismos públicos para atender la situación de personas que tienen vulnerabilidad habitacional”. “Lo que tenemos que hacer es utilizar los recursos finitos que tenemos de forma ordenada. No, podemos imponer la ley del más fuerte”.
“Una cosa es que exista el derecho constitucional y otra es que un magistrado se arrogue el derecho de cogobernar”
Guido Manini Ríos
Según Domenech en este tipo de accionar “están mediando organizaciones que tienen unos fines políticos y otros fines económicos”. Refiriéndose más adelante a situaciones como las de Santa Catalina y San Luis, donde vecinos de este balneario “denuncian que se están ocupando solares contra la costa, están instalando contenedores y se alquilan. Entonces, cuidado. Hay ocupaciones de ocupaciones. No todas son iguales”, prosiguió.
Domenech recordó la frase de Artigas: “Nada esperemos si no es de nosotros mismos”, y dijo que esta se aplica a la situación actual, donde organismos internacionales han intervenido como en el caso del asentamiento Nuevo Comienzo. Citó la frase de Artigas porque “quiere decir que es un tema que debemos resolver los orientales, sin participación de extranjeros”.
“Yo creo que los organismos internacionales no están en condiciones ni de conocer la situación real del Uruguay, ni de conocer en profundidad la legislación que nos rige. Nosotros tenemos un orden institucional realmente admirable. Vamos a cuidarlo”, remarcó Domenech, senador por Cabildo Abierto.
Subsidio de alquiler
La ministra de Vivienda, Irene Moreira, ha reiterado en diferentes ocasiones que el dictamen judicial por el cual se ordena a su cartera de Estado dar solución habitacional a tres familias es algo injusto, ya que termina perjudicando a otras familias. Esta cartera de Estado había apelado la resolución judicial, pero la misma fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones y se obligó a que una de las familias afectadas recibiera casi cuatro millones de pesos como compensación por no haberse cumplido la sentencia. De las tres familias, solo una había recibido una vivienda. Ahora el Ministerio de Vivienda anunció que a las otras dos les pagará un subsidio para un alquiler de 12 Unidades Reajustables por mes (unos 12 mil pesos).
Moreira había indicado cuando se conoció el primer fallo que “el tema es el antecedente que dejamos. El mensaje sería: ocupen ilegítimamente un terreno y cuando se les pretenda imputar el delito penal recurran al amparo para que se les dé una casa”. En aquella ocasión acotó que “se dio un ataque contra el derecho de otras personas” porque esas viviendas ya estaban adjudicadas a quienes habían completado diferentes procesos ante la administración. La ministra ya señaló que el Ministerio no cuenta con un stock de viviendas para entregar. “Sería una muy mala gestión de mi parte si tuviera un stock de viviendas y no las entrego”, agregó.
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